Por: Ivonne Elena Díaz García*
Toda persona dedicada al servicio público tiene el deber con la ciudadanía y las instituciones de orientar sus acciones bajo los principios de honestidad, compromiso, justicia y diligencia, y ante todo debe ejercer su función con respeto. Las recientes declaraciones del alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, dirigiéndose con palabras desobligantes a la Procuraduría General de la Nación, por su actuación en el caso Aquarela, no encajan en lo que debe ser el trato respetuoso de un gobernante.
En Colombia, para efectos de promover una administración pública con enfoque preventivo, Función Pública ha diseñado un Código de Integridad del Servicio, que define las acciones orientadas al respeto como: tener apertura al diálogo con todas las perspectivas, aunque las opiniones no se compartan con su interlocutor; atender con palabras, gestos y actitudes de amabilidad, igualdad y equidad a todas las personas en cualquier situación, estableciendo con ello el imperativo de no agredir, ignorar o maltratar a ningún ciudadano ni a otros servidores públicos.
Al centrarse en el choque sucesivo con la oposición, los órganos de control o con quien piensa distinto a él, el Alcalde propicia una dinámica distractora que juega en contra de la eficiencia y la capacidad de gestión que esperan los cartageneros. Dau Chamat tiene un capital político alto, otorgado por los más de 100.000 votantes que lo eligieron por estar hastiados de la corrupción, pero puede estar dilapidándolo en peleas con todo aquel que difiera de sus actuaciones u opiniones.
Con las expresiones “la pelea es peleando” o “el procurador provincial desde hace tiempo me tiene el dedo metido en el culo”, el Alcalde no está ejerciendo el derecho a la defensa por los canales institucionales habilitados. Al contrario, incumple el Código de Integridad, omite el sistema de frenos y contrapesos, obstaculiza la recuperación de la confianza ciudadana en las instituciones, y, sobre todo, pone en riesgo la estabilidad política de la ciudad, resquebrajada en los últimos años por una élite clientelista que ha cooptado y corrompido los recursos públicos. Pensemos en la posibilidad de que este precedente pueda repetirse a mediano plazo, cuando un próximo alcalde haga lo mismo con la oposición o los órganos de control.
Con este discurso agresivo, Dau no enriquece el debate público, sino que cae en prácticas populistas al categorizar en una negatividad excluyente a su contradictor, conduciéndolo a la relación antagónica entre amigo-enemigo.
Cuando el alcalde de los cartageneros expresa:“(…) Colombia no se debe dividir por ideologías, la división a la que debemos pararle bolas es a la división entre honestos y malandrines (…) tenemos que levantar nuestra voz, tenemos que hacernos respetar. Y esto aplica para los politiqueros sino para los órganos de control y los representantes de la Rama Judicial que son alcahuetas de ellos. Estamos haciendo el trabajo que le compete a los órganos de control (...)”en vez de fortalecer la separación de poderes y promover el principio del respeto al que está llamado como servidor público, estimula un discurso populista que deteriora aún más la democracia local, que se supone fue elegido para reconstruir.
En síntesis, urge una apetura a la oposición y a la garantía del sistema de frenos y contrapesos por parte del Alcalde, en el que a partir del diálogo respetuoso con las instituciones y la ciudadanía, se aleje de la polarización antagónica amigo-enemigo y construya puentes de entendimiento y confianza. La ciudad requiere de un debate público enfocado en el respeto hacia el otro, que no estigmatice a quien piensa distinto, sino que utilice el lenguaje del derecho y las instituciones para mejorar la reciprocidad y el entendimiento. Lenguaje que, comunicado masivamente, puede hacer parte de la pedagogía de la democracia.
*Investigadora de regionalización de Dejusticia.
** Fotografía: El Universal
