El Gobierno de la República de Colombia, desde el mandato de Juan Manuel Santos, ha intentado hacer enormes esfuerzos por modificar la estructura legal de la Educación Superior, tal como se vivió en el 2011 con la pretensión de reformar la Ley 30 de 1992, afectando en gran medida el sistema de financiación de la educación pública y el salario de los docentes; los sectores políticos y sociales que apoyaron estas medidas por las redes sociales han implementado el argumento de que la educación pública es para flojos, porque quien quiere salir adelante hace el esfuerzo por pagar una carrera universitaria. Siete años después, con Duque como nuevo presidente de Colombia, el tema de la afectación al presupuesto de la educación pública vuelve a ser un asunto de mucho fulgor a nivel nacional.
Para hacer un esfuerzo por comprender la realidad que están viviendo los estudiantes del sector público y la visión que tiene el Gobierno Nacional, analizaremos lo que afirman diversos medios de comunicación y por último, daremos espacio a un comunicado de los estudiantes de la Universidad de Cartagena.
El 28 de septiembre, en el portal de la FM fue publicado un artículo titulado "¿Recortar recursos a la educación? Fecode anuncia junta de urgencia" que afirma lo siguiente: "El pasado 30 de julio de 2018 se radicó un proyecto de ley en el Congreso de la República, en el que se proponen algunos cambios en las normas para el manejo de los recursos y las competencias en la educación nacional".
En el portal de Publímetro anunciaron 5 recortes presupuestales para el gobierno de Duque: El Dane, Deporte y Recreación (un 42%), Minas y Energía (34,5%) y Ciencia y Tecnología (32%). (Información tomada de: https://www.publimetro.co/co/colombia/2018/08/01/cinco-recortes-del-presupuesto-le-hereda-santos-duque.html).
Sin embargo, el portal de El Espectador, en un artículo publicado el día 27 de julio del 2018, afirma que los sectores de la Educación y la Defensa serán los que contarán con mayor presupuesto: "con $38,7 billones y $33,6 billones, respectivamente". Además, el portal de El Tiempo, en un artículo publicado el 17 de julio 2018 afirma que: "De nuevo, el sector educación lidera la mayor tajada de la torta, con una asignación de 38,2 billones de pesos, lo que implica un incremento de 2,1 por ciento en comparación con los recursos que se están ejecutando en estos momentos". De forma muy curiosa, 2 meses después en el mismo Espectado, en un artículo publicado el 27 de septiembre, anuncia la marcha que será realizada el 10 de octubre bajo el siguiente argumento: "La situación de las universidades públicas sigue siendo crítica. Los rectores y profesores piden más recursos mientras que los alumnos protestan para ser escuchados. Por tal razón, las instituciones de educación superior convocaron a una marcha estudiantil para el próximo 10 de octubre, con el objetivo de pedirle al Gobierno de Iván Duque el presupuesto que necesitan para la financiación de la educación".
Si los medios afirman que el presupuesto a la educación seguirá liderando la punta con el mayor monto, ¿por qué los estudiantes universitarios del sector público han decidido protestar? No se trata de un mero bochinche, es necesario adentrarse en la realidad estudiantil y conocer la situación real de la Universidad Pública en Colombia. ¿El hecho de que la Educación, según los medios citados, lidere el mayor monto presupuestal significa que necesariamente eso responde a las necesidades reales de la educación colombiana? Analicemos ahora la perspectiva estudiantil por medio de un comunicado enviado por una estudiante de Trabajo Social de la Universidad de Cartagena:
"Las instituciones públicas de educación superior han venido sufriendo una preocupante crisis de recursos presupuestales desde hace aproximadamente 25 años con la implementación de la ley 30 de 1992. Los gobiernos que han ocupado su turno no han realizado grandes esfuerzos por incrementar el presupuesto a las universidades públicas de acuerdo a sus necesidades. El actual déficit del Estado en relación a las universidades públicas asciende los 18 billones de pesos, y el recorte presupuestal que plantea hacer el actual gobierno a la educación es de un 39,8 %.
Este panorama ha llevado además al desmejoramiento de las condiciones laborales de los docentes; cada vez existe menor posibilidad de contratación para docentes de planta con salarios y derechos laborales diferentes a los profesores de catedra, lo que los sitúa en una posición de desventaja. Además se deja una injusta reforma tributaria del año 2016 en el gobierno de Juan Manuel Santos, en palabras del profesor de la Universidad Nacional, Jair Orlando Villabona, "La última reforma afectó a los profesores de universidades públicas están pagando un 300% o hasta un 800% más de impuesto. Disminuyeron los salarios de los profesores en un 8 y 10 % del total de sus ingresos, porque limitaron las deducciones y las exenciones. Los profesores perdieron muchos beneficios. En la actualidad un profesor gana en promedio de 5 a 6 millones de pesos y un magistrado 20 millones. Ahí nos damos cuenta de las desigualdades en salarios y en impuestos a pagar".
Las exigencias del gobierno nacional son cada vez mayores con respecto a la calidad educativa, por lo que las universidades deben adquirir sus propios recursos a través del préstamo de servicios, dejando a un lado el cumplimiento de su verdadera función social. Solo en la medida que los estudiantes, maestros, administrativos y sociedad en general se informe, tomen conciencia y se movilicen frente a esta situación, las realidades cambiaran.
La desigualdad social en el país y la ciudad es notoria, el déficit presupuestal no es nueva historia en las luchas estudiantiles, es la educación el medio por el cual muchos jóvenes pueden transformar sus realidades y superar algunas condiciones adversas a la calidad de vida que cualquier ciudadano se merece".
- Natalia Torres López, estudiante de Trabajo Social de la Universidad de Cartagena.
