En un país donde la autoridad judicial carga décadas de desconfianza ciudadana, hoy más que nunca nos enfrentamos a una pregunta incómoda: ¿la justicia colombiana está haciendo justicia o simplemente está acomodando las reglas según la presión mediática y el objetivo del momento?
La discusión no es nueva, pero sí cada vez más alarmante. La aceptación de pruebas obtenidas sin autorización judicial o violando garantías fundamentales ha encendido todas las alarmas en quienes aún creen en el Estado de Derecho. Y es que permitir que una sentencia se base en información recolectada por vías ilegales, no es otra cosa que dinamitar los cimientos del debido proceso.
La Constitución colombiana es clara: ninguna prueba obtenida con violación del debido proceso tiene valor jurídico. Así lo dice el artículo 29. No lo dice un abogado. No lo dice un político. Lo dice la carta magna. Entonces, ¿qué justifica que los jueces, en ciertas ocasiones, decidan mirar hacia otro lado?
Se argumenta que, si la prueba no fue “determinante”, puede mantenerse el resto del proceso. Pero, ¿cómo se puede garantizar que esa contaminación no afectó toda la lógica probatoria? ¿Dónde trazamos la línea entre lo “útil” y lo “tóxico”? ¿Desde cuándo la justicia se guía por la eficacia y no por la legalidad?
Aceptar una prueba ilegal abre una puerta peligrosísima: la de la normalización de la arbitrariedad. Hoy puede ser una infracción menor al debido proceso. Mañana podría ser una confesión arrancada bajo coacción. Pasado mañana, un montaje disfrazado de verdad.
No se trata de proteger culpables. Se trata de proteger el debido proceso. Porque si el Estado puede romper las reglas para condenar a una persona que consideramos indeseable, también podrá romperlas cuando seamos nosotros los que estemos del otro lado. La justicia no puede depender del caso ni del personaje. O es justa, o no lo es.
Y lo más grave es que este fenómeno no está ocurriendo en la sombra. Está ocurriendo en público, con cobertura mediática, con aplausos en redes, como si saltarse las garantías fuera una hazaña. Como si ganar el caso justificara cualquier camino para lograrlo.
¿Dónde están los jueces con columna vertebral? ¿Dónde están los fiscales y jueces que no se dejan llevar por la presión política o mediática? ¿Dónde quedó la idea de que un proceso limpio vale más que una condena manchada?
Hoy más que nunca necesitamos una justicia valiente. Pero no valiente para condenar a cualquier costo. Valiente para decir: “esta prueba no sirve, aunque me haga más fácil el trabajo”. Porque si renunciamos a la legalidad para castigar, estamos alimentando la misma bestia que después nos devorará.
