La politización de la Corte Constitucional: un problema más allá de los nombres.

La reciente elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de nuestra Corte Constitucional dejó en evidencia una problemática que va mucho más allá de la elección de un nombre sobre otro. El verdadero debate no es si ganó el bloque opositor que lo respaldaba a él o si perdió el que apoyaba a María Patricia Balanta. La cuestión de fondo es que un cargo que debería estar blindado y alejado de los intereses partidistas terminó plenamente reducido a un debate netamente político, como si se tratara de una curul más del Congreso.

Durante el proceso, el debate no se baso en los méritos de los aspirantes, su trayectoria jurídica o su independencia, sino en la expectativa de cuál sector lograría imponer su candidato. Se habló en términos de victoria para el gobierno o la oposición, y en ese juego se fue perdiendo lo verdaderamente esencial: garantizar que la Corte Constitucional siga siendo un tribunal imparcial, capaz de salvaguardar la Constitución por encima de intereses políticos estructurales.

Pero la crítica no puede quedarse solo en el Congreso. También es cierto que, en varias ocasiones, la propia Corte ha actuado como un actor político más. Algunos de sus fallos se han interpretado como decisiones activistas que, más allá de interpretar nuestra Carta Política, buscan moldear la agenda pública. Cuando esto sucede, la Corte deja de ser percibida como un árbitro neutral y pasa a ser verse como un jugador mas en el entorno político. Esta situación alimenta un círculo vicioso, en el que el Congreso politiza las elecciones porque asume que la Corte actuará políticamente, y la Corte responde con protagonismo porque fue conformada bajo esa misma lógica.

Lo que ocasiona este fenómeno es un escenario en el que la independencia judicial, principio básico de nuestro Estado de Derecho, queda en veremos. La ciudadanía ya no percibe a la Corte como el garante imparcial de la Constitución, sino como una corporación donde se enfrentan agendas políticas, lo que erosiona la confianza en las instituciones.

El verdadero problema no es quién se llevó la curul en la Corte, sino que esa curul se trate como si fuera un escaño más del Congreso. Mientras no cambiemos eso, la Constitución dejará de ser el pacto de todos para convertirse en la bandera de algunos.

Romper esta dinámica exige ir más allá de los nombres de quienes integran las ternas. No se trata de aplaudir a Camargo ni de lamentar la derrota de Balanta. El reto está en rediseñar el mecanismo de elección para blindarlo de la política partidista. Es necesario pensar en comités técnicos que evalúen las hojas de vida de manera independiente, en procesos de deliberación más transparentes y públicos, y en la participación de la academia y la sociedad civil para elevar el debate por encima de las conveniencias de coyuntura.