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“La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos.” (Proverbios 18, 21)
Nota aclaratoria
Antes de comenzar a leer, conviene hacer una aclaración expresa. En ningún momento estoy afirmando, insinuando o sugiriendo que el presidente Gustavo Petro, el senador Iván Cepeda o cualquier otro dirigente político estén fraguando un nuevo magnicidio. Tampoco estoy sosteniendo que sus posiciones obedezcan al temor de eventuales hallazgos de corrupción durante un proceso de empalme, al riesgo de futuras investigaciones relacionadas con decisiones adoptadas en materia de seguridad o de la política de Paz Total, o a la posibilidad de enfrentar escenarios excepcionales de captura, extradición o sometimiento a jurisdicción extranjera. Esas serían afirmaciones que exigirían pruebas y no forman parte de esta reflexión. Mi propósito es exclusivamente analizar la responsabilidad ética del discurso público y los efectos que puede tener la deslegitimación política en una democracia con una historia de violencia.
¿Desobediencia civil o pánico escénico?
La discusión sobre la ciudadanía estadounidense de Abelardo de la Espriella ha abierto un debate constitucional legítimo sobre la compatibilidad entre la doble nacionalidad y el ejercicio de la Presidencia de la República. Algunos juristas sostienen que la jefatura del Estado exige una lealtad exclusiva a Colombia; otros recuerdan que la Constitución reconoce la doble nacionalidad para los colombianos por nacimiento y que las inhabilidades para ejercer cargos públicos son taxativas. Desde el punto de vista jurídico, el debate debe resolverse mediante los mecanismos propios del Estado de derecho.
Sin embargo, reducir esta discusión al plano estrictamente constitucional podría impedir comprender una dimensión mucho más profunda: el contexto histórico en el que se desarrolla. Colombia no es una democracia cualquiera. Es un país cuya memoria política está marcada por el asesinato sistemático de dirigentes públicos, candidatos presidenciales, jueces, periodistas y líderes sociales. Desde Jorge Eliécer Gaitán hasta Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro y, más recientemente, el atentado contra Miguel Uribe Turbay, la violencia ha sido utilizada repetidamente como instrumento para eliminar adversarios políticos.
En un contexto como este, el lenguaje público adquiere una enorme responsabilidad ética. Cuestionar jurídicamente una candidatura o una condición constitucional hace parte de la deliberación democrática. Lo que merece una reflexión más cuidadosa es el riesgo de convertir ese debate en una narrativa permanente de sospecha sobre la legitimidad o la lealtad de una persona.
Una experiencia personal.
Conocí a William Dau Chamat en uno de los momentos más difíciles de la historia reciente de Cartagena. La ciudad venía de una larga sucesión de alcaldes suspendidos, destituidos o investigados por corrupción. El deterioro institucional era tan profundo que muchos ciudadanos sentimos que permanecer como simples espectadores equivalía a resignarse al fracaso de la ciudad.
Llegué a conocer a Dau por recomendación de una persona muy cercana a mí, quien admiraba profundamente su honestidad y su decisión de enfrentar las estructuras de corrupción. Posteriormente tuve la oportunidad de conversar personalmente con él sobre los riesgos que implicaba asumir esa lucha.
Entre los muchos temas que abordamos hubo uno que nunca olvidé.
Dau me relató cómo las amenazas recibidas durante años lo obligaron a exiliarse en Estados Unidos. Allí obtuvo la ciudadanía estadounidense. Lo que más llamó mi atención fue la explicación que él mismo daba a esa decisión. Más allá de las oportunidades laborales o de la estabilidad familiar, consideraba que la ciudadanía norteamericana constituía una forma adicional de protección personal.
Su razonamiento era sencillo. Pensaba que quienes quisieran atentar contra su vida tendrían que calcular dos veces las consecuencias de asesinar a un ciudadano estadounidense. No afirmaba que esa ciudadanía lo hiciera invulnerable. Era plenamente consciente de que ciudadanos estadounidenses también han sido asesinados en Colombia y en otros países. Su hipótesis era diferente: la intervención diplomática, judicial y política que suele producirse cuando la víctima es un ciudadano norteamericano incrementaría el costo para quienes decidieran ejecutar un atentado.
