Por Cheryl Morris*
“Hoy sabemos que la pandemia impide al Estado cumplir sus funciones referidas a garantizar los derechos de los ciudadanos, más no [le impide] reprimir, estigmatizar y violentar a los líderes sociales…” Es lo que se lee en el comunicado público de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, Sur del Magdalena y Procesos de los Santanderes, en rechazo a la detención de su histórico vocero: Teófilo Acuña, ocurrida este 15 de diciembre de 2020.
Esta detención se suma a la de Adelso Gallo, ocurrida el mismo día y a la de Roberto Daza, realizada en la madrugada del 16 de diciembre, quienes han dedicado sus vidas al liderazgo social en luchas campesinas y agrarias a nivel regional y nacional. Para el Congreso de los Pueblos esto es una estrategia de criminalización para deslegitimar el movimiento, pues en el pasado reciente también fue capturado su secretario técnico Julián Gil y declarado inocente después de más de 2 años de detención.
Las que parecen ser detenciones arbitrarias de estos tres líderes, entrarían en la larga lista de las ocurridas este año. Según el informe Noche y Niebla Nº 61 del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), entre enero y junio de este año, agentes del Estado realizaron 281 detenciones arbitrarias, que tienen que ver con abuso de autoridad o intolerancia social y con persecución política. Estas detenciones hacen parte de los 669 casos de violaciones al DIH y violencia política registrados en el mismo período y que han estado en aumento desde el primer semestre del año 2019, según el mismo informe.
El aumento de las violaciones a derechos humanos por parte de agentes directos e indirectos del Estado, como lo informa el CINEP, así como las acciones de violencia contra liderazgos sociales y las circunstancias de estas nuevas detenciones, muestran la continuidad de ciertos patrones observables en el conflicto armado reciente en el Caribe. Así, parecen responder a una lógica similar con la que ocurrieron las violaciones a derechos humanos durante la política de seguridad democrática.
En aquella época (2002), el marco normativo disminuía las garantías constitucionales en relación con el derecho a la libertad. Esto produjo una estigmatización en la población civil al señalar que, por ejemplo, se podría retener preventivamente sin orden judicial a los conductores y a sus ayudantes, en las zonas de rehabilitación y consolidación. Así mismo, esta normatividad consideraba que los grupos armados ilegales se “mimetizaban” en la población civil, convirtiendo a esta en “aliada del enemigo”.
Lo anterior, propició que se realizaran más de seis mil capturas entre el 7 de agosto de 2002 y el 06 de agosto de 2004, según el Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia-Europa. Varias instituciones del Estado (DAS, Fiscalía, Ejército) realizaron operativos conjuntos para llevar a cabo estas capturas, caracterizadas por su masividad y carencia de fundamentos probatorios, como ocurrió con cientos de personas en El Carmen de Bolívar y todo Montes de María, así como en otras regiones del país. Para los detenidos, esto significó daños al buen nombre y destrucción de los vínculos y confianza con la comunidad.
Con Dejusticia, el pasado 7 de septiembre, acompañamos ante la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, a un grupo de ciudadanos: campesinos de bien, algunos que ejercían liderazgo social, quienes presentaron un informe en el que solicitan, entre otras cosas, que se establezcan las responsabilidades de agentes estatales en estas violaciones y se indague la independencia judicial de la Fiscalía y su capacidad de ser garante de los derechos de los capturados en la época.
Las peticiones de los líderes campesinos capturados recientemente, van en el mismo sentido: i) garantías procesales reconociendo el rol de líder social y su carácter de posible víctima de un montaje judicial e ii) investigar el uso político de los órganos de investigación y de justicia que no muestran resultados al investigar asesinatos de lideres sociales. Con casi 20 años de diferencia entre la ocurrencia de unas y otras capturas, el clamor es el mismo.
En este momento, en el que a pesar de todos los obstáculos, muchos sectores del país persisten valientemente en el transito a la paz estable y duradera. Es importante que las víctimas del conflicto armado, los miembros de procesos comunitarios organizados, ONGs y ciudadanía en general, exijamos al Estado: (i) no repetir los errores y las execrables prácticas que en el pasado usó contra el movimiento campesino, bajo la excusa de la guerra; y (ii) que proteja los espacios democráticos de participación, sin miedo a represalias.
El debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a ser escuchado en libertad, son principios indispensables para que no se repitan detenciones injustas que frenen a procesos sociales, absolutamente claves y necesarios para lograr condiciones de vida digna y la erradicación de la violencia.
* Investigadora del Área de Regionalización de Dejusticia.
