Por Marcela Madrid Vergara*
La secuencia parece sacada de un guión escrito en la oficina de protocolo del Palacio de Nariño: el presidente Duque se baja de una camioneta blindada, saluda a la gente con puñito, les soba la cabeza a los niños, pregunta que cómo se llama “la princesa”, promete inversión y fuerza pública como fórmula mágica para llevar la tranquilidad al territorio.
Así podría resumirse la visita que hizo el Presidente a El Salado el pasado 5 de febrero. El asunto que lo llevó a este corregimiento de El Carmen de Bolívar —tristemente célebre por la masacre que vivió hace 20 años— fueron los últimos panfletos que rondaron en el pueblo con amenazas a 11 líderes, llevando a algunos de ellos a abandonar la zona.
Al llegar dijo “aquí no vinimos a hacer visitas protocolarias, vinimos con una visión para actuar de manera integral”. Pero varios episodios de la visita la hicieron particularmente decepcionante para la población y demuestran, una vez más, que Iván Duque parece gobernar de espaldas a la gente.
Primero, las palabras que escogió para abrir su discurso no se refirieron a la situación de seguridad ni a la importancia del liderazgo social. No. El Presidente decidió empezar aclarando que, para él, “no hay ninguna diferencia entre una masacre guerrillera y una masacre de las autodefensas”. Siguió diciendo que a todos hay que “aplicarles el peso de la ley” por igual y que la justicia transicional debe imponer sanciones efectivas.
¿Qué tiene que ver esto con la seguridad de los líderes y lideresas de El Salado? Probablemente poco, pero unos días antes la JEP había dado a conocer su primera decisión contra los antiguos miembros de las Farc por los crímenes de secuestro. Todo indica entonces que el Presidente escogió precisamente esta visita para lanzarle indirectas a la justicia transicional. No es la primera vez que lo hace; incluso el Presidente de la Jurisdicción tuvo que recordarle públicamente que existe la independencia judicial. Y, como para seguir cumpliendo el guión oficial, así fue como muchos medios de comunicación decidieron titular esta visita.
Mientras tanto, afuera del salón donde el Presidente se reunía con miembros de su gabinete, con funcionarios locales y tres líderes de la comunidad, decenas de líderes protestaban porque no les habían permitido participar en la reunión. “Hoy nos sentimos humillados, excluidos y revictimizados (...) La comunidad pide a gritos ser escuchada y los gobernantes nos echan a un lado”, se lee en un comunicado del grupo Unidos por El Salado, iniciativa que reúne a tres organizaciones y 20 líderes del corregimiento y sus veredas.
El malestar de este grupo se explica porque no era el primer intento frustrado de sentarse a hablar con las autoridades. El 20 de enero, cuando empezaron las amenazas, hicieron un plantón en la sede de la Gobernación en el casco urbano de El Carmen. Allí, según cuenta una de las organizadoras, “fuimos coptados por los militares que nos dijeron que no podíamos hacer el plantón”.
La semana siguiente lograron que la Alcaldía del municipio organizara unas mesas de trabajo para concertar propuestas de soluciones con la comunidad. Eso fue lo que les presentaron a los ministros que visitaron la región unos días después, pero cuando llegó el Presidente, no hubo manera de hacerlo. “Ese día los funcionarios de la Alcaldía no querían que los líderes participáramos, ni siquiera nos avisaron que venía el Presidente”, cuenta la lideresa.
Después, como para no alterar demasiado el guión, el Presidente terminó cediendo a la presión ciudadana: “Cuando él vio que había una protesta afuera, paró la reunión y decidió que entraran dos representantes del grupo que protestaba”. Así, los voceros lograron presentar rápidamente algunas de las ideas que llevaban semanas trabajando.
Este episodio deja varias preguntas:
¿Por qué sí hubo espacio para llenar un salón con decenas de funcionarios municipales, departamentales y nacionales pero no para un número amplio de líderes y lideresas que representaran los diferentes procesos sociales de la comunidad?
¿Por qué el Gobierno nacional envía a sus ministros a escuchar a la gente y luego, cuando llega el Presidente, esos líderes quedan por fuera?
¿En qué se basan las medidas que le ordenó Duque a su gabinete si no escuchó a fondo las propuestas de la población?
¿Por qué no hizo ni una sola mención al PDET de los Montes de María?
Y sobre todo, ¿a qué fue Duque a El Salado?, ¿a despacharse contra la JEP?
La desarticulación entre el Gobierno nacional y las autoridades locales es evidente. La desconexión de todos ellos con la comunidad, aún más. Los gobernantes de todos los niveles parecen olvidar que, casi siempre, las respuestas están en la gente.
Un ejemplo de ello son las propuestas serias y estructuradas que lleva meses difundiendo el Espacio Regional de Construcción de Paz de los Montes de María. Son ocho ideas concretas y realizables para superar el recrudecimiento de la violencia en la subregión, como por ejemplo construir un mapa de riesgo o realizar un festival anual de la reconciliación. ¿Cuándo las van a escuchar? ¿Cuándo harán parte del guión?
*Comunicadora de Dejusticia
