Y tal vez haya algo de sentido en eso, porque asesinar a un ministro o a un casi presidente (como el de Galán) es algo muy grave y a lo mejor cae en la definición muy amplia de lo que es un crimen de lesa humanidad, pero más allá de eso, en Colombia declarar uno en esa categoría es reconocer la ineptitud de nuestra justicia, es casi decir que somos tan inoperantes para castigar a nuestros culpables, que nos tomamos décadas para ello.
Es decir, una justicia que da vergüenza y que mas que sacar pecho por declarar esa lesa humanidad, deberíamos agachar la cabeza por la pena.
Una justicia que puede cojear tanto para llegar que tal vez cuando vayamos a castigar a los culpables estos ya habrán muerto libres e impunes, o tal vez demasiado enfermos y viejos como para pagar lo que deberían y haber evitado que disfrutaran de esos crímenes cometidos e incluso que dejaran legado económico, político y/o ideológico a herederos como sepulcros blanqueados, como efectivamente ha pasado.
Una justicia que ni siquiera cojea porque nunca llega para un montón de muertos de ese gran genocidio y crímenes de lesa humanidad no declarados, que son anónimos, que no fueron ministros, que no salieron en las noticias, pero para los cuales nunca habrá consuelo, nunca habrá reparación y nunca habrá justicia.
Una justicia de lesa impunidad.
