Recientemente, Drummond Energy (filial de Drummond Ltd) anunció que priorizará proyectos de fracking de lutita en la cuenca Cesar-Ranchería, frente a la construcción de una regasificadora en Ciénaga e importar gas natural. Según su country manager, Alberto García, el gas debajo de la cuenca podría multiplicar por diez las reservas que tenemos en el país.
La decisión llega con el respaldo del gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, quien desde campaña confirmó, en palabras suyas, el desarrollo de fracking responsable y sostenible en Colombia.
Es uno de los giros de política energética más significativos que ha visto el país en estos años. Aún así, todo esto me recordó el episodio de Drummond y fracking de hace unos años. Mejor dicho, ya pasamos por esta película, aunque con otro nombre en los créditos.
En 2019, el Consejo de Estado ordenó suspender 15 pozos de gas metano asociado a mantos de carbón que Drummond operaba en el campo La Loma, en Caporo Norte. El origen del litigio fue la denuncia de un ciudadano que consideró que la empresa estaba empleando una técnica prohibida en el país un año atrás.
Drummond se defendió diciendo que lo suyo no era fracking: eran pozos verticales, con estimulación hidráulica tradicional, la misma técnica usada en Colombia desde hace más de cincuenta años en otros campos. Pues sí era fracking, pero no el “fracking” al que se refería la ley. La técnica sancionada en ese entonces exige perforación horizontal y fracturamiento multietapa de mantos de lutita, condiciones que esos pozos no cumplían. Un año después, en 2020, el propio Consejo de Estado le dio la razón y revocó la suspensión.
Pero fíjense en lo que realmente ocurrió ahí, más allá del tecnicismo jurídico: una comunidad representada por un ciudadano, no tuvo manera de distinguir por sí misma entre los varios "fracking" que existen. Esa distinción, que para expertos en el campo de los hidrocarburos resulta sencilla, difícilmente llegó a ser un conocimiento compartido entre la empresa y su entorno. El vacío se llenó, como pasa normalmente, con la herramienta que sí estaba disponible: largos textos hechos por abogados, en lenguajes complejos, y con los medios de comunicación replicando citas.
Hoy hablamos de la llegada en el corto plazo de fracking horizontal multietapa, con contratos listos y una meta de perforar los primeros pozos en 2027, y me pregunto si estamos listos, desde la comunicación, para ello.
El verdadero trabajo va más allá de hacer piezas para redes sociales, o de llegar con formularios o volantes a las comunidades para cumplir. El litigio de 2019 probó que una empresa puede cumplir cada requisito normativo y aún así terminar en un tribunal, porque lo que faltó no fue papeleo sino claridad.
Construir ese significado compartido, explicarle a una comunidad, en términos que pueda verificar por sí misma, qué distingue una técnica de otra, qué garantías existen, qué preguntas son legítimas de hacer y a quién se le hacen, no es una tarea de última hora, cuando ya se firmó el contrato y se está por perforar el primer pozo. Comunicar no es solo cumplir con obligaciones ambientales y sociales para la ANLA. Es una estrategia que empieza antes de la consulta previa, no durante ella.
El caso Drummond de 2019 no fue sobre si el fracking era seguro. Fue sobre si alguien, antes de que llegara el litigio, se había tomado el trabajo de explicar lo que allí estaban haciendo, las veces que fuera necesario, con las herramientas adecuadas y con un lenguaje compartido, para que cualquiera en la comunidad pudiera explicarlo y compartir los beneficios que se reciben de una obra de este tipo. Con una arquitectura de comunicación sólida y constante, se cultivan aliados o se siembran detractores.
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