Mientras a nivel de Alcaldía y Concejo, el último cuatrienio ha sido el de mayor crisis gubernamental, lo cual ha repercutido en el poco desarrollo de la ciudad; las alcaldías menores parece que han sabido pasar de agache en cuanto a control político y social de sus actuaciones.
Cuando miramos el caso de la Localidad 3, Industrial y de la Bahía, se evidencia con profunda preocupación como los recursos del Estado no han tenido una destinación adecuada que signifique; a escasos meses de terminar la administración, un desarrollo palpable para la localidad y sus habitantes.
La alcaldesa de esta localidad, Patricia Zapata Negrete, parece tener más vidas que un gato: ha salido ilesa (hasta el momento) de procesos como denuncias penales en la Fiscalía, hasta el disciplinario que se abrió en su momento por el desplome del edificio en Blas de Lezo que acabó con la vida de 22 trabajadores. Sin embargo, pese a que ha estado en el cargo desde que inició la administración, sus resultados de gestión son nulos en la localidad, y por el contrario, hay grandes dudas sobre su accionar en la contratación hecha en estos cuatro años.
Y es que, si hablamos en plata blanca, el presupuesto asignado a la localidad a través del Fondo de Desarrollo Local no es nada despreciable: entre 10 y 12 mil millones de pesos anuales, lo que nos da poco más de 40 – 45 mil millones de pesos en el cuatrienio.
Según el programa “Vigila Cartagena” de Funcicar, tan sólo en el año 2017, 22 de los 27 contratos que adjudicó la Alcaldía Menor fueron contratos de prestación de servicios, lo que representa un 81% de la contratación. Además, 20 de ellos fueron entregados de manera directa, o “a dedo” como se dice coloquialmente.
Además, la localidad 3 reporta el indicador más bajo de eficiencia en el gasto de los recursos, tan sólo 56% frente a 95% de la localidad 2 y 100% de la localidad 1; por cuanto de los 50 contratos que fueron publicados en el SECOP tan sólo 27 fueron adjudicados y celebrados en su totalidad, lo que a consideración de los analistas constituyó un “desgaste administrativo”.
Pero eso no es lo más grave que podría decirse sobre la contratación en la localidad 3: dentro de la investigación se determinó algunas irregularidades como que se contrataban con entidades que en su razón social tenían desde atención en salud hasta obras de construcción; y, por si fuera poco, las Entidades Sin Ánimo de Lucro ESAL tuvieron un dudoso protagonismo en su administración.
El periodista Christiam Zabaleta O. de la Unidad de Investigación del canal CNC, publicó hace un año la denuncia que se interpuso en la Fiscalía contra la alcaldesa Zapata por lo que se denominó “El cartel de las ESAL”, resaltando por ejemplo que la Corporación Ser Social ejecutó, entre los años 2016 y 2017, contratos por más de 2.700 millones de pesos, bajo objetos que iban desde capacitación a jóvenes hasta organización de comparsas festivas y otros proyectos sociales (Ver aquí).
Además de esto, reveló Funcicar que varios funcionarios de varias secretarías de la Alcaldía Mayor, contrataban con sus ESAL en esta alcaldía menor, lo que deja dudas sobre la transparencia en la asignación de los contratos.
Para no extenderme más en cifras, daré la última: de los $2.759.092.421 que la Alcaldía Industrial y de la Bahía contrató con Edurbe para distintas obras, esta entidad sub contrató $2.585.564.319. ¿Se justificó contratar con Edurbe? Evidentemente no.
La administración de Patricia Zapata dista de ser un modelo a seguir. Sin embargo, como lo planteé al principio, todas sus actuaciones parecen pasar de agache para los y las ciudadanas como para muchos medios de comunicación e incluso órganos de control.
¿Qué tipo de control político han hecho los ediles durante estos cuatro años? ¿Dónde están las rendiciones de cuentas de la alcaldesa Zapata a los y las habitantes de la localidad? ¿Los recursos que se han dejado de invertir en la localidad, nos duelen menos que si fueran recursos del orden distrital?
La localidad tres requiere al igual que el resto de la ciudad, cuenta con unos indicadores lamentables en materia de pobreza y desigualdad, sin mencionar la grave problemática con los canales pluviales y la inseguridad. No se justifica el pobre accionar de quien ha estado al frente de su administración y mucho menos de quienes, elegidos popularmente, han sido cómplices silenciosos de todas estas actuaciones.
