Hace algunos días, el gobernador de Bolívar Dumek Turbay otorgó unas declaraciones* muy “ligeras” a medios de comunicación en donde aseguraba que “Electricaribe es peor que la violencia”. Es bien sabido que Electricaribe presta un mal servicio y que las acciones de esta empresa generan tensión y violencia entre la comunidad.
De hecho, para múltiples órganos internacionales que trabajan por el reconocimiento de los derechos humanos, las discusiones en torno al uso de los recursos naturales como derechos fundamentales, así como el reconocimiento de garantías mínimas de habitabilidad en el marco del acceso a los servicios públicos, han ocupado un lugar significativo en sus agendas.
Sobre el tema, Humberto Sierra Porto, Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, manifestó en una conferencia de prensa dada en Cartagena en abril de 2015, que cada vez son más los casos que llegan a este tribunal relacionados con conflictos sociales como el acceso a los recursos naturales, las libertades individuales, la reivindicación de derechos de grupos históricamente excluidos, entre otros.
Esa es la lucha en todos los países de América Latina: Lograr equidad de género, el reconocimiento de las poblaciones indígenas, lograr que grandes multinacionales no exploten descaradamente nuestros recursos, al punto de lograr daños irreparables al medio ambiente o que las parejas LGBTI tengan plena garantía de sus derechos.
Para el caso colombiano, hay una realidad que opaca cualquier lucha social: tenemos un conflicto armado de más de medio siglo. Un conflicto armado que gracias a los diálogos que mantiene el gobierno con las FARC en La Habana, ha bajado su intensidad bélica y por lo tanto la cifra de muertes de militares, insurgentes o de población civil. Pero también un conflicto armado que ha dejado en el país más de 7 millones de víctimas, de las cuales casi 500 mil son del departamento de Bolívar.
Si bien las estadísticas son frías porque invisibilidad las particularidades de los hechos atroces que estas personas han sufrido, también el mal uso de este discurso conlleva a una revictimización de este amplio sector de la población.
Es loable que el mandatario departamental esté abanderando una lucha para terminar con la forma arbitraria y en ocasiones inhumana como Electricaribe trata a sus usuarios en Bolívar e incluso en la Región Caribe. Pero para ello no tiene que valerse de discursos populacheros para ganar raiting. Equiparar la problemática de Electricaribe con el conflicto armado, constituye un irrespeto para con las víctimas de Bolívar y con la historia misma de este país.
La campaña electoral ya pasó. Ahora el Gobernador debe tener una visión más integral del impacto que tendrán cada una de sus palabras, así como su equipo de trabajo y asesores deben mostrarle al mandatario cuáles son los límites que no se deben cruzar en el uso del lenguaje para no revictimizar a la población. Lamentable que el “Gobernador de la Paz” desconozca a través del discurso y de algunas acciones, la tragedia social que ha constituido para Colombia y particularmente para Bolívar el conflicto armado.
Si cometemos el error de comparar estas dos situaciones, como lo ha hecho el mandatario del “Bolívar Sí Avanza”, entonces habría que decir que: para solucionar el problema de Electricaribe, además de voluntad política del gobierno nacional para implementar sanciones drásticas a esta empresa, hace falta una alta capacidad de gestión que permita encontrar un tercero, que vea rentable el negocio y le compre toda la infraestructura energética a Electricaribe, se pague el pasivo pensional de esta empresa y para esto el panorama no pinta muy sencillo. Sólo por mencionar algunas de las cosas que se deben hacer **.
Por otro lado, para tratar de resolver el conflicto armado colombiano, hemos tenido que implementar un sistema alterno de justicia, para juzgar los hechos cometidos en estos años de violencia, y se han aprobado leyes como la 975 o la 1448, se negoció la desmovilización de grupos paramilitares y se tomó la decisión de sentarse a interlocutar con el grupo insurgente más antiguo del país (FARC).
La comparación es abismal.
¿Es peor tener a Electricaribe como empresa prestadora de un servicio público que la violencia en Colombia? Definitivamente no. Es muy insensible esta declaración. Nadie que haya vivido los horrores de la violencia en este país se atrevería a comparar ambos sucesos. Ni el mismo gobernador se creerá este escenario, pero con tal de seguir mojando prensa con el tema de Electricaribe, ¿qué más da?
¿Será que un campesino en Magangué o en Tiquisio prefiere estar seis u ocho horas sin luz o ver cómo matan a un vecino, a un hijo o incluso a él mismo? El ejemplo mismo es absurdo. Igual de absurdo que las declaraciones del gobernador Turbay.
Adenda: Finalmente se terminó aprobando el Plan de Desarrollo Bolívar Sí Avanza con un presupuesto para la Secretaría de Víctimas y Derechos Humanos de mil millones de pesos para el cuatrienio. Es decir, los dos primeros años 300 millones cada uno, y 200 millones para cada uno de los dos últimos años de gobierno. Este es el presupuesto para una de las Secretarías fundamentales en el contexto que vive el país y para la idea que ha vendido el mandatario Dumek Turbay.
* http://caracol.com.co/emisora/2016/06/05/cartagena/1465148347_346805.html
** La Silla Caribe ha venido trabajando sobre este tema http://lasillavacia.com/historia/la-ley-no-permite-entrar-un-operador-distinto-gerente-de-electricaribe-55910
