LOS ALTOS INTERESES DEL ESTADO
El artículo 2 de la Constitución Política de Colombia es clara en determinar cuales son los fines esenciales del Estado y son: “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo” (Ver: www.secretariasenado.gov.co. > basedoc > constitución_ política_ 1991) a su vez el artículo 113 de la misma Carta Política en cita, establece que políticamente tenemos la misma división tripartita de casi todos los Estados liberales del mundo, pero a renglón seguido dice: “…Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines.” Estableciendo con ello que la prioridad es el cumplimiento de esas metas y que los órganos del poder público deben armonizarse en la consecución de tales finalidades supraestatales.
En nuestro sistema político, de vieja data persiste la cooptación como el Imperial mecanismo con el cual las Altas Cortes (Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado), se eligen a sus propios miembros, en la constituyente del año 1991 al crearse el Consejo Superior de la Judicatura, este ha sido el organismo encargado de elaborar las listas de los potenciales aspirantes previas inscripciones o solicitudes de los que deseen ser elegidos en esas corporaciones de justicia, pero en todo caso, para nadie es un secreto que la escogencia deviene del cabildeo y lobby de los postulados para que los nombren, y digo que este mecanismo es imperial, porque data de la Roma Imperial cuando el emperador, antes de morir, dejaba al ungido o cooptado para sucederlo en el trono, y eso no ha desaparecido del todo, una gran parte de los hoy Magistrados de las enunciadas corporaciones de justicia han sido Magistrados Auxiliares de otros Magistrados que han salido de sus cargos por cualquier motivo, lo que ha devenido como un circulo muy cerrado donde quien se va trata de dejar a un amigo en el cargo.
En un momento, el argumento central para proseguir con esta práctica antidemocrática, fue de garantizar la “independencia” de la Rama Judicial en la elección de sus altos dignatarios, y salvaguardarla de la corrupción que siempre se ha predicado en general de la clase política, pero lo cierto es que la experiencia ha mostrado lo contrario, hoy las Altas Cortes tienen a otrora parte de sus miembros procesados y hasta condenados por graves hechos de corrupción, y peor aún, en cuanto a la colaboración armónica que por mandato constitucional deben cumplir y preservar, han optado, en el caso de elección del Fiscal General de la Nación y aun en la designación de los remplazos de sus propias vacancias, en un limbo jurídico, solo porque con un obsoleto y absurdo reglamento interno, tienen más de un año de estar en la puja para poder cumplir con tales nombramientos, afectando gravemente no solo el funcionamiento sino la imagen misma de la Justicia, ya que, organismos tan importantes como la Fiscalía General de la Nación se ven abocados a tener a funcionarios en interinidad por largos periodos como sucedió con el Fiscal General de la Nación encargado por más de un año Guillermo Mendoza Dyago y lo mismo va camino a suceder con el actual Fiscal General en encargo Fabio Espitia Garzón, y con denuncias públicas entre los mismos Magistrados donde se acusan mutuamente de entorpecimiento de tales labores como lo señalo la Revista Semana. http://www.semana.com/nacion/articulo/corte/wp-conte-se-juga-su-futuro-con-sala-plena-a.punto-de quedarse-sin-quorum/648997
Que puede motivar a tres o a cuatro Magistrados de la Corte Suprema de Justicia a no desempantanar la elección del nuevo Fiscal General de la Nación o nombrar las vacancias de siete (7) de sus miembros, que los lleva a estar por encima de los altos intereses del Estado, que los determina a no darle solución a este problema? Solo ellos lo saben, pero es bueno que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes pida explicaciones abriendo las investigaciones a que haya lugar, por cuanto es ostensible el daño que le están generando al país en general, y de otra parte, el Congreso de la Republica debe hacer uso de su poder de configuración y desde ya promover un acto legislativo que reforme la propia constitución política en sus artículos 231 y determinar otra forma de elección de los Magistrados de las altas cortes, verbigracia, en los Estados Unidos son los Magistrados de la Suprema Corte son elegidos por el Presidente de la República y ratificados por el Congreso, así también el articulo 249 debe ser modificado, en lo que hace referencia al Fiscal General de la Nación, quien por ejemplo, pase a ser elegido por el Congreso de la República pero de terna enviada por el Presidente, y de una vez se conjuran esas nefastas funciones políticas de nuestra máximas corporaciones judiciales y de una vez se dediquen más a administrar justicia.
Lo que queda en forma subyacente, en la mente de los colombianos en general, es que detrás de todo este episodio lamentable, pueden estar los apetitos burocraticos que existen sobre un monstruo administrativo como la Fiscalía General de la Nación, sin excluir el enorme poder que tiene este funcionario, nada mas y nada menos, que la posibilidad de investigar penalmente a cualquier ciudadano, entidad que tiene mas de veinte mil puestos, que en su gran mayoría están sin la materialización de una verdadera carrera judicial, todos los Fiscales Generales, sin excepción, le han hecho el quite a la implementación de una seria y eficaz carrera administrativa para los Fiscales y empleados de este importante organismo, el cual, en cada gestión ha sido modificada en su planta de personal, quitando, modificando, suprimiendo y creando nuevos puestos, a manera de insoslayable ejemplo esta la ciudad de Cartagena, en la cual, pese a existir una planta de personal de mas de cien jueces de todas las categorías, solo tienen un solo Fiscal Delegado ante el Tribunal para que los investigue y eventualmente los acuse, pero que requieren que les definan sus procesos con los archivos del caso cuando en realidad no han cometido delito alguno, congestion judicial que deviene de las pésimas politicas realizadas por tal organismo desde se sede central.
Esperamos entonces, que la gran hoguera de las vanidades de la Corte Suprema y sus omisiones constitucionales que han sido señaladas por la Revista Semana y por la gran prensa nacional, no los lleve a incinerarse quedando seriamente sin importante numero de sus miembros y lo mas grave, sin elegir al nuevo Fiscal General de la Nación, que deberá en mi modesta opinión, elegirse de la terna que ya les envió el señor Presidente de la República, sin otro requisito que los que señala la constitución y la ley, y no creando una capitis diminutio de los ternados por estimar que no son penalistas o no dominan supuestamente el derecho penal, porque si así fuera, varios de los anteriores Fiscales Generales no habrian llegado a tan importante cargo.
