Cartagena parece una obra de tragicomedia codificada en bucle. Alcaldes sancionados, interinatos administrativos, investigaciones penales o disciplinarias a los mandatarios, denuncias de intereses oscuros que buscan apropiarse de los recursos de la ciudad, un cacicazgo que derrocha esos recursos mientras juega un ajedrez político, y malas decisiones de los ciudadanos al votar.
Esos elementos han configurado una cultura de desesperanza sobre el futuro de La Heroica y de paso han sumido a sus habitantes en una polarización política que no conduce a ninguna parte que no sea empeorar la situación social.
Lo que sucede con el alcalde Manuel Vicente Duque es un claro ejemplo de esa polarización, en la que los cartageneros podrían clasificarse entre quienes defienden al mandatario y quienes avalan su captura.
Manolo es procesado penalmente por liderar, junto a su primo José Julián Vásquez, un presunto sistema de corrupción con el que buscaban adueñarse de los dineros públicos al designar, en complot con concejales, a una contralora que respondiera a sus intereses. Ahí empezaron las investigaciones y, según la Fiscalía, los resultados arrojaron que el sistema de corrupción es más amplio y pronto se realizarán nuevas capturas que involucrarán a más funcionarios públicos.
En una sociedad con una mente sana esto habría provocado repudio y un escándalo de grandes magnitudes. Pero en Cartagena y en Colombia ni siquiera tomó por sorpresa a los ciudadanos. Para la gente del común -y se puede comprobar al hablar con personas en un barrio de cualquier estrato- no es raro que el político de turno ubique, a base de sobornos, a los funcionarios que le conviene en las dependencias donde fije sus intereses.
Tampoco es extraño que concejales hagan favores a los mandatarios con tal de obtener beneficios, o que una persona sea la que dirija a la alcaldía en la sombra. Todos los delitos que se le imputan a Manolo, a su primo y a los concejales eran secretos a voces que circulaban por pasillos y lugares de tertulias en Cartagena. Y esas prácticas se atribuyen también a sus predecesores e incluso a otros estamentos de la política nacional.
Pero esas prácticas, muchas cuestionables desde lo ético y otras constituyentes de delitos, se han normalizado en el imaginario colectivo, en el que parece entenderse que, como en el amor y la guerra, todo es válido en la política.
Esa falta de sensibilidad por el patrimonio público es, quizá, la mayor causa de los problemas de Cartagena. Carecen de esa sensibilidad tanto quienes venden sus votos en unas elecciones como los que los compran. También aquellos que sin venderse ni comprar, aceptan los hechos como elemento natural del sistema.
Y es la interpretación de esas irregularidades como algo natural la que tiene a los cartageneros en una gran polarización sobre la coyuntura política de la ciudad. El debate real de la situación se ha desviado de lo que en verdad importa.
Por un lado están quienes defienden a Manolo. Con carteles, camisetas, quemando la imagen del fiscal Néstor Humberto Martínez, y hasta proponiendo que se desintegre un órgano como la Procuraduría, que suspendió al alcalde mientras se investiga la caída del edificio de Blas de Lezo, un grupo grueso de la ciudad -algunos de ellos empleados del Distrito- asegura que Duque es inocente y que todo el drama penal se debe a intereses oscuros que buscan tomarse la ciudad por mecanismos distintos al voto.
Muchos aceptan que pudo haber cometido los hechos que se le imputan, pero se justifican en que otros alcaldes también lo hicieron en el pasado, por lo que reclaman una especie de jurisprudencia de la impunidad.
Por otro lado, hay una parte de la ciudad que ve con buenos ojos la captura del mandatario y aguarda porque la situación termine con un nuevo proceso electoral. Habría que ser muy inocentes para no sospechar que muchos de los que promueven esta iniciativa buscan un cambio de administración para promocionar candidatos afines a sus propios intereses o que favorezcan ciertas movidas para las elecciones presidenciales y legislativas que se avecinan.
Eso reduce la disputa en una lucha en la que sin importar quien se imponga, la perdedora seguirá siendo Cartagena. Mientras la dinámica política que nos gobierna no cambie, la ciudad seguirá sufriendo los mismos males y metida en el mismo círculo de repetición en el que está, con casi todos los mandatarios que han pasado por el Palacio de la Aduana vinculados en procesos jurídicos.
¿Cómo salir de ese bucle y salvar a Cartagena? Para empezar habría que cambiar el enfoque del debate. Lo que afrontan los cartageneros es más que un asunto de justicia, es un reto ciudadano.
Quienes están del lado de Manolo deberían entender que más allá de cualquier interés oculto, la mejor defensa que puede tener son sus actos en la Administración. Si cometió los delitos que se le atribuyen debe responder por ellos.
El reto, entonces, es evitar que la misma dinámica de corrupción llegue al poder de nuevo. Que no continúe ‘el mismo circo, pero con diferentes payasos’ como diría un amigo del barrio.
El panorama es siniestro y desalentador, pues en los comicios mandan las grandes mafias políticas tradicionales y es el dinero y los mayores financiadores los que suelen decidir los resultados electorales.
No pretendo tener una fórmula para combatir a los poderosos que se han turnado y robado los recursos de la ciudad por años. Este escrito es solo un llamado a los jóvenes de la ciudad para que asuman el cambio generacional.
Si existe una remota posibilidad de salvar a Cartagena, debe estar en el liderazgo de los jóvenes, aquellos que aún no se contaminan con el manto corruptor de los padrinos políticos.
La situación actual es una gran oportunidad para que esos líderes aparezcan en el escenario social y planteen nuevas propuestas. Sin embargo, es necesario que primero acaben con la polarización que parece tenerlos ocupados en un debate sin sentido. Antes de defender o atacar un proceso legal que debe quedar en manos de la justicia, conviene preguntarse: ¿Qué hacemos para salvar a Cartagena?
