La interminable lista de problemas por resolver para el nuevo gobierno, incluye las crisis que afrontan los centros de detención o “cárceles”, lugar en el que los condenados cumplen las penas impuestas por la justicia, tras haber cometido actos tipificados en la ley penal como “delitos”.
El hacinamiento y las condiciones de reclusión para los internos, en algunos casos pueden ser considerados infrahumanas. El sistema penitenciario no cumple con su función de resocializar al transgresor de la ley, para que luego de un tiempo de detención, contribuya al mejoramiento de la sociedad con lo aprendido durante el tiempo que pagó su condena. Sin embargo, esto no es un problema nuevo. Han transcurrido años y décadas, bajo la vista gorda de los gobiernos de turno. Se ha vuelto común escuchar que los delincuentes aprehendidos por la comisión de delitos, son reincidentes y sus prontuarios acumulan muchos artículos del código penal.
Es necesario realizar una reforma al sistema penitenciario colombiano, actualizar las edificaciones destinadas a la reclusión de los internos; podría ser a través de la construcción de cárceles modernas, que garanticen, ante todo, la dignidad en el trato con las personas privadas de la libertad y una resocialización el tiempo que dure la condena. Transformar al delincuente en un hombre arrepentido y útil a la sociedad es un deber del Estado.
Sumado a esto, otro problema que ocasiona la antigüedad de la mayoría de las cárceles del país, es que no cuentan con sistemas contra incendios, y muchas de ellas han crecido sin una planeación que garantice condiciones en pro de la vida y bienestar de los reclusos. Es muy difícil tratar de cambiar el pensamiento de los internos, en un ambiente hostil, lleno de necesidades y peligro constante.
A propósito de las condiciones precarias en las que se encuentran la mayoría de los centros penitenciarios del País; la Cárcel de mujeres del distrito de Cartagena que está ubicada en el municipio de Turbaco, no tiene conexión a una red de servicio de acueducto y el agua le es suministrada por carrotanques, ¿Qué pasaría si en esta cárcel se llega a presentar un incendio como el de Tuluá?
¿Debe un condenado pagar su deuda con la sociedad, aún cuando esta ignora las condiciones de su resocialización y el Estado no le garantiza unas condiciones dignas? Cometer errores es de humanos, resocializar al infractor es un deber del Estado. Paz para las 52 almas que murieron en prisión.
