El Gobierno Nacional debe pagar sus deudas de subsidios y la opción tarifaria y Afinia detener sus desafueros contra la población.


El pasado 19 de marzo se celebró en Cartagena el evento '14ª Colombia Genera 2025', en cuya agenda se discutió el futuro del sector minero energético del país.  

En este evento estuvo presente la alta gerencia de EPM, dueña de Afinia, y sus directivas dieron a conocer que, a raíz de incumplimientos y acreencias del gobierno central, sus distribuidoras enfrentan serios problemas de flujo de caja que afectan el equilibrio financiero de la compañía y amenaza con afectar sus operaciones en el Caribe. 

A Afinia, el gobierno le debe 2.4 billones de pesos, parte de los cuales corresponden a deudas en materia de subsidios ya aplicados a los usuarios el año pasado y al no pago de la opción tarifaria.

A la fecha el gobierno no le ha pagado a Afinia 691 mil millones de pesos por subsidios a aplicados a los estratos 1, 2 y 3. Acreencia cuyo pago el gobierno viene dilatando y que a la fecha no responde. Y debe también más de 231 mil millones por subsidios del Fondo de Energía Social (FOES) para áreas especiales y zonas no interconectadas. 

Por su parte, en mayo del 2024 el presidente Petro anunció en Barranquilla que la Nación asumiría la deuda de la opción tarifaria que viene desde la pandemia y se comprometió a que los saldos pendientes serían pagados por el gobierno con títulos de deuda pública. Pero a la fecha el gobierno no ha cumplido, y los usuarios de Afinia venimos pagando está obligación mes a mes, la cual hoy supera los 1.3 billones de pesos. 

El tema es preocupante porque en el marco del '14ª Colombia Genera 2025', el ministro de Minas y Energía Edwin Palma, anunció que, a raíz del hundimiento de la Ley de Financiamiento, el gobierno ya no asumiría el pago de esta deuda, faltando así a su palabra, y dejando inermes a 1.8 millones de usuarios de Afinia.

Pero falta a la verdad el ministro Palma al decir que el compromiso presidencial tenía como condición la aprobación de un proyecto de ley en el Congreso, lo que se puede comprobar escuchando la grabación del discurso del Presidente. 

A los cartageneros la opción tarifaria nos cuesta unos 279 mil millones de pesos, en una ciudad donde el 82% de los usuarios pertenecen a los estratos más vulnerables.  

Así las cosas, y frente a este panorama, la empresa Afinia lo que hace es castigar a los usuarios, especialmente a los sectores más pobres.  Recientemente anunció que emprenderá cortes de energía en barrios y municipios con altos niveles de pérdidas y bajos índices de recaudo. Hecho que ha generado gran rechazo y que, de aplicarse a fondo, seguramente causará más de una protesta. Estos cortes masivos de luz son ilegales e inconstitucionales como lo denunció la Liga Nacional de Usuarios.

Además de los cortes de energía, Afinia viene cometiendo otros desafueros como imponer a la población fórmulas deleznables como la energía prepaga. Todo con el fin presionar el aumento del recaudo. 

Frente a esto, se debe tener en cuenta lo siguiente. 

Lo primero es que, si bien los niveles de recaudo en el Caribe se encuentran por debajo del promedio nacional, la causa de la crisis del sector energético y en particular los problemas de caja de distribuidoras como Afinia tienen origen primordialmente en las onerosas deudas del actual gobierno a quien se le debe exigir el pago inmediato de los subsidios y de la opción tarifaria, como se comprometió el año pasado. 

En ese sentido, el gobierno del presidente Gustavo Petro debe cumplir con sus obligaciones, honrar la palabra empeñada ante los colombianos y no escudarse en proyectos no aprobados para evadir sus compromisos. 

Afinia debe suspender los cortes de energía inmediatamente, y detener la energía prepaga, que lo que hace es dejar en las tinieblas a miles de familias de bajos recursos.

Finalmente, los usuarios debemos organizarnos en ligas de usuarios, Comités de Control Social, Vocales de Control, veedurías, entre otras, para así movilizarnos en defensa de los derechos de todos los usuarios, residenciales y del sector productivo.


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