Cuando la rabia, la indignación, la impotencia y hasta los deseos de venganza nos invaden a todos los colombianos-as por el aberrante crimen del que fue víctima la niña Yuliana Zamboní , veo como las redes sociales, la televisión , la radio copan toda su atención sobre esto con algo de sensacionalismo y esto nos debe poner a pensar seriamente en que nuestra sociedad sabe a m… así de sencillo.
Pero más allá de todas estas manifestaciones enardecidas clamando justicia, castigo ejemplar y hasta pena de muerte , nos asiste el deber de hilar delgado para no permitir como tantas otras veces que la efervescencia y el calor hagan perder la objetividad sobre lo que hay de fondo cuando ocurren este tipo de hechos en una sociedad que declara estar situada en la modernidad. Es hora si de gritar, clamar, exigir, velar porque se haga justicia, pero de igual forma es este el momento en que lo ocurrido nos convoca a revisar no solo la normatividad jurídica en el sistema penal colombiano para este tipo de casos, sino que pasa con nuestra sociedad? Qué responsabilidad le asiste al Estado, la familia y todos los-as que tenemos directamente impacto sobre la vida y protección de los niños y niñas en nuestro país? Que es lo que hemos hecho mal?
Estoy convencida que encender la hoguera al mejor estilo del medioevo solo resuelve el deseo de venganza de quienes lo hagan como una forma de justicia por propia mano que a su vez complejiza aún más entender porque se dan este tipo de crímenes aberrantes contra la infancia, por ejemplo. La sed de venganza sacia nuestra rabia pero de allí no pasa. El problema está vivo, late y vuelve a aparecer en cualquier momento sin que podamos hacer mucho por detenerlo.
Nuestra sociedad ha dado muestras suficientes de ser muy precaria no en legislar positivamente en protección de niños-as y adolescentes. Es muy precaria en generar acciones políticas que generen compromiso social, económico, en cuanto a que los niños-as adolescentes estén en el centro de su razón de ser y sean cuidados, protegidos en todo tiempo y lugar. Lo que una vez más ha ocurrido con la tragedia de la inocente Yuliana es una clara evidencia de un Estado y sociedad fallida que en la letra escrita y discurso reconoce a los niños-as como sujetos de derecho, pero que en la práctica solo actúa cuando la tragedia se cierne sobre ellos. Este es el mejor escenario para abusadores, maltratadores y sociópatas.
Nuestra CN 91 dice que el Estado, la sociedad y la familia son garantes y protectores de los derechos de NNA, siendo eso así con toda la legislación que soporta la política pública para la infancia y adolescencia, se hace necesario que en esta hora aciaga, no solo exijamos justicia sino que la misma se aplique con todo el rigor que el derecho penal contempla para dichos delitos.
Junto con ello velar porque el proceso judicial sea transparente y sostenible más allá del calor del momento y que en el tiempo pueda ser un referente donde la justicia colombiana haya actuado en consecuencia con los hechos presentados y no por manipulaciones maniqueistas en favor del presunto victimario.
Mientras eso va andando y nuestra cabeza se sosiega entonces actuemos con coherencia, es decir dejemos de hacernos los de la vista gorda cuando presumimos o sabemos que un niño-niña, adolescente está expuesto a cualquier forma de violencia en el entorno familiar, escolar, del barrio, de la ciudad, etc. Dejemos de ser mirones. Actuemos.
Exijamos que desde el gobierno, las organizaciones sociales , la escuela, organizaciones culturales, recreativas, deportivas, religiosas y por encima de todo la familia cumplan con el mandato de garantizar entornos seguros para que nuestros niños-as , adolescentes puedan vivir plenamente esa bella etapa y sean cada vez menos los sociópatas que arrebaten la inocencia y la vida de quienes deben ser el mayor tesoro de nuestra sociedad.
Una ciudad, un barrio, una escuela que le apuesta a los parques, a promover el arte, la cultura, el deporte, la recreación donde haya adultos dispuestos a cuidar esos espacios para los niños-as, y a su vez denuncian a tiempo cualquier evento que pongan en riesgo la integridad física o emocional de los mismos, articulados a las autoridades policivas y de protección, generan cadenas de afecto, confianza y seguridad para blindar a quienes son lo más vulnerable que tenemos hoy.
Como maestra creo de igual forma que en la escuela tenemos una altísima responsabilidad para detectar, remitir, denunciar, hacer seguimiento a casos de niños-as y adolescentes que muestren comportamientos sociales atípicos, los cuales son un riesgo para si mismo o para sus compañeritos-as. Quedarnos calladas, evadir, subestimar, ignorar, castigar como única opción solo nos hace cómplice de eventuales adultos disfuncionales. Aun a pesar de sus padres somos garantes y protectores de derechos, por tanto no se nos exime de responsabilidad cuando habiendo conocido de un caso o presumir de una situación de violencia no activamos las rutas de protección para que las autoridades hagan su labor al amparo de la ley.
La violencia contra los niños-as corre el riesgo de ser parte del paisaje y el mejor escenario para que los oportunistas mediáticos saquen la mejor tajada cuando el dolor nos embarga y obnubila nuestros sentidos.
Es la hora de mostrar que todos-as somos capaces de trascender a esta tragedia, exigir justicia y castigo ejemplar para el responsable, pero que de ahora en adelante Ni una más Ni una menos¡ porque cada ciudadano-a de este país asumirá lo que le corresponde en la tarea de ser garante y protector de los derechos de niños-as y adolescentes. Yo soy Yuliana¡ Yo soy mujer ¡Yo soy mamá¡ Yo soy maestra¡ Yo soy ciudadana colombiana¡.
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