Por Marcela Madrid Vergara*
La semana pasada, la pelea entre el alcalde William Dau y los concejales se llevó todos los titulares. Los insultos y los gritos nos impidieron ver en detalle esta noticia: “Mercados, la inversión más millonaria por Covid-19 en Cartagena”. Así titulaba La Contratopedia un artículo que desglosa cómo la Alcaldía ha invertido la plata pública en medidas frente a la pandemia.
La nota revela que más del 70% de esos recursos ($2.790 millones) se destinaron a comprar mercados para entregar a miles de familias pobres. Hasta ahí, todo muy bien, muy necesario y oportuno. Lo que salta a la vista es qué compraron y a quién se lo compraron.
Primero, ¿a quién le compraron estos productos? A dos mayoristas: Megatiendas, un supermercado con sedes en cuatro ciudades del país, y a Veneplast, una comercializadora de productos de todo tipo, conocida en Cartagena hasta ese día como una papelería.
En un comunicado, la Secretaria General, Diana Martínez, contó el detrás de cámaras de esa contratación: “Convocamos a una reunión el pasado 23 de marzo (...) a todas las grandes superficies que venden víveres y abarrotes en la ciudad, de las cuales asistieron Grupo Éxito, Olímpica, Ara, Megatiendas, Jumbo y Makro”.
Esto revela un problema estructural: el Distrito, al momento de decidir sobre la alimentación de las familias más pobres, contempló un solo actor: los supermercados. Nada ilegal, dirán, y tienen razón. Pero, mientras esto ocurría, los campesinos y campesinas de los Montes de María lanzaban gritos al vacío pidiendo apoyo para poder vender sus productos en medio de tres grandes males: el verano, los eternos problemas para sacar la comida de la parcela y la pandemia.
Hernando González, líder campesino de la Alta Montaña del Carmen de Bolívar, cuenta que sus cosechas están represadas porque las vías están cerradas, los intermediarios no están llegando a comprarles y tienen miedo de viajar a las centrales de abastos y resultar contagiados. Además, la cuarentena les ha impedido acceder a lo que no producen, como aceite, jabón o sal.
Una alternativa para aliviar esa carga sería que la Alcaldía de Cartagena y las de los municipios de la subregión les compraran directamente a los campesinos algunos de sus productos como parte de los mercados que están entregando. “Yo me imagino llevando ñame o plátano a las familias más vulnerables del casco urbano. Así los ayudamos a comer sano y se beneficia el sector rural”, dice Hernando.
Ahí viene la segunda pregunta: ¿Qué está comprando la Alcaldía en esos mercados? Esta canasta incluye los 17 productos de alimentos y aseo que propone la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para familias de cuatro personas: hay aceite, azúcar, lentejas, leche en polvo, papel higiénico, jabón, entre otros.
Ni una fruta, ni una verdura, ni un tubérculo. ¿Por qué? Esperanza Cerón, directora de Educar Consumidores, presentó una teoría en un webinar de Dejusticia sobre alimentación en tiempos de crisis: “El Gobierno nacional tiene una política de alimentación dirigida a los pobres, desde antes del Covid, en la que participan un pull de multinacionales como Nestlé, Coca Cola y Danone. Ese es el grupo asesor del gobierno en materia de alimentación”.
La invitación a la Alcaldía, en articulación con la Gobernación de Bolívar, es que vayan más allá de esa canasta que propone el Gobierno e incluyan los alimentos que producen los campesinos de la región. ¿Qué tal sacar una bolsa de azúcar y meter un frasco de miel producida en los apiarios de Montes de María?, ¿o reemplazar la harina por el maíz de la cosecha?, ¿o una lata de atún por un par de aguacates carmeros?
Eso les permitiría a los productores sacar sus cosechas, y al Distrito ofrecer una canasta más saludable para ayudar a las personas a mantener un buen estado de salud que los haga menos vulnerables a las enfermedades de diverso tipo, incluyendo las respiratorias y el Covid-19.
Que sea más fácil comprarle a Megatiendas que a una familia campesina desde el punto de vista logístico y contable no implica que los gobiernos locales no puedan hacer algo al respecto. Ya la Gobernación del Cauca y del Magdalena están implementando estas estrategias de compras públicas a los campesinos, mientras que la Alcaldía de Bogotá está apoyando los mercados campesinos a domicilio.
Para no ir más lejos, en Cartagena ya arrancó una iniciativa privada que busca donaciones para entregar 3,8 toneladas de alimentos de Montes de María a 450 familias vulnerables de la ciudad. Funciona así: Dos camiones salen con la cosecha desde los pueblos hasta Cartagena, donde los trabajadores de los restaurantes desinfectan y empacan los mercados con fríjoles, yuca, ñame y aguacate; finalmente, con la ayuda de una fundación local hacen la entrega a las familias.
Cuentan que el proceso es difícil y a veces lento; les ha tocado esperar mientras el campesino consigue internet para mandarles la foto de la cédula e incluso asesorar a algunas asociaciones campesinas para actualizar su documentación.
Pero todo esto es prueba de que comprarle al campesino no solo es posible sino que, ahora y siempre, es un deber.
*Comunicadora de Dejusticia.
**Foto: Andrés Bo/Dejusticia.
