Por: Pablo Gómez Pinilla y Michael Monclou Ch.*
En uno de los puntos más álgidos del conflicto armado en Colombia, en el año 2001, la Defensoría del Pueblo creó el Sistema de Alertas Tempranas (SAT). Desde entonces, el objetivo del SAT ha sido el de monitorear dinámicas de violencia en todo el país con el fin de advertir a las autoridades nacionales, regionales y a la fuerza pública, sobre los riesgos en los que podría estar inmersa la población civil, ante eventuales violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.
Desde sus inicios la emisión de alertas tempranas ha generado incomodidades al punto que, en 2007, se creó formalmente una instancia gubernamental de alto nivel que quedó con la responsabilidad de emitir las alertas pues se consideró que la Defensoría estaba obstaculizando el trabajo de la fuerza pública.
Sin embargo, el Acuerdo de Paz permitió poner sobre la mesa la necesidad de garantizar la autonomía de la Defensoría del Pueblo para el monitoreo, emisión y seguimiento de las alertas tempranas. Esto se materializó en el Decreto 2124 de 2017 y, desde entonces, las alertas tempranas cobraron una fuerza tal que se comenzó a escuchar en los medios de comunicación cómo constantemente la Defensoría hacía llamados de atención al gobierno advirtiendo los riesgos a la vida e integridad de la población civil ante posibles ataques de grupos armados. Si bien la Defensoría es autónoma para emitir las alertas, la respuesta a estas depende de una Comisión Intersectorial llamada CIPRAT, cuya secretaría técnica es responsabilidad del Ministerio del Interior.
Una de las principales críticas al nombramiento del nuevo Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, fue su trayectoria como un político desprovisto de experiencia alguna en materia de derechos humanos, y la posibilidad de que se pusiera en riesgo la independencia del SAT. Camargo designó a Ricardo Arias Macías, de la dirección de derechos humanos del Ministerio del Interior, como delegado para la Prevención en DDHH y DIH/Sistema de Alertas Tempranas. El nombramiento genera algunas dudas porque el nuevo delegado del SAT viene del lugar que ha sido incapaz de articular acciones concretas para dar respuestas a las alertas tempranas en medio de un panorama alarmante de asesinatos contra líderes sociales.
Esta advertencia es especialmente importante para el caso del departamento de Bolívar. En este, el SAT ha emitido 14 alertas tempranas entre 2018 y 2020 (contando aquellas que dependen de la subregión del Magdalena Medio) para los municipios de Arjona, Achí, Cantagallo, El Carmen de Bolívar, Cartagena, María la Baja, Montecristo, Morales, San Jacinto del Cauca, Santa Rosa del Sur, Tiquisio y Turbaco.
Dentro de las situaciones de riesgo se han evidenciado la trata de personas, el reclutamiento forzado, extorsiones, sospechas de minas antipersonal y se ha documentado extensivamente la presencia del ELN y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Ambos actores están en constante disputa por la extracción y comercialización de oro (p.ej. en la Serranía de San Lucas), el control de corredores para la movilidad de combatientes y el transporte de armamento e insumos para el procesamiento y tráfico de drogas ilícitas. La Defensoría ha advertido, además, de la especial vulnerabilidad en la que se encuentran mujeres, afrocolombianos, niños, niñas y adolescentes, campesinos, indígenas, personas defensoras de derechos humanos y población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.
A pesar de las múltiples advertencias y de los inminentes riesgos a la seguridad, libertad e integridad de la población civil, así como de las constantes recomendaciones emitidas a diferentes instancias del nivel nacional y territorial, las alertas tempranas, pese a su función preventiva, no han logrado generar reacciones oportunas de la CIPRAT. Por el contrario, se han convertido en los dolorosos vaticinios de la violencia anunciada. Las cifras son escalofriantes, solo en El Carmen de Bolívar la Defensoría ha documentado en lo que va del año 20 homicidios, una masacre el día 7 de septiembre y un desplazamiento forzado masivo en la vereda Caño Negro. Además, el confinamiento derivado de la emergencia sanitaria ha restringido la movilidad de la población y ha facilitado el control territorial de las AGC en barrios, veredas y corregimientos.
Otro caso particularmente sensible es el de Yirley Velasco, defensora de derechos humanos en el corregimiento de El Salado en El Carmen de Bolívar. La lideresa cuenta con medidas cautelares de protección ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, las amenazas a su vida persisten.
A lo largo de 19 años (pese a los intentos de limitar sus competencias), el SAT ha sido reconocido por entidades públicas, organizaciones civiles y la cooperación internacional como un lugar riguroso en el que se puede confiar. La presencia territorial de funcionarios comprometidos, así como un juicioso ejercicio de monitoreo y seguimiento a violaciones a los DDHH, reafirman la necesidad de seguir fortaleciendo la autonomía del SAT y de su equipo.
Ojalá tras el nombramiento de Arias el SAT conserve un trabajo garante de los derechos de todas las poblaciones sin discriminación alguna, y mantenga la magistratura moral para advertir oportunamente a la Fuerza Pública, a las autoridades locales y a sus antiguos colegas del Ministerio del Interior sobre la prevención a las graves violaciones a los DDHH y al DIH.
*Investigadores de la línea de Justicia Transicional en @Dejusticia
