Hace 25 años la Carta Magna creó la Defensoría del Pueblo como un órgano "para garantizar, promover, divulgar, defender y proteger los derechos humanos", tal como lo señala en su artículo 282.
El Defensor representaría entonces la institución tutelar de los derechos humanos por excelencia.
El 5 de febrero de 1991 se instaló la Asamblea Nacional Constituyente, con 70 miembros para reformular la Constitución Política de Colombia de 1886 convirtiéndola en la Constitución del 91, la que introdujo varios cambios a la manera cómo, en adelante, se orientaría la Nación.
La joven Constitución también dio a luz al Fiscal General de la Nación, el ente acusador en lo penal; y de pasó reencauchó y modernizó la figura del Procurador General de la Nación, revistiéndolo como jefe absoluto del Ministerio Público, del cual hace parte la Defensoría.
Los tres altos funcionarios, cuyos salarios bordean los 25 millones de pesos, atesoran hoy un poder que incide en el rumbo del país, tanto como las decisiones presidenciales. Habrá quienes digan que el salario real es la mitad, la otra mitad es una prima de servicios. Pero el salario es lo de menos. La prueba de ese poder se ha podido apreciar en los choques de trenes en las que han medido fuerzas los representantes de estas entidades en la última década, incidiendo directa e indirectamente en el rumbo del Estado.
En el caso del Defensor que acaba de dimitir, quizá embebido por el elixir pasajero del poder, se le habría olvidado que encarnaba uno de los pilares erigidos por la Constitución para velar, no solo por los derechos fundamentales, sino también por los económicos, los sociales y colectivos del pueblo que debía defender.
El ex Defensor, denunciado por presunto acoso laboral y sexual por su exsecretaria, a contrapelo de su amplia formación en el derecho penal y de experiencia en el ejercicio de la función pública, puso en riesgo no solo su papel de vigía de la dignidad humana, (y vaya que lo logró), sino también el de la Institucionalidad, cuando encumbrado en su pirámide pensaría que lo podía todo. Pero serán los estrados judiciales quienes determinen las culpabilidades en este vergonzoso novelón que moja redes sociales y prensa.
Sin embargo el penoso incidente sirve para ponerle el espejo retrovisor a la Defensoría del Pueblo como entidad. Cabe destacar lo que en 25 años la Defensoría ha aportado a la gente desprotegida de regiones alejadas y el papel que ha jugado en un país en guerra sin desconocer los riesgos a que están expuestos los defensores.
Quién nos defenderá ahora?¿el poder del Defensor para qué?, ¿es eficiente y eficaz la entidad?, ¿están cumpliendo su papel las defensorías regionales?, ¿las delegaciones?. Yo quiero seguir pensando de manera romántica, no al estilo del ex Defensor, sino del constituyente primario que la Defensoría es necesaria en un país desigual y excluyente.
Yo quiero creer que sí existen perfiles idóneos, con amplios conocimientos humanos y técnicos, para asumir esta dignidad, lo cual debe influir en la institución y en sus delegaciones en todo el país.
Ojalá el Presidente de la República, quien presenta la terna y los Representantes a la Cámara piensen en eso, y depongan los intereses políticos para escoger a un buen "ombudsman" criollo, que no escandalice al pueblo sino que lo defienda.
