Por: Ivonne Elena Díaz García*
El balance de Cartagena en estos 65 días de cuarentena por la COVID-19 es desalentador. Si bien el Instituto Nacional de Salud establece que la práctica de pruebas ha aumentado, la poca coordinación de la administración Distrital en la toma de acciones para enfrentar la pandemia ha contribuido a la duplicación de casos, siendo en este momento la tercera ciudad del país con el mayor número de muertes y contagios por millón de habitantes.
Aunque la Alcaldía decretó medidas de confinamiento antes de que lo hiciera el gobierno nacional, ha entregado alimentos en barrios socioeconómicamente vulnerables y ha adquirido insumos sanitarios para afrontar la pandemia (estos últimos criticados por sus altos costos en la contratación), estamos a la espera de mayores acciones de gobernanza en relación a la pandemia, gestión pública y articulación integral a nivel local.
Urge un liderazgo que incorpore a la crisis sanitaria todas las dependencias del gabinete distrital para afrontar integralmente la situación. Durante el confinamiento, no se conocen medidas tomadas por el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) en torno a la ampliación de infraestructura, equipamiento de suministros y personal médico necesarios para fortalecer la frágil red hospitalaria local, situación que habría motivado la renuncia del titular de esa dependencia en medio de la crisis.
Además, esta pandemia tiene unas dimensiones sociales que necesitan del activo direccionamiento de todas las secretarías de gobierno. Estas dependencias deberían convocar a organizaciones sociales como Funsarep o Fundación Grupo Social, quienes, a través de procesos de participación ciudadana en los barrios populares de la ciudad, han logrado experiencias transformadoras de su entorno. Prácticas que en este momento podrían ser claves para sensibilizar a la ciudadanía sobre los riesgos del coronavirus.
Según el DANE, Cartagena cuenta con un 19,9% de pobreza multidimensional y según lo revela la última encuesta de percepción de Cartagena Cómo Vamos, un 25% de los cartageneros admitió que en las últimas cuatro semanas al menos un integrante de la familia se acostó sin comer alguna de las tres comidas diarias. Esta información, aunque fue recopilada 5 meses antes de que se prendieran las alarmas por el coronavirus, puede resultar muy útil para establecer una perspectiva diferenciada sobre el riesgo de contagio relacionada a la vulnerabilidad socioeconómica de las personas.
Esto indica que la ciudad necesita de una Secretaría de Hacienda que presente a la ciudadanía un plan de priorización de inversión de recursos y recaudo de los mismos, que esté conectada a las discusiones nacionales de renta básica para garantizar el derecho al mínimo vital a las personas en situación de pobreza extrema durante la cuarentena. Como lo propuso Dejusticia en una intervención ante la Corte Constitucional alusiva al Programa de Ingreso Solidario.
En cuanto al distanciamiento físico, antes de apostarle al prohibicionismo y a la militarización de los 140 barrios con contagios, la Secretaría del Interior y la Escuela de Gobierno deberían enfocar sus esfuerzos en implementar una estrategia de pedagogía social orientada a la educación comunitaria para la gestión del riesgo y en generar una cultura ciudadana del cuidado. Se trata de cambiar hábitos, no de empeorar la situación aumentando detenciones innecesarias y abusos policiales.
Así mismo, Transcaribe y el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) deberían impulsar una movilidad sostenible que mitigue el riesgo de contagio. Teniendo en cuenta que un 27% de los cartageneros usa Transcaribe como medio de transporte, y otro 23% las busetas, hacen falta rutas especiales y más frecuencia de buses para evitar las aglomeraciones que vemos a diario. Es necesario apoyar estas acciones con medidas de higiene como la toma de temperatura y la instalación de dispensadores de alcohol en gel en las estaciones.
En suma, el tratamiento a esta crisis requiere de una alcaldía distrital coordinada, sincronizada con las discusiones regionales y nacionales, capaz de ejercer la articulación de todas las competencias políticas, administrativas, sociales y económicas del Estado local, que se vean reflejadas en la inversión de recursos en la red hospitalaria, en el aumento de pruebas, en la disminución de contagios, en la transparencia de la información y provisión de mínimos socioeconómicos que permitan a la gente sostenerse en la cuarentena.
PD: El papel de las EPS en esta crisis ha resultado polémico, pero en la práctica resulta importante la realización de pruebas gratuitas como lo han implementado Mutual Ser y Coosalud en los barrios El Pozón, Nelson Mandela y Olaya Herrera, lugares en los que se encuentra el mayor número de infectados de la ciudad. Inicio de una gestión que debe seguirse con más acciones para enfrentar el coronavirus. Actuaciones que deben ser el centro de la estrategia y no su distractor.
*Investigadora de regionalización de Dejusticia
** Foto: Luis Gabriel Salcedo
