“Armar un muñeco” en Colombia es un método perverso que ha marcado la historia judicial y política. No son errores aislados, sino una práctica sistemática que convierte la justicia en un teatro donde los inocentes son sacrificados para proteger a los verdaderos culpables.
El magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento en 1989 es el emblema más doloroso. Cinco días después, el químico barranquillero Alberto Júbiz Hazbum fue capturado y presentado como autor material. Testigos de oídas, validaciones oficiales y la presión mediática bastaron para condenarlo socialmente. Pasó 42 meses en prisión, perdió su empresa y su salud, hasta que se demostró que nada tenía que ver con el crimen.
Este patrón se repite en múltiples casos: los falsos positivos judiciales, que convirtieron líderes sociales en “terroristas” mediante testimonios comprados; el montaje contra el almirante Gabriel Arango Bacci en 2007, desmontado por la Corte Suprema; la acusación contra Sigifredo López en 2012, basada en un video manipulado; y los 12 de la Sierra en 2003, campesinos encarcelados por rebelión hasta que se probó que los testimonios eran fabricados.
El exterminio de la Unión Patriótica muestra otra dimensión del “muñeco”: no solo se ejecutó con balas, sino también con palabras. Una narrativa persistente señalaba a sus dirigentes como supuestos aliados de la insurgencia, justificando su persecución. Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Ossa, José Antequera y Manuel Cepeda Vargas fueron víctimas de ese doble mecanismo: primero la estigmatización pública, luego el asesinato. La Corte Interamericana reconoció este proceso como sistemático, donde el discurso jugó un papel clave: convertir al adversario en enemigo interno. Ese eco no se ha extinguido: hoy se intenta “armarle el muñeco” a Iván Cepeda Castro, aspirante presidencial, reeditando viejas fórmulas de sospecha y señalamiento.
Incluso fuera del país, la práctica se repite. En EE.UU., sectores de la derecha y su lobby han intentado por tres ocasiones “armarle el muñeco” a Gustavo Petro, buscando vincularlo con narrativas del narcotráfico. Sin embargo, esos intentos no han prosperado, mostrando que el libreto pierde fuerza cuando se enfrenta a la falta absoluta de pruebas.
Lo más inquietante es que, en escenarios donde la ética pública se diluye, el expediente amañado deja de ser anomalía y se convierte en herramienta política. La justicia se teatraliza: los documentos ya no son pruebas, sino guiones cuidadosamente editados. Los montajes se legitiman en tarimas públicas con discursos encendidos que apelan a la emoción colectiva, disfrazando la manipulación como defensa del interés común. Se instala un patrón perverso: acusar para posicionarse, distorsionar para ganar aplausos y convertir la sospecha en capital político.
El caso contra Álvaro Uribe Vélez puede resumirse en una sola frase: Fue procesado por presunto soborno de testigos y fraude procesal en el intento de “armar un muñeco” contra su opositor Iván Cepeda, aunque finalmente resultó absuelto en segunda instancia.
La anatomía del “muñeco” es precisa: corrupción de la cadena de custodia, economía de testigos falsos e impunidad de los montadores. “Armar el muñeco” es la manera en que los poderosos compran tiempo, desvían la atención y convierten la justicia en espectáculo. Cada caso es una herida abierta en la memoria colectiva: Júbiz Hazbum, Arango Bacci, Sigifredo López, los campesinos de la Sierra, los dirigentes de la Unión Patriótica y los intentos contra Gustavo Petro.
Todos ellos muestran que en Colombia la verdad suele ser apenas un ruido de fondo frente a la contundencia de un expediente amañado convertido en libreto político.
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