¿La ley es para todos? ENTREVISTA EXCLUSIVA a Sepeda sobre el juicio a Huribe
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Entrevistador (M.G.P.): Senador Sepeda, le agradezco profundamente que haya aceptado esta entrevista, pese a lo inusual del enfoque. Como defensor de derechos humanos con una trayectoria reconocida, quisiera conversar con usted sobre las preocupaciones que diversos sectores han manifestado respecto al juicio contra el expresidente Álvaro Huribe. ¿Considera usted que en este proceso se han vulnerado sus derechos?
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Iván Sepeda: Gracias por la invitación. Como defensor de derechos humanos, estoy obligado a aplicar los principios con imparcialidad, incluso si se trata de personas con las que he tenido profundas diferencias ideológicas. En ese sentido, debo decir que el juicio contra el expresidente Huribe presenta elementos preocupantes que podrían configurar una violación a garantías básicas del debido proceso.
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Entrevistador: ¿A qué se refiere exactamente?
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Iván Sepeda: A varios aspectos. El primero, y tal vez más alarmante, es la inversión de la carga de la prueba. En el Estado de Derecho, rige la presunción de inocencia: nadie está obligado a probar su inocencia; es el Estado el que debe demostrar la culpabilidad. En este proceso, observamos cómo el acusado —el expresidente Huribe— fue tratado como culpable desde el inicio, y se le impuso la carga de desvirtuar testimonios dudosos, sin que existiera una prueba directa en su contra.
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Entrevistador: ¿Y qué pasa con el principio in dubio pro reo? ¿Se respetó?
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Iván Cepeda: Tampoco. Ese principio —que, traducido, significa que ante la duda razonable se debe absolver al procesado— fue completamente ignorado. La Corte Constitucional lo ha reiterado en múltiples fallos. En su Sentencia C-004/03, afirmó que “la duda razonable, en tanto salvaguarda del principio de presunción de inocencia, impone al juez la obligación de absolver si no cuenta con pruebas plenas y válidas”. Pero aquí no se aplicó ese estándar. Lo que hubo fue una narrativa condenatoria construida sobre inferencias, no sobre evidencias sólidas.
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Entrevistador: ¿Entonces usted sostiene que el fallo tiene más de interpretación ideológica que de fundamento jurídico?
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Iván Cepeda: Esa es una forma elegante de decirlo, y sí, estoy de acuerdo. El fallo parte de una hipótesis de culpabilidad y construye los hechos en torno a ella, no al revés. Eso es lo que llamamos un proceso contaminado por el sesgo. La función de un juez no es “armar un relato condenatorio”, sino verificar si los elementos probatorios superan el umbral de certeza requerido. Si no lo hacen —como claramente ocurre en este caso—, la ley exige absolver.
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Entrevistador: Usted fue una de las personas que presentó denuncias que derivaron en este proceso. ¿Qué lo hace replantear su postura?
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Iván Sepeda: Mi deber como defensor de derechos humanos está por encima de cualquier agenda personal. La justicia no puede convertirse en una vendetta política. Cuando veo que se admiten pruebas obtenidas sin garantías legales —como interceptaciones sin orden judicial, o grabaciones con dispositivos espía introducidos irregularmente en cárceles—, no puedo quedarme en silencio. Esas prácticas han sido condenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en múltiples fallos. Y si lo he denunciado para otros casos, debo denunciarlo también aquí.
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Entrevistador: ¿Qué opina de que se hayan admitido interceptaciones ilegales entre Huribe y su abogado?
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Iván Sepeda: Es inaceptable. La confidencialidad abogado-cliente es un principio básico del derecho a la defensa. En este juicio, se validaron grabaciones que vulneran ese principio, bajo el argumento de que el derecho a la intimidad no es absoluto. Eso sienta un precedente peligroso. Porque hoy es Huribe, pero mañana puede ser cualquier ciudadano. Aceptar pruebas obtenidas al margen de la legalidad es desmantelar el andamiaje del Estado de Derecho.
