El Colegio Colombiano de psicólogos se permite manifestar que, a través de un trabajo mancomunado con el Colegio de abogados penalistas de Colombia, aportó insumos de tipo técnico – científico desde la perspectiva de la psicología criminológica para exponer argumentativamente alternativas diferentes a la expuesta en la ley 2098 de 06 de julio.
Los argumentos se basan en tres pilares fundamentales:
- La evidencia científica desde la psicología criminológica demuestra de manera contundente que los programas de tratamiento penitenciario disminuyen de manera relevante la reincidencia en violencia sexual. En Colombia se tienen algunas experiencias en términos de intervención que se han mostrado exitosas.
- Una medida como lo es la cadena perpetua sugiere que el 100% o la mayoría de los agresores sexuales fuesen pedófilos y/o psicópatas. Hay que señalar que este índice solo alcanza al 3 o 5% de nuestra población, por lo tanto, esta medida se propone para una minoría y no para la mayoría de la población penitenciaria. No obstante, actualmente, se desarrollan programas específicos para este tipo de trasgresores.
- Dentro de las políticas públicas que se han implementado para la prevención la violencia sexual en países desarrollados, una de las más importantes, posiblemente la más relevante, hace referencia a los programas de prevención de la violencia en niñez y adolescencia, sobre todo en población de adolescente, principalmente en aquellos presentan factores de riesgo e indicadores serios de proclividad a comportamientos violentos (Incluidos los de tipo sexual).
Una sociedad como la nuestra, debe pensarse con metas dirigidas a la prevención y la intervención, no sólo de las víctimas, en este caso, de los Niños Niñas y Adolescentes, sino que como lo muestran las ciencias sociales y humanas, las intervenciones deben ser interdisciplinarias y deben atender al victimario también, para obtener los resultados deseados. La intervención penitenciaria es un área muy desarrollada de la Psicología Forense, y Colombia debe estar preparada para generar políticas públicas dirigidas a esta población, con el fin de prevenir el delito.