Presento esta conversación únicamente como un testimonio personal. No constituye una prueba jurídica ni demuestra que la doble nacionalidad garantice seguridad. Sin embargo, sí revela algo importante: cómo una persona que vivió bajo amenazas interpretaba el valor práctico de una segunda ciudadanía en un país donde la violencia política ha sido una realidad persistente.
Ese recuerdo adquirió un significado completamente distinto cuando observé el debate actual sobre la nacionalidad estadounidense de Abelardo de la Espriella.
La responsabilidad ética del discurso público en un país con una historia de violencia política
Mientras algunos sectores presentan esa ciudadanía exclusivamente como un eventual conflicto de lealtades, recordé inmediatamente la conversación con Dau. Comprendí entonces que una misma realidad jurídica puede ser interpretada desde perspectivas radicalmente distintas.
Para algunos, la doble nacionalidad plantea interrogantes constitucionales sobre la soberanía y la representación nacional.
Para otros, especialmente para quienes han vivido el exilio o la persecución, esa misma ciudadanía puede representar un mecanismo adicional de protección frente a riesgos extraordinarios.
Estas dos interpretaciones, pese a lo radicalmente distintas, no son necesariamente incompatibles. Lo importante es reconocer que ambas existen y que ninguna puede descalificar automáticamente a la otra.
Desde la filosofía política, la ciudadanía expresa pertenencia a una comunidad política. Pero también representa un vínculo de protección entre el individuo y el Estado. Cuando una persona siente que su vida corre peligro precisamente por enfrentar estructuras criminales o corruptas, no resulta extraño que busque mecanismos adicionales de protección jurídica.
La psicología social aporta otra reflexión igualmente importante. Las sociedades altamente polarizadas tienden a reducir la complejidad de las personas mediante etiquetas simples: amigos o enemigos, leales o infiltrados. Cuando estas categorías sustituyen el análisis racional, el adversario político deja de ser un contradictor legítimo y comienza a ser percibido como alguien cuya presencia resulta sospechosa.
No afirmo que un debate constitucional conduzca inevitablemente a la violencia. Sería una conclusión irresponsable y carente de fundamento. Tampoco sostengo que exista relación alguna entre quienes plantean objeciones jurídicas y un eventual riesgo contra la integridad de un dirigente político.
Lo que sí considero necesario advertir es algo mucho más modesto, pero igualmente importante: en un país cuya historia ha demostrado que la violencia política no pertenece únicamente al pasado, el lenguaje con el que debatimos también tiene consecuencias éticas.
La democracia necesita debates rigurosos, incluso sobre asuntos tan sensibles como la nacionalidad de un presidente. Pero esos debates deben desarrollarse preservando siempre la dignidad de las personas y evitando que la discusión jurídica termine transformándose en una deslegitimación moral del adversario.
Mi conversación con William Dau no pretende resolver el debate constitucional sobre Abelardo de la Espriella. Su valor reside en otro lugar. Me recordó que, en Colombia, la doble nacionalidad puede significar cosas muy distintas según la historia personal de quien la posee. Para algunos será un asunto estrictamente jurídico; para otros, como Dau, fue la consecuencia de un exilio y la esperanza de contar con una protección adicional frente a quienes ya habían demostrado estar dispuestos a silenciar a sus contradictores.
Conclusión
Quizá esa sea la verdadera enseñanza de esta discusión. Antes de preguntarnos únicamente qué significa una segunda ciudadanía desde el derecho constitucional, convendría preguntarnos por qué algunos colombianos han llegado a sentir que necesitaban otra nacionalidad para sentirse más seguros (nacionalidad norteamericana, italiana, etc.).
Mientras esa pregunta siga teniendo sentido, la tarea de construir una democracia donde las diferencias políticas nunca vuelvan a resolverse mediante la violencia continuará siendo una responsabilidad colectiva. Y en esa tarea, las palabras importan tanto como las leyes.