Aún sin conocer con certeza si los ciudadanos colombianos refrendarán el plebiscito por la paz, votando afirmativamente el 22 de septiembre, es importante que empecemos a pensar entre tantos acuerdos, que en principio son realmente propuestas con buenas intenciones, el manejo de la salud en el postconflicto.
Son innumerables los padecimientos de millones de colombianos durante los años que hemos vivido el conflicto armado, del cual no debemos olvidar que no solo son responsables las guerrillas que iniciaron su actuar con el supuesto fin de lograr cambios en la estructura social del país, para derrotar la inequidad, sino también otros grupos armados de aparición posterior, muchos de los cuales nos han dejado dudas en la eficaz actuación del Estado para combatirlos.
El punto 1 de los 6 consignados en el acuerdo final, corresponde a la reforma rural integral, y entre otros aspectos se refiere a transformar la realidad rural del país, erradicando la pobreza, promoviendo la igualdad y asegurando el pleno disfrute de los derechos de los ciudadanos. En lo referente específicamente a salud, propone acercar la oferta de los servicios de salud a las comunidades con la creación del Plan Nacional de Salud Rural, mediante el cual se iniciará la construcción y el mejoramiento de centros de prestación de salud, con adecuada infraestructura tecnológica para una mayor cobertura, calidad, permanencia y seguimiento en la atención.
Si bien todos los acuerdos y medidas de implementación de los mismos son de indudable importancia, la salud en todas sus facetas, es una de las claves principales para la construcción de esa paz “estable y duradera” a la que tanto se hace referencia en estos acuerdos. No puede construirse esta pretendida nueva y equitativa sociedad, con actores enfermos física y mentalmente, porque la gran mayoría de ellos viven en áreas donde la misma guerra ha impedido la llegada del Estado con sus programas de salud, y cuando ha llegado a medias, los recursos han tenido un manejo dudoso por parte de gobernantes locales, muchas veces presionados por los actores armados, que al final también terminaron enamorándose de la burocracia y la corrupción con recursos de los entes territoriales.
Aunque se recalque que las medidas de estos acuerdos son transitorias, y que el objetivo final es, que todas funcionen, se fortalezcan y puedan implementarse definitivamente no solo en el campo, sino en las ciudades donde hay muchos desplazados que no desean regresar y engrosaron los cordones de miseria viviendo a veces en peores condiciones sanitarias que en las zonas de donde llegaron, también es cierto que el Sistema de Salud en Colombia necesita de verdaderas reformas que equiparen la atención entre los regímenes subsidiado y contributivo, y erradique la tremenda corrupción conocida y en la gran mayoría de los casos extrañamente ignorada o minimizada por los entes de control.
Muy seguramente vendrá ayuda internacional en equipos y personal médico calificado, pero la verdadera responsabilidad del Estado es consolidar un sistema de salud acorde y consecuente con las necesidades de los ciudadanos, y blindado de las garras de quienes casi todos conocemos. Esta es una perfecta oportunidad para mostrarle al país que gracias a los avances de los acuerdos de paz, el derecho a la salud será una realidad para los colombianos.
La eventual ayuda en infraestructura, equipos de diagnóstico y tratamiento es bienvenida, de la misma manera que personal médico extranjero, pero nuestros médicos deben estar al frente de estos programas o capacitándose para asumirlos en el futuro.
