Sonaban ayer las trompas “en honor a la noble e ínclita ciudad” que cumplió 491 años desde su fundación. Las plazas y parques de Cartagena de Indias, ataviadas con banderas, luminarias y ornamentos festivos, recibieron a sus gentes anhelantes de un encuentro para celebrar la cartageneidad. Las celebraciones, a su vez, sirvieron para manifestar la actitud de esperanza que se ha tomado las callecitas de la ciudad y los corazones de sus ciudadanos luego de la adopción de un Plan de Desarrollo que pretende hacer brillar a Cartagena al consolidarla como una “Ciudad de Derechos”.
En medio de los varios festejos, no pude evitar pensar en dos cosas. La primera, que la apuesta por consolidar a Cartagena como una Ciudad de Derechos pone de presente las condiciones de indignidad en que vive y ha vivido gran parte de la población local, probablemente desde su fundación. Y la segunda, que celebramos 491 años de historia a partir de 1533, año en que la corona española autorizó al conquistador Pedro de Heredia para que hiciera en la provincia una fortaleza que conviniera a la defensa de los españoles residentes en ella, y nos olvidamos por completo de los más de 3000 años de historia que precedieron a estos 491, en los cuales las culturas y comunidades nativas de los territorios que conforman la actual Cartagena vivían en libertad.
La integración de esas dos ideas derivó en una inquietud que se podría traducir en la siguiente pregunta: ¿Habrán recuperado las comunidades afrocolombianas, indígenas y raizales de Cartagena su libertad en algún momento? Antes de proponer algunas posibles respuestas a ese interrogante, considero necesario precisar que en este contexto me refiero a la libertad como autonomía para determinarse y procurar la propia subsistencia.
Ahora bien, retomando la pregunta, esta podría responderse afirmativamente si se considera la naturaleza pluralista del Estado Social de Derecho colombiano y el reconocimiento constitucional de la diversidad étnica y cultural de la nación que consagró la Constitución de 1991 en sus artículos 1 y 7. Normativamente, la respuesta podría ser ampliada si se tienen en cuenta algunos desarrollos legislativos, como las leyes 21 de 1991 y 70 de 1993, y jurisprudenciales, como las sentencias T-955 de 2003 y SU-121 de 2022.
Desafortunadamente, como parece ser común en nuestro país, muchas normas no alcanzan a ser eficaces, por lo que en la práctica la respuesta a la pregunta se distancia de la realidad normativa y podría ser, más bien, negativa, especialmente en contextos donde a diario se reproducen actitudes racistas por medio de diferentes prácticas sociales. De hecho, muchas de las comunidades que históricamente han sido víctimas del despojo son constantemente revictimizadas por un Estado que desconoce sus derechos y las lleva a activar todas las acciones a su disposición para llamar la atención sobre los problemas que padecen y han padecido desde hace casi medio milenio.
En ese sentido, Cartagena no ha sido la excepción. Así, por ejemplo, uno de los hallazgos del proceso de formulación de la Política Pública de Participación Ciudadana realizado el año pasado consistió en que el punto crítico priorizado como más urgente por la ciudadanía fue la exclusión de la población rural e insular en los procesos de construcción participativa para el desarrollo comunitario; de ahí que exista una necesidad urgente de integrar estas poblaciones en la construcción colectiva de la ciudad.
Por eso, es importante resaltar que el Plan de Desarrollo 2024-2027 incluye por primera vez en la historia de la ciudad un capítulo para los pueblos y comunidades étnicas. Ese capítulo se compone de un impulsor de avance para el fortalecimiento del desarrollo de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenquera, en el cual se encuentran programas para mejorar la integración de estas comunidades en el desarrollo de la ciudad, a través de productos relacionados con etnoeducación, transporte acuático, restauración de los ecosistemas, recreación, gobernanza y participación ciudadana. El segundo impulsor está dirigido a las comunidades indígenas Zenú, Inga y Kankuamo y busca atender sus necesidades humanas, territoriales y culturales desde una posición de respeto y diálogo intercultural.
Estamos, entonces, frente a un suceso histórico: no los 491 años de la fundación de Cartagena, sino la esperanza de que por primera vez desde hace casi medio milenio nuestras comunidades están a las puertas de vivir dignamente con aquella libertad de que gozaron nuestros ancestros. Por ahora, indudablemente, la esperanza es una razón para celebrar.
Camilo Andrés Sierra Pacheco
Aliado académico del Lab3C
