La publicación del video en el que aparece el exviceministro del Interior Carlos Ferro en una conversación sobre sus preferencias sexuales, con el entonces subteniente de la Policía, Anyelo Palacios, masificó el debate en el país sobre hasta dónde deben llegar los medios en la decisión de publicación de material informativo, pero que involucra aspectos de la órbita íntima y privada de las personas.
Digo se "masificó" y no "se abrió", contrario a lo que muchos creen, porque la discusión ha estado en el tapete por varias décadas, y como prueba de ello está la Corte Constitucional con un amplio acervo de fallos y sentencias sobre los conceptos de vida íntima y vida pública y los derechos que les asisten.
Esa masificación se debe, en mayor medida, al amplio espectro de posibilidades, en el último lustro, que tienen los ciudadanos para conocer los hechos, y de paso a opinar sobre estos en tiempo real, a través del fenómeno de las redes sociales.
Sobre el caso Ferro, las opiniones diversas a favor y en contra del periodismo y su papel, llueven desde distintos flancos.
Hay quienes sostienen que a la velocidad de la tecnología, se está tocando y atentando de manera sensible, ahora y a diario, contra la órbita de la intimidad.
Para muchos, de los que culpan al periodismo, existe hoy una difuminación peligrosa e inconstitucional de la cada vez más delgada línea entre la vida privada y la vida pública. Esa misma línea es cruzada y transgredida a diario, sin ningún escrúpulo, por millones de personas en el planeta desde un teléfono inteligente o una pc.
Cabe preguntarse si debió la periodista Vicky Dávila, para no afectar el buen nombre del exviceministro y su familia, definir qué quitarle al video y qué dar a conocer a la opinión pública o si hizo lo correcto al revelarlo de la forma explícita en que se publicó?. Afectó Dávila o La F.M la intimidad de Ferro? se transgredieron las normas sobre derecho a la intimidad personal y familiar o se sobrepasaron los límites del derecho a la información?.
El ejercicio ético y moral es pertinente porque abre al interior de los medios la necesidad de una postura editorial sobre cómo presentar los casos o revelar las pruebas de procesos investigativos.
La Corte Constitucional ha emitido sentencias en las que expresa que existen personas cuyas actuaciones son del dominio público del medio en donde ocurren los hechos, por lo cual "el concepto de vida privada con respecto a ellas se relativiza y se integra al de la vida pública". Esas personas con una vida privada relativa son los funcionarios públicos.
Otro punto es que, de acuerdo con la Constitución Política (artículo 20) toda información que revele un medio de comunicación parte de la base de que es imparcial y de buena fe.
Es evidente que en este caso, la F.M no obtuvo de manera dolosa el video de Ferro, es decir bajo ninguna intromisión indebida en la vida íntima del exsenador, ya que estas pruebas, de un posible escándalo mayor, fueron suministradas por un tercero que se dice afectado y víctima (Palacio); como tampoco obtuvo así las pruebas, contra el exdefensor Otálora, el periodista Daniel Coronel, sino a través de la denunciante del exfuncionario (Astrid Cristancho).
Sin embargo en las redes, los ataques, algunos sin fundamento otros con argumentos, contra Dávila y Coronel, por estar tras la pista de una presunta red de prostitución al interior de la Policía Nacional, conocida como ‘La Comunidad del Anillo’, no paran, y se recrudecen por el video en mención.
Se les olvida a quienes los atacan que, en el caso de Dávila, la periodista ha sido presuntamente espiada y chuzada, en una flagrante, esa sí, violación de la privacidad, como represalia a esas investigaciones sobre tal cofradía de la corrupción.
Lo que sí no se puede obviar, es que el capitán que grabó al entonces senador, es precisamente uno de los denunciantes clave de la existencia de esa presunta red de prostitución de la que sostiene ha sido víctima, como lo habrían sido más jóvenes, y como lo podrían ser otros que ingresan a esa institución.
La gravedad de los señalamientos se acentúa cuando se sugiere que Ferro pudo haber tenido el poder al interior del Congreso para mover las actividades de la Comunidad del Anillo entre clientes del Capitolio, nada más escandaloso.
Las autoridades y entes de control tienen la responsabilidad de dilucidar este caso y absolver o condenar a los señalados de responsables.
Entretanto, con respeto a la comunidad LGTBI e independiente de la orientación sexual, a la cual tiene derecho el alto exfuncionario, que dimitió como resultado de revelaciones íntimas a un tercero sobre su condición, lo que no es un delito; lo que sí nos parece es que se está ante la punta del Iceberg, del que muchos altos mandos y congresistas tendrían conocimiento, de un caso de corrupción mayúsculo y en esto lo medios deben enfilar y afilar sus mecanismos de información.
