Hay que estimular en todos los sectores el conocimiento de cómo funciona el sistema legal y fomentar el debate sobre el lawfare, sobre todo en la prensa.

El siniestro lawfare


Del lawfare se empezó a hablar en la década de 1990 en América Latina cuando se observaron casos de persecución judicial selectiva contra líderes políticos y figuras.

El término, que fusiona las palabras "law" (ley) y "warfare" (guerra), describe el uso estratégico y manipulativo del sistema legal con fines políticos o ideológicos. Su uso se expandió en contextos globales abarcando desde disputas comerciales internacionales hasta acciones legales contra ONG y periodistas críticos. 

Se trata del abuso del sistema judicial sobre los otros dos poderes del Estado (ejecutivo y legislativo). Algunas de las tácticas que usa el lawfare, incluyen:

La persecución selectiva de individuos, a menudo líderes políticos o activistas con cargos falsos o exagerados para desacreditarlos y sacarlos de la esfera pública. 

La manipulación de procedimientos como la demora injustificada de juicios o la presentación de recursos frívolos para prolongar los casos y agotar los recursos del acusado.

La difamación legal en la cual se utilizan demandas por difamación o calumnias como herramientas para silenciar a críticos y disidentes, independientemente de la veracidad de las acusaciones.

El lawfare preocupa porque hiere el estado de derecho, la independencia judicial y la salud de las democracias. Este azote social tiene un efecto paralizante en la participación cívica y desestimula el disenso y la crítica.

Combatirlo requiere un enfoque multidimensional. Hay que garantizar que los jueces estén protegidos contra la interferencia de las roscas políticas y de las mafias para preservar la integridad del sistema. 

Debe promoverse la transparencia en el proceso judicial y establecer mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Hay que estimular en todos los sectores el conocimiento de cómo funciona el sistema legal y fomentar el debate sobre el lawfare, sobre todo en la prensa. 

Entre tanto, el barón de Montesquieu, el filósofo francés que propuso un Estado dividido en tres poderes que no se perturban con el fin de limitar el abuso y salvaguardar la libertad de los ciudadanos, debe estar emputado, revolcándose en su tumba. 


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