Mientras en comunidades como Mampuján o El Salado ya reciben atención del Estado para suplir necesidades en materia de vivienda, salud o educación, o son miradas por entidades del gobierno y ONG´s internacionales como ejemplo de construcción de paz en el territorio, los campesinos de la Asociación de Cacaoteros de Buenos Aires Asocab siguen sufriendo todo tipo de victimizaciones por parte de hombres al servicio de la empresa Aportes San Isidro S.A. bajo la mirada inerte del Estado colombiano representada en varias de sus instituciones.
Y es que no son pocas las alertas que han emitido los mismos campesinos, la Defensoría del Pueblo y los líderes de las víctimas, quienes han advertido de las quemas de los cultivos de los campesinos y de la forma como los intimidan verbal y fisícamente.
Sin embargo, como lo afirmó Juan Felipe García del Consultorio Jurídico de la Universidad Javeriana quien es el que lleva el caso de Asocab en una entrevista a El Espectador, “este es un caso emblemático porque a pesar de todo ellos siguen creyendo en la justicia”. Los campesinos prueban día a día su capacidad de resistencia pese a todas las adversidades, lo que les permitió ser merecedores de un Premio Nacional de Paz en el año 2013.
Pero el caso de Las Pavas pareciera (desafortunadamente) estar lejos de resolverse: las presiones políticas y la corrupción existente en las entidades públicas y la rama judicial hace que la impunidad arrope todo este proceso.
En el año 2011, la Corte Constitucional reconoció como víctimas del conflicto armado a los campesinos de Asocab (al punto que la Unidad de Víctimas los ha priorizado como sujetos de reparación colectiva) y ordenó al Incoder hacer extinción de dominio en parte de los predios para entonces adjudicarlos a estas familias y que así se pudiera lograr la reparación por los daños del conflicto. Sin embargo, esta empresa demandó tal decisión en el año 2013 y desde esa fecha la decisión final está en manos del Consejo de Estado.
Es esta incertidumbre jurídica precisamente, la que ha generado conflictos entre los campesinos y la empresa de palma, toda vez que se han hecho denuncias por parte de los campesinos sobre robo de animales, quema de los cultivos, animales y ranchos además de amenazas e intimidación de todo tipo por parte de hombres al servicio de Aportes San Isidro S.A.
Estas denuncias son de conocimiento de las autoridades municipales del Peñón y la Defensoría del Pueblo, así como de las autoridades policivas y militares.
Lo que alegan estas autoridades en su defensa, es que sin una decisión del Consejo de Estado, hay barreras frente a la protección efectiva de los campesinos y a la oferta institucional que puede brindarles el gobierno.
Mientras tanto, el Incoder se encuentra en un proceso de liquidación que se convierte en otro traspié para los campesinos.
El Gobernador del departamento de Bolívar, Dumek Turbay Paz, aseguró que el tema lo ha socializado con altos funcionarios del gobierno nacional como el Ministro del Interior Juan Fernando Cristo y el Ministro para el Posconflicto Rafael Pardo.
“En las mesas de trabajo con los dos ministros hemos evidenciado temas que deben tener una solución y este es uno de estos temas, el de Las Pavas, la lucha permanente de estos campesinos por recobrar sus tierras y frente a eso el Ministro del Interior ha planteado el hecho de que podamos de alguna forma, en su diálogo con el presidente de la Corte poder generar el espacio para que nos escuche y para que nosotros a nombre de esa comunidad podamos hacerle sentir su angustia y su preocupación frente a un fallo que están esperando y a una decisión que están esperando hace mucho tiempo… estos temas van a tener una acción por parte nuestra y un acompañamiento por parte del Ministerio del Interior”, fue la respuesta del mandatario departamental cuando lo abordé frente al tema.
Una luz en medio de tanta oscuridad. Esperemos que la Gobernación de Bolívar acompañe a esta población y garantice la protección de sus derechos; así como brinde alternativas para la seguridad alimentaria de la población que, al no poder sembrar sus cultivos, no tiene de donde echar mano para darle de comer a sus familias.
Mientras, revivimos la esperanza por la reciente audiencia que hubo del caso. Asocab resiste.
