El paro sigue y por lo que veo, seguirá. Hoy hace treinta y tres días desde que se iniciaron las manifestaciones en contra del gobierno nacional a través de paros, marchas, bloqueos y protestas, todo parece indicar que no van a cesar pronto ni fácilmente, hecho que trae muchas angustias, principalmente al gobierno y a algunos segmentos del sector privado.
Las justificaciones que generalmente se pueden ver en algunos medios y redes sociales, tienden a ser simplistas y sesgadas. Si bien es claro, toda opinión lleva inmerso un interés o convicción ideológico-política, debemos mirarlas con detenimiento inquisitivo; preguntándonos siempre, qué motiva a cada quien a expresar una consigna en contra o a favor de los acontecimientos que rodean al paro y las manifestaciones.
Está claro que existe una inconformidad rotunda en el pueblo colombiano, ya no sólo en cabeza de las clases históricamente desfavorecidas —pobres históricos, negros, indígenas, comunidad LGBTI, población en condición de discapacidad, desplazados, subempleados y desempleados, etc…— sino que cada vez se suman actores y manifestantes de las clases medias y altas a la creciente inconformidad colectiva.
El inhumano sistema depredador que impera se desbordó más allá de los límites tolerables para cualquier sociedad. Esto ha llegado a la polarización extrema entre los que tienen (y han tenido) el poder económico y político del país por décadas, en contra de los que proveen los medios —mano de obra barata y dinero a través de las contribuciones impositivas— para que los que tienen el poder sigan disfrutando de sus formas de vida y privilegios, que por tenerlos durante tanto tiempo, creen que es un derecho. Pero no, no lo es, nunca ha sido, ni será un derecho: Son privilegios. Esto no es nuevo, esta maceración multigeneracional que ha venido abriendo y ampliando las brechas e inequidades sociales, económicas y políticas en Colombia debe tener una cota final, debe ser ahora. Espero que sea ahora.
Nos cansamos de vivir en un estado se ansiedad e incertidumbre permanentes porque nunca se tienen los medios materiales o inmateriales suficientes para poder acceder a una buena educación pública —mucho menos a una privada—, un servicio de sanidad digno, buenos servicios públicos viables de costo para todos por igual, acceso a un trabajo digno conforme a las capacidades e intereses de los ciudadanos. Tener un Estado fuerte que nos defienda de la soberbia de un sistema financiero mezquino y protervo que genera impensables utilidades anuales con impuestos irrisorios a expensas de los esfuerzos de la clase trabajadora; en vez de favorecerlos para seguir oprimiendo a los ciudadanos. Colombia tiene los recursos —humanos, financieros, sociales, naturales y materiales— suficientes para proveer el bienestar de sus gentes, pero el espíritu extractivista, jerárquico patriarcal, racista y excluyente que ha poseído a las élites dirigentes de este país, desde sus inicios, se manifiesta permanentemente con un sinnúmero de mecanismos de corrupción que le cuestan al Estado más de $50 billones de pesos anuales, condenando a la gente del común a la peor de las suertes y miseria.
El peor resultado de estas prácticas malsanas, es la desconfianza creciente y recurrente frente a los líderes políticos locales, regionales o nacionales —sea que esté electo o no— porque lo que se ha evidenciado a través de los años y décadas, es que la mayoría de ellos no tienen enfocados sus intereses en el bien común sino más bien en los propios y el de sus patrocinadores financieros. La gente del común aprendió a desconfiar también de sus iguales porque siempre se ha dado una traición unilateral e individualista de algunos, una componenda solapada y subrepticia que los beneficia momentáneamente pero que excluye y engaña a los propios, para luego perpetuar la condición marginalidad de las mayorías. Estamos fracturados y rotos por dentro, sin los elementos de juicio suficientes para discernir de forma colectiva que es lo más conveniente para todos. Existe una cierta anarquía desidiosa que nos paraliza.
Por eso es que a este presidente, como a muchos otros en el pasado, nadie le cree. Por eso al congreso y a los congresistas, no les creemos. Tampoco les creemos a los alcaldes o gobernadores, concejales y los invisibles diputados a las asambleas departamentales, que ni idea para qué sirven en un sistema que les ha restado todo poder y relevancia a los gobiernos departamentales. Burocracia inservible. Todos son legalmente elegidos pero ilegítimos de facto. Los niveles de abstención electoral y mecanismos como el voto en blanco son tan altos que los electos no representan casi nada, ni a nadie excepto a ellos mismos y quienes les financiaron sus campañas para comprar votos.
La función de la Mesa Nacional del Paro, MNP, es loable por haber convocado a la acción ciudadana, pero muy lejos está este cuerpo colectivo de representar los diversos intereses de la sociedad civil, sobre todo las de las ciudades medianas y pequeñas de la periferia colombiana que son las que más sufren la tiranía del poder central bogotano. Entonces hay que reconocer que la MNP tuvo el poder para convocar a la movilización social, pero no estoy seguro que tenga el poder o la legitimidad suficiente para frenarla.
Considero que este es el momento preciso para construir confianza ciudadana, preferiblemente sin presencia del gobierno; la sociedad civil debe ser capaz de generar y reconocer liderazgos locales que puedan construir una agenda de peticiones que sea agregativa y complementaria con las de otras ciudades. Estos actores deben ser parte integral de la MNP también, debe abrirse la Mesa a la presencia de afros, indígenas, comunidad LGBTI, población en condición de discapacidad, mujeres, jóvenes de todas las regiones y todos aquellos que estén dispuestos a consolidar-refrendar el contrato social contenido en Constitución Política de Colombia.
Sobre todas las cosas lo que se necesita dejarle claro al gobierno nacional, es que la sociedad civil es la que tiene el poder y que ellos fueron elegidos para servir a la ciudadanía y no lo contrario. La sociedad civil es y debe ser superior al gobierno. No son ellos los que deben imponer las condiciones de negociación, es la sociedad civil la que lo debe hacer y en tanto ellos no lo entiendan y acaten, la sociedad civil deberá seguir haciendo lo que hasta ahora viene haciendo: manifestarse de todas las formas posibles, hasta recibir el estatus que ella misma considere que debe tener.
Nota aclaratoria: No soy y nunca he tenido vínculos con grupos de izquierda o derecha extrema. Me considero un social-demócrata que cree firmemente en los estados de bienestar y en el capitalismo controlado que sirve, pero no depreda el medio ambiente, la humanidad o los conjuntos sociales, especialmente a los menos favorecidos.
