Por Cheryl Morris*
La pandemia puso en evidencia todo lo que no funciona bien o ni siquiera funciona en el país. Temas estructurales y desigualdades sociales que debíamos entrar a resolver cuando la guerra con las FARC-EP dejó de ser nuestra preocupación principal, continuaron rezagados y ahora nos saltan fuerte y de frente con el COVID-19.
Las cifras del Sistema de Salud en Colombia son las más desesperanzadoras. Una deficiente disponibilidad de camas en las Unidades de Cuidados Intensivos, distribuidas de forma inequitativa; poco personal de salud disponible (1,8 médicos y 1,1 enfermeras por cada 1.000 personas, respectivamente, nos ubican en los peores lugares dentro de los 45 países del ranking de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), se suma a la carencia de elementos de bioseguridad para que el personal de salud desarrolle sus labores.
Otros temas, como la cobertura en servicios públicos domiciliarios, el acceso a la educación, el empleo, la seguridad y la posible corrupción en contratos de alimentación para atender la emergencia, también preocupan.
Estas situaciones son más apremiantes en la población rural del país que ha sufrido desigualdades históricas, evidenciadas entre otras cosas en los datos sobre necesidades básicas insatisfechas y goce efectivo de derechos. Por ejemplo, en el caso del derecho a la educación, según la Encuesta de Calidad de Vida 2018 del DANE, la diferencia en años de escolaridad entre las cabeceras municipales y las zonas rurales dispersas, es de por lo menos 2,2 años; el servicio de internet tiene una cobertura en la ruralidad del 10% (en el Caribe es del 9%), habiendo municipios que apenas alcanzan un 4%, situación que representan un obstáculo importante para el éxito de la estrategia de educación virtual durante el confinamiento.
Igual sucede con el servicio público de acueducto donde la cobertura en algunos departamentos no llega al 22% (en Bollívar es del 78,7%) (según el Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018), o donde habiendo acueductos, el agua no es apta para el consumo humano. La principal medida exigida para la prevención del COVID-19 es el lavado de manos y en las comunidades rurales, como en las de Montes de María, nos están diciendo que no tienen agua "ni para beber". Así lo han denunciado en distintos comunicados y recientemente en una carta al presidente Duque, donde se sumaron a diversas organizaciones étnicas y campesinas del país, para exponer este y otros problemas en la ruralidad que hoy nos recuerdan la importancia de que se resuelvan, pues parecemos no entender que la crisis del campo no solo afecta a sus pobladores, sino al resto de los colombianos que dependemos de lo que ellos producen para alimentarnos.
A la par que las comunidades expresan estas preocupaciones, en su carta al gobierno nacional también presentan propuestas fundamentadas y dan muestra de acciones de gobierno propio como el cerramiento de vías de acceso para prevenir la llegada y/o propagación del virus en sus comunidades; la gestión comunitaria de agua a través de acueductos comunitarios que han reconectado a los usuarios que se encontraban suspendidos, y han autorizado compartir agua entre vecinos, para los casos en que las tuberías se encontraban dañadas. Propuestas y acciones en las que vale la pena profundizar, fortalecer y a las que el gobierno debería responder.
Entre otras cosas estas organizaciones en su carta solicitan:
- Expedir el plan nacional de salud rural con enfoque territorial,
- Suministrar agua potable y elementos para potabilizar la que se tiene de manera permanente, proteger las fuentes hídricas, garantizar su acceso público y libre.
- Regular y garantizar la comercialización de alimentos campesinos a precio justo,
- Apoyar las emisoras comunitarias por ser el medio más efectivo para la educación en la población en las zonas rurales, eximiéndolas del pago de contribuciones, tasas e impuestos por este año, y asignarles un presupuesto como contrapartida por la emisión de campañas gubernamentales para controlar la pandemia.
- Adecuar los programas de prevención y atención para las niñas y mujeres en la ruralidad quienes son las principales víctimas de violencia intrafamiliar y sexual.
- Implementar medidas contundentes en la garantía y protección del derecho a la vida, la integridad personal y del derecho a defender derechos.
En medio de las carencias e incertidumbres en esta coyuntura, estas comunidades también nos reconfortan con los ejemplos de solidaridad, donando elementos de protección como tapabocas y alimentos entre vecinos y hacia la población más vulnerable de algunas ciudades como Cartagena.
Nos asaltan entonces, algunas de las preguntas que deberíamos resolver: ¿Qué deberían hacer los gobiernos locales para responder a la generosidad del campo?, ¿cómo aprovechar la coyuntura para generar un compromiso en los gobiernos para la transformación de la realidad rural?, ¿cómo actuarán los gobiernos frente a la crisis sin seguir profundizando las desigualdades sociales?
*Investigadora de regionalización de Dejusticia.
