El próximo 6 de diciembre se cumplen dos largos años desde que un juez, por medio de una medida cautelar, ordenó suspender la construcción del polémico edificio Acuarela, ubicado en el área de influencia del Castillo de San Felipe de Barajas, medida que fue solicitada por la Procuraduría y el Ministerio de Cultura mediante una acción popular.
En todo este tiempo la promotora del proyecto Acuarela, en un intento desesperado por salvar la obra y evitar a toda costa su demolición, ha desarrollado una intensa batalla jurídica que en realidad no le ha dado resultado. El golpe jurídico más contundente contra Acuarela, fue el Auto 177 de 2018 del Juzgado Administrativo de Bolívar que negó el levantamiento de la medida cautelar que suspendió la obra en 2017.
Pero lo que los cartageneros se preguntan es porqué el alcalde Pedrito Pereira no ha procedido a demoler la edificación. No hay razones legales, económicas, técnicas ni políticas para no hacerlo.
Legalmente el alcalde está autorizado por la Inspección de Policía de la Comuna 2, que amparada en la Ley 1801 de 2016 del Código Nacional de Policía y Convivencia, autorizó al Distrito para demoler la obra y así restituir el espacio público ocupado irregularmente por Acuarela.
Los costos de la demolición que asuma el distrito deberán ser pagados por la promotora del proyecto Acuarela mediante cobro coactivo según lo establece la ley.
Ya la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar, La SIAB, organización experta en la materia, dio su concepto técnico sobre cómo demoler, al recomendar que fuera por medio del método de implosión, tal como se hizo en Medellín con el edificio Space.
Y razones políticas hay de sobra. La Procuraduría y del Ministerio de Cultura están de acuerdo en ponerle fin a Acuarela. La Unesco que amenazó con despojar a Cartagena del título de patrimonio histórico de la humanidad, puso términos perentorios a la demolición. Por el lado de la ciudadanía, no hay duda de que Acuarela es un gran monumento a la corrupción, el cual debe ser demolido.
El alcalde Pedrito Pereira debe decirle la verdad a los cartageneros sobre las razones por las que quiere pasar de agache con Acuarela. No resulte que detrás de tantas esperas, leguleyadas, y pretextos administrativos, el Alcalde no quiera demoler Acuarela para así proteger los intereses económicos de los dueños del proyecto.
Y mientras Pedrito Pereira no actúa, los funcionarios y particulares investigados por la ilegal construcción, fueron dejados en libertad por un juez, a pesar de los delitos imputados por la Fiscalía de urbanización ilegal, prevaricato por acción y daños en recursos naturales.
Para nadie es un secreto que la curaduría No 1 de Cartagena, al igual que muchas entidades del Distrito, es una cloaca de corrupción, y todo parece indicar que curador Ronald Llamas, quien en 2015 otorgó la licencia a Acuarela, tiene por costumbre actuar por fuera de la legalidad como lo cree la Fiscalía. Recordemos que la Procuraduría le abrió investigación en el 2016 por adjudicación ilegal de una licencia a un hotel en la ciudad, desconociendo el Plan de Ordenamiento Territorial y sin consultar a Planeación Distrital, el mismo modus operandí que en el caso Acuarela.
No nos extrañé que con Acuarela estemos frente a un caso de mermelada, donde las constructoras y los financistas de proyectos inmobiliarios, con el fin de obtener licencias y permisos de construcción sin el lleno de requisitos, y por fuera de las normas, recurren al soborno de los funcionarios públicos.
De ser así, la Procuraduría y la Fiscalía deben actuar con prontitud, y cargar sobre los funcionarios publicos corruptos y los pillos del sector privado, todo el peso de la ley.
El alcalde debe decirle la verdad a los cartageneros.
