La Constitución Política de Colombia, en su artículo 45, establece que los jóvenes deben tener espacios de concertación y participación en los distintos organismos públicos y privados a fin de ser interlocutores en los temas que los involucren directa e indirectamente. En este contexto, el Congreso de la República promulgó la Ley Estatutaria 1662 de 2013, que posteriormente fue modificada por la Ley 1885 de 2018, normativas que regularon el Estatuto de Ciudadanía Juvenil y el Sistema Nacional de Juventudes.
A través de estas disposiciones, el Estado ha pretendido garantizar que los jóvenes sean reconocidos como agentes de derecho, dotándolos de las herramientas y mecanismos necesarios para ejercer su ciudadanía de manera plena. El objetivo es claro: facilitar su participación en la toma de decisiones y fomentar su contribución al desarrollo de políticas, programas y proyectos que impacten la agenda estatal y social.
En diciembre de 2021, se dio un paso importante en este proceso al convocar a los jóvenes de entre 14 y 28 años a las urnas para elegir a sus representantes en las primeras elecciones de consejos de juventud a nivel nacional. Sin embargo, los resultados fueron poco alentadores pues, según datos del Consejo Nacional Electoral, apenas un 10% de los jóvenes habilitados en el censo electoral participaron en estos comicios, y aunque esta cifra refleja una preocupante baja participación, también pone de manifiesto un aspecto positivo, este es, la inclusión de los jóvenes en el ejercicio de la democracia participativa.
Ante esta situación de abstencionismo, surge el siguiente cuestionamiento: ¿Qué se debe hacer para incentivar el ejercicio de la ciudadanía juvenil? La respuesta radica en fortalecer los mecanismos de participación existentes y fomentar un compromiso genuino desde la institucionalidad hacia la promoción y defensa de los derechos y deberes de los jóvenes.
Lo anterior, teniendo en cuenta que, al examinar la situación en ciudades como Cartagena, se observa que los consejeros elegidos han enfrentado dificultades para ejercer plenamente las facultades y prerrogativas dispuestos en la ley. Ello, en la medida que la administración distrital, no les ha proporcionado el apoyo necesario y suficiente, cuestión que ha dificultado la creación e implementación de propuestas y programas tendientes a abordar las problemáticas más urgentes y prioritarias de los jóvenes cartageneros.
En ese sentido, es imperativo que las autoridades demuestren, a través de acciones concretas, su voluntad de ofrecer a los jóvenes verdaderos espacios en la construcción de ciudad. En todo caso, si bien el Estado y la sociedad deben abordar de manera integral las necesidades y demandas de los jóvenes, también es responsabilidad de estos últimos involucrarse activamente mediante el ejercicio de la ciudadanía.
Este 2025, tendrán la oportunidad de acudir nuevamente a las urnas para elegir a sus consejeros. Por ello, hacemos un llamado a los jóvenes para que se sumen a este proceso electoral; es fundamental que sus voces sean escuchadas, pues solo así podrán convertirse en verdaderos protagonistas de la democracia.
Esteban David Guzmán Lara
Paula Andrea Miranda Martínez
Aliados Lab3C.
