Por Paula Alejandra Angarita*
En nuestro país, cerca del 60% del agua de la llave que puede llegar a ser consumida por los hogares no cumple con estándares de potabilización. Además, para 2020, más de tres millones de usuarios del servicio de acueducto recibieron agua con algún riesgo para el consumo. Este es el caso de los habitantes de la ciudad de Santa Marta, donde la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta E.S.P. (Essmar) fue intervenida hace menos de un mes por la Superintendencia de Servicios Públicos como consecuencia de la mala prestación del servicio de agua potable que estaban recibiendo los hogares, no apta para el consumo humano. Pese a la intervención, no está claro, si esta medida será suficiente para darle agua de calidad a los samarios.
Esta no parece ser una problemática que afecta únicamente a la capital del Magdalena, cuya cobertura del servicio de acueducto es del 81%. De acuerdo con informes de DataRepública, alrededor de 352 municipios no cuentan con acceso a agua potable de calidad. Una situación que es realmente alarmante, pues el acceso a este servicio no solo es un derecho fundamental sino que además condiciona la garantía de otros derechos de igual importancia como la vida, la alimentación o la salud. Es por ello que el acceso a un mínimo vital ha sido reconocido en diferentes sentencias de la Corte Constitucional.
La continuidad de la prestación del servicio de agua por parte de la Essmar en condiciones no óptimas para los samarios estaba generando graves perjuicios para la salud y poniendo en riesgo la sostenibilidad del servicio. La intervención se tomó a raíz de los resultados de la vigilancia especial que realizó la Superservicios desde el momento del inicio de la operación, en el año 2019. El resultado evidenció deficiencias en la cobertura, continuidad y calidad de los servicios de acueducto y alcantarillado para sus más de 117 mil suscriptores. Adicionalmente se presentaron resultados que avizoran el déficit financiero que estaba presentando la empresa.
Solo para destacar, el informe de vigilancia especial subrayó que, acorde con las muestras de calidad de agua, existe incumplimiento en los parámetros de cloro residual, turbiedad, color, presencia de bacterias y minerales. De 190 muestras de vigilancia tomadas entre 2019 y 2020, 14 presentaron un Índice de Riesgo de la Calidad de Agua (IRCA) superior al 5% con niveles de riesgo bajo, medio y alto, que indican que el suministro de agua no es apta para el consumo humano. Adicional a lo anterior, a mayo de 2021, 7 sectores de la ciudad tenían continuidad inferior a 18 horas/día, 2 de ellos incluso por debajo de 10 horas/día.
Tras la intervención de la Essmar, se espera que un agente especial asuma la dirección por dos meses y tome las decisiones para mejorar la prestación del servicio de agua potable. Los retos son de diferentes tipos y se relacionan diferentes problemáticas como la falta de infraestructura, la falta de conciencia de la ciudadanía para no desperdiciar o contaminar el agua, y la voluntad de implementar regulaciones para ciertos sectores de la economía.
Es necesario que este proceso de intervención sea acompañado por otras entidades del estado y por la misma ciudadanía de tal forma que se garantice el acceso a este derecho humano, cuya prestación es una forma de garantizar una vida digna, y transforma la calidad de vida de los ciudadanos. Tal es el caso del municipio del Carmen de Bolivar, cuyo servicio de agua potable inició su prestación en el año 2015 y hasta la fecha, su consumo no implica un riesgo para la salud (su calificación es 0).
Quedan muchas dudas sobre este proceso. La principal es si al finalizar los dos meses de intervención se va a lograr mejorar la calidad del agua para que ya no exista un riesgo en su consumo. En particular, teniendo en cuenta este tipo de procesos no ha tenido mucho éxito en el pasado. Este es el caso de la intervención de las empresas públicas de Quibdó, que ya completa 16 años, y hasta ahora se ha logrado que la cobertura de acueducto llegue al 43% de la población. Y de manera paralela, el departamento del Chocó sigue siendo uno de los departamentos que se encuentran en alerta máxima respecto de los parámetros del agua aptos para el consumo humano.
* Investigadora de Dejusticia.
