Introducción
A propósito de esta noticia: Anuncian demanda contra designación del primo del presidente en cinco universidades
Como colombiano, profesor universitario y académico formado en distintos campos del conocimiento —Psicología, Filosofía, Teología y Comunicación Social—, con estudios de especialización y maestría en varias de estas disciplinas y formación doctoral en Psicología, considero que guardar silencio ante ciertas expresiones que comienzan a aparecer en el debate público sería renunciar precisamente a aquello que la universidad me enseñó: pensar críticamente, argumentar con rigor y defender la dignidad de las personas incluso cuando no compartimos sus ideas.
La reciente designación del sacerdote Rodolfo Andrés Londoño de la Espriella como representante presidencial ante los Consejos Superiores Universitarios de cinco universidades públicas ha generado una controversia legítima. Su parentesco con el presidente, la eventual existencia de inhabilidades, los posibles conflictos de interés y la conveniencia de concentrar cinco representaciones en una misma persona son asuntos que pueden y deben ser examinados. En un Estado de derecho nadie está por encima de la Constitución y de la ley.
Si existe una inhabilidad, que sea determinada por las autoridades competentes. Si hubo nepotismo, que se demuestre jurídicamente. Si la decisión administrativa es contraria al ordenamiento constitucional, que sea demandada y, llegado el caso, anulada.
Eso es democracia. Eso es Estado de derecho.
Lo que considero profundamente preocupante es algo diferente: que dentro de la discusión pública aparezca como argumento descalificador que alguien “no es un académico o científico, es un sacerdote”.
¿Desde cuándo ser sacerdote constituye una descalificación intelectual para participar en una universidad?
La pregunta debe plantearse con toda claridad porque toca un principio mucho más profundo que este nombramiento particular.
Una sociedad democrática puede exigir idoneidad, experiencia, independencia, transparencia y ausencia de conflictos de interés. Lo que no debería hacer es convertir la condición religiosa de una persona en argumento para excluirla de la deliberación pública.
La universidad que conozco y en la que he desarrollado buena parte de mi vida académica no puede convertirse en territorio reservado para determinadas cosmovisiones.
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Precisamente porque soy psicólogo sé que las personas no pueden reducirse a etiquetas identitarias.
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Precisamente porque soy filósofo sé que ninguna corriente de pensamiento posee el monopolio de la racionalidad.
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Precisamente porque soy teólogo sé que la fe que no acepta dialogar con la razón puede convertirse en fundamentalismo, pero también que una razón que pretende expulsar de la conversación pública toda experiencia religiosa puede transformarse en otro dogmatismo.
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Y precisamente porque soy profesor universitario defiendo una universidad en la que puedan encontrarse el creyente y el no creyente; el liberal, el conservador y el progresista; las ciencias naturales, las ciencias sociales, las humanidades, la filosofía y la teología.
La universidad no existe para protegernos de las ideas diferentes. Existe, entre otras cosas, para enseñarnos a confrontarlas mediante argumentos.
Colombia es constitucionalmente un Estado laico. Pero Estado laico no significa Estado antirreligioso.
La laicidad exige que el Estado no imponga una religión, no privilegie arbitrariamente un credo y garantice la libertad de conciencia de todos. Esa misma laicidad debe proteger tanto al ciudadano que no profesa ninguna religión como al sacerdote, al pastor, al rabino, al imán, al religioso y al laico creyente que participan responsablemente en la vida pública.
Por eso me preocupa que podamos pasar, casi sin advertirlo, de combatir legítimamente una eventual imposición religiosa a justificar una exclusión ideológica de las personas religiosas.
Son cosas radicalmente distintas.
También debemos mantener la misma coherencia frente al gobierno actual. Quienes defendimos la autonomía universitaria frente a intervenciones políticas anteriores debemos defenderla ahora. Quienes denunciamos la instrumentalización ideológica de la educación cuando provenía de la izquierda debemos denunciarla igualmente si proviene de la derecha.
La libertad académica no cambia de principios cuando cambia el ocupante de la Casa de Nariño.
No quiero universidades capturadas por la izquierda. Pero tampoco quiero universidades capturadas por la derecha.
No quiero una universidad confesional impuesta desde el Estado, pero tampoco una universidad en la que ser sacerdote, creyente o cristiano se convierta en motivo de sospecha intelectual.
Quiero una universidad verdaderamente universitas: plural, crítica, rigurosa, científicamente competente y suficientemente libre para permitir que distintas comprensiones del ser humano y de la sociedad puedan encontrarse sin necesidad de eliminarse mutuamente.
Y aquí aparece quizá el problema de fondo.
Colombia ha sufrido demasiado por nuestra incapacidad histórica para convivir con quien piensa distinto. Durante décadas convertimos al contradictor en enemigo. Después aprendimos a convertirlo en etiqueta. Hoy corremos el riesgo de convertirlo simplemente en alguien a quien hay que expulsar del espacio de conversación.
Ese camino es peligroso, venga de donde venga.
Como ciudadano colombiano me niego a recorrerlo.
Defenderé el derecho de una persona de izquierda a enseñar e investigar en una universidad aunque discrepe profundamente de sus ideas. Defenderé exactamente el mismo derecho de un conservador. Y defenderé también el derecho de un sacerdote a participar en la vida académica y pública, siempre que cumpla los requisitos legales e institucionales correspondientes.
Porque el pluralismo que solamente tolera a quienes piensan como nosotros no es pluralismo.
No necesitamos sustituir una hegemonía ideológica por otra. Necesitamos instituciones suficientemente fuertes para impedir que cualquiera de ellas se apropie de la universidad.
Por eso, frente al caso del padre Rodolfo Andrés Londoño, mi posición es sencilla:
investíguese todo lo que deba investigarse sobre la legalidad, idoneidad, parentesco y posibles conflictos de interés de su designación. Pero no se utilice su condición sacerdotal como argumento para descalificarlo.
Si no es idóneo, demuéstrese.
Si está inhabilitado, aplíquese la Constitución.
Si existe conflicto de interés, que actúen los organismos y jueces competentes.
Pero si el argumento termina siendo simplemente “es sacerdote”, entonces ya no estamos discutiendo sobre meritocracia, transparencia o legalidad.
Estamos entrando en el terreno de la discriminación.
Y allí, como académico, como creyente y, sobre todo, como ciudadano colombiano, no puedo guardar silencio.
Mauricio Gabriel Pareja Bayter
Psicólogo · Filósofo · Teólogo · Comunicador Social
Magíster en Psicología · Magíster en Filosofía · Magíster en Teología · Doctor en Psicología
Profesor universitario · Ciudadano colombiano