Petro debe asumir el pago del fallo que obliga a la UDC devolver los recursos de la estampilla a ECOPETROL

Sobre el actual panorama y retos de la educación en Colombia y la Universidad de Cartagena, conversé con Davy Mejía; Representante Estudiantil del Programa de Historia (Curso 1°), Vocero de la Organización Colombiana de Estudiantes (OCE) y Miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (ACREES).

Luis Ariel .: ¿Cuál es su diagnóstico sobre el panorama actual de la educación superior pública en Colombia y las causas que explican tal situación? 

Davy Mejía: El panorama es alarmante y sus causas estructurales. Cuando inicia la apertura económica en los 90s, la definición política fue congelar los recursos que requieren las IES públicas para garantizar sus objetivos misionales y en contravía se fortaleció el endeudamiento vía ICETEX. La Ley 30 de 1992 amarró la asignación de recursos al IPC pero la canasta de necesidades según el SUE ha crecido 5% por encima de ese indicador. Antes de dicha Ley, el 77% de los recursos de funcionamiento de las universidades provenían del gobierno nacional y hoy la proporción es del 52%. Así las cosas, no extraña que en un país que genera menos de 6000 dólares de riqueza por habitante al año y cerca de 1.2 millones de jóvenes desempleados, las tasas de deserción con corte en 2021 sean del 50% para ITTUs y del 46% para las universidades. La mala educación ha sido una política de Estado.

L.A.: ¿Cómo valoras la agenda del gobierno nacional de Gustavo Petro frente al sector de la educación superior ?

D.M.: El gobierno Petro se hizo elegir a nombre de las banderas del "cambio" y tras un año de presidencia los hechos muestran lo contrario, especialmente en educación. Mientras se profundiza la crisis de la educación pública, sigue siendo prioridad presupuestal el pago del servicio de la deuda que este año representa el 16% del PGN y el fortalecimiento del crédito educativo con ICETEX, que para 2023 recibió 3.8 billones de pesos de la nación y se acerca cada vez más al presupuesto total de las 34 universidades públicas. Y se suman hechos graves como mantener el Pago Contingente al Ingreso, una política de gratuidad que no garantiza universalidad (ni en el reglamento operativo ni en la nueva ley) y MinCiencias con penúltimo rubro del PGN. Más allá de los anuncios, que tienen mucho de engañosos, Gustavo Petro mantiene en lo principal lo que viene desde 1990.

L.A.: A propósito de sus planteamientos anteriores, ¿se escapa la Universidad de Cartagena de la actual crisis de financiación de las IES Públicas?

D.M.: Por supuesto que no. La tendencia para las 34 universidades públicas del país ha sido que han visto congelados los recursos que les asigna la nación y por tanto, tienen que acudir a la venta de servicios, aumentos de matrículas y derechos pecuniarios, entre otras medidas, como forma principal de sostenimiento. A modo de ilustración; a nivel nacional pasamos de 150.000 mil a 650.00 estudiantes en 30 años y la Universidad de Cartagena desde el año 2000 hasta hoy ha cuadruplicado su población estudiantil con recursos propios que hoy se aproximan al 50%. En resumen, nuestras universidades están obligadas a tener que hacer más con la misma plata y con un alto componente de autofinanciamiento. Y la situación empeora, en razón de la orden del Consejo de Estado de devolver recursos por cobro de estampilla.

L.A.: Frente al fallo del alto tribunal que ordenó a la UdeC devolver cerca de 50 mil millones por cobro de Estampilla, ¿Cuál es la raíz de ese problema?

D.M.: Al margen del debate judicial -que tiene sus escenarios para controvertirse-, la comunidad universitaria no puede excluir del análisis el hecho que la adopción del mecanismo de financiación vía estampillas en las IES públicas tiene que ver con la crisis presupuestal que afronta la educación superior pública en razón del actual esquema de financiación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30. Haber amarrado la destinación de recursos a las universidades a la inflación, dificulta cubrir los objetivos misionales básicos de los claustros; cobertura con calidad, bienestar, investigación, etc. Esto implica que nuestras instituciones se vean obligadas a buscar fuentes adicionales de recursos para autofinanciarse, que según el SUE se estiman en un 48% a nivel nacional.

L.A.: ¿Qué consecuencias podría tener para la UdeC la materialización de dicho fallo y que alternativas existen al respecto?

D.M.: El fallo del Consejo de Estado, que en el marco del Estado de Derecho debe ser acatado, para la UdeC podría implicar efectos de proporciones irreversibles en materia de funcionamiento y en detrimento de los estudiantes, docentes y personal administrativo. El monto de recursos por devolver a pesos de mayo de 2023 serían 90 mil millones e Intereses hipotéticos sobre el monto de aproximadamente 300 mil millones (Correa, 2023). Si tomamos de referencia el presupuesto aprobado para la vigencia fiscal 2023 en la UdeC no se podría atender esa obligación sin poner en jaque sus operaciones. En consecuencia, se hace urgente un plan de salvamento por parte del gobierno nacional de Petro, para que no recaiga sobre los hombros de las mermadas finanzas de la UdeC, el cumplimiento de dicha obligación.

L.A.: Descrito lo anterior, ¿cuáles consideras que son los retos principales del movimiento estudiantil de Cartagena en la actual coyuntura del país?

D.M.: A mi juicio, el movimiento estudiantil con independencia y autonomía, debe enfatizar como banderas en el actual debate: 1) Petro debe asumir el pago del fallo que obliga a la UdeC a devolver recursos de estampilla a ECOPETROL. 2) Exigir reformar la Ley 30, especialmente en sus artículos 86 y 87, para garantizar financiación plena a las bases presupuestales y reconocer deuda histórica de 18.2 billones de pesos. 3) Señalar que la actual política de gratuidad no garantiza universalidad en Pregrado ni Posgrado y está sujeta a varias barreras de acceso. A esto se suma, que los entes territoriales y las propias IES se meten la mano al bolsillo para concurrir, cuando debería ser responsabilidad del gobierno nacional.

Todo lo anterior, en ambiente de amplitud y unidad, para esclarecer las ideas que le sirvan a la educación superior pública y propiciar con organización los verdaderos cambios democráticos que el país y el sector requieren.