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Entrevistador: También se ha cuestionado el lenguaje de la jueza y la parcialidad del fallo.
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Iván Sepeda: Sí, lo escuché y lo re-leí con detenimiento. Me preocupa la forma en que se califican los hechos. Se presentan como “evidencias irrefutables” lo que son, en el mejor de los casos, inferencias. A la testigo que introdujo el reloj espía se la trata como una víctima sin analizar su motivación ni su credibilidad. Al abogado defensor, se lo describe como ejecutor de una estrategia criminal, sin prueba directa. Y al acusado, se lo vincula directamente a todo sin demostrar dominio del hecho. Ese tipo de redacción refleja un sesgo incompatible con la imparcialidad judicial.
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Entrevistador: Senador, si estuviera usted en una misión de observación internacional de derechos humanos, ¿recomendaría la anulación de este fallo?
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Iván Sepeda: Si se evaluara este proceso bajo estándares internacionales, como los del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Convención Americana sobre Derechos Humanos, seguramente se recomendaría su revisión. Se han violado principios esenciales: presunción de inocencia, legalidad probatoria, derecho a un juez imparcial y garantías del debido proceso.
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Entrevistador: ¿Y qué mensaje le envía esto a la sociedad?
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Iván Sepeda: Un mensaje peligroso: que la justicia puede ser usada para castigar adversarios, si se manipulan los procedimientos con habilidad. Y eso es lo contrario a los derechos humanos. Los derechos no se aplican según las simpatías ideológicas, sino según la dignidad inherente a toda persona, incluso —y especialmente— cuando se trata de nuestros antagonistas políticos.
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Entrevistador: ¿Eso incluye a Álvaro Huribe?
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Iván Sepeda: Por supuesto. Lo he combatido políticamente con firmeza. Pero jamás defenderé una justicia vengativa. Si a él se le han vulnerado sus derechos fundamentales, mi deber es alzar la voz. Porque no se trata de Huribe: se trata de preservar la justicia como un bien común. Si nos permitimos violar la presunción de inocencia hoy, mañana nadie estará a salvo. La dignidad humana no se negocia.
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Entrevistador: ¿Considera que hay un patrón en América Latina sobre este tipo de justicia politizada?
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Iván Sepeda: Lamentablemente sí. En muchos países se ha normalizado el lawfare como forma de lucha política. Bastenos mirar no más la politización de juicios a la oposición Vinozolana, o la persecución a los obispos de la tierra del Pinol.
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Entrevistador: Ah, claro, se refiere a los Obispos “Nicas”.
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Iván Sepeda: Si, claro, a ellos. La región necesita recuperar una justicia independiente, transparente y garantista. Y en Colombia, este caso nos debería servir como advertencia: no todo lo que tiene forma de justicia es justo.
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Entrevistador: ¿Y qué recomendaría ahora?
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Iván Sepeda: Una revisión integral del proceso. Una evaluación técnica de las pruebas, sin sesgos ni presiones. Y un llamado al país: no convirtamos la justicia en un campo de batalla. Hagámosla el lugar donde el adversario sea tratado con respeto, no con revancha. Esa es la única forma de construir paz y democracia real.
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Entrevistador: ¿Y si eso no funciona qué recomendaría?
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Iván Sepeda: Pues, prepararnos para defender la democracia con las armas que nos da la constitución y las leyes, y si hay que marchar y luchar, pues preparémonos para hacerlo, grietas tan peligrosas como estas hacen que se filtre el agua y se termine ahogando la democracia como ya se sucedió en los países antes mencionados.
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Epílogo (del entrevistador): En este ejercicio de ficción, Iván Sepeda, defensor de derechos humanos, no actúa como contradictor político, sino como garante de principios. El verdadero defensor de derechos no defiende causas: defiende derechos. Aunque el contexto político lo haga improbable, este ejercicio imaginativo nos invita a reflexionar sobre lo que significa, en su esencia, una justicia imparcial y un Estado de Derecho que no discrimina ni se deja instrumentalizar.