Cheryl Morris Rada*
“En Cartagena, la gente no tiene posibilidades ni de proyectarse, porque a todos nos venden [cobran] como si fuéramos turistas”, afirma Mario**, un joven de 28 años, bailarín profesional, estudiante de administración pública y de inglés (becado), mientras me cuenta cómo es vivir en una familia de siete personas, con ingreso fijo mensual inferior a dos salarios mínimos, pagando 650 mil pesos por el arriendo, sin servicios públicos, de un apartamento con dos habitaciones en uno de los sectores más vulnerables del barrio Torices en Cartagena, la segunda ciudad con el costo de vida más alto del país.
Con la pandemia las personas de su núcleo familiar que trabajaban dejaron de hacerlo. El hotel y restaurante donde lo hacían, las despidieron. Ingresaron a la cifra de más de 100 mil Cartageneras que se quedaron sin empleo entre marzo y mayo de 2020, aumentando a 19,4% el desempleo en la ciudad. De estos, el 75% (las dos terceras partes), según el Instituto de Estudios en Desarrollo, Economía y Sostenibilidad -IDEEAS- de la Universidad Tecnológica de Bolívar, ganaban entre 0,5 y 1 salario mínimo; el 25% restante en su mayoría ganaban entre 1 y 1,5 salarios mínimos. Es decir, los más pobres en Cartagena han sido quienes perdieron sus empleos o fuentes de ingreso, lo que además se explica en que en esta ciudad la gran mayoría de las personas que se ocupan formal o informalmente, reciben un salario en este rango.
Por el desempleo, a la familia de Mario le tocó salir del apartamento, se acumulaba la deuda y el dueño de la casa afirmó no tener ningún otro ingreso. Antes de la pandemia vivir en Cartagena ya era difícil, pues como señala Mario, cuando había: “…se trabaja[ba] para el arriendo, sin posibilidades de ahorro…”, y ahora no hay trabajo.
A ellos no les sirvieron las medidas adoptadas por el gobierno en el decreto legislativo 579 del 15 de abril del 2020, sobre contratos de arrendamiento durante la emergencia, porque para él: “…es mentira que tengamos las herramientas para defendernos, a la Ley le tenemos más miedo, porque mientras se resuelve una querella ya el dueño de la casa te saca tus cosas y te toca irte”. Pero de fondo, la norma ni siquiera resolvía el problema, ya que estipuló la suspensión de acciones de desalojos hasta el 30 de junio de 2020 y prorrogó los contratos de arrendamiento, al tiempo que sometía la decisión sobre la forma de pago a un acuerdo entre las partes, que en todo caso, habiendo acuerdo o no, significaba que el arrendatario debía pagar los cánones adeudados en el periodo correspondiente con una tasa de interés comercial rebajada al 50% y sin estipular plazo alguno para cumplir con el pago, o sea, pagar más y sin un plazo claro para ello.
Ahora la familia de Mario está divida. Su hija con su madre; la hermana, su esposo y dos hijos en la casa de los suegros de ella; Mario y su mamá en una habitación por la que pagan 300 mil pesos que consiguen con algunos trabajos que ella realiza, más el apoyo de dos hermanos mayores y la solidaridad de sus amigos. Para continuar con los estudios también la solidaridad es clave, si no, no podría hacerlo.
La de Mario es una de las muchas historias que seguro no es de las más dramáticas, pero un buen ejemplo de la necesidad de insistir en la implementación de políticas sociales serias, que garanticen el mínimo vital de los hogares más vulnerables, combinando, por ejemplo una renta básica -dirigida a un número de hogares suficiente y con un monto adecuado- con apoyo a los sectores económicos más afectados (que implicará adoptar alternativas de financiamiento a corto plazo como el endeudamiento) y reformas tributarias estructurales y progresivas, como bien lo explica un colega de Dejusticia. Sumándole la posibilidad de un salario mínimo diferenciado, teniendo en cuenta los costos de vida de los distintos municipios del país, determinado con criterios técnicos, objetivos y transparentes, bajo control ciudadano estricto.
Todo esto no solo para enfrentar la crisis que vivimos por el COVID-19, sino las desigualdades sociales históricas que en estos tiempos nos recuerdan que los pobres se llevan siempre la peor parte.
*Investigadora de Dejusticia
**El nombre original ha sido cambiado.
Fotografía: cortesía de EFE/ Ricardo Maldonado Rozo
