La bahía de Cartagena vuelve a encender las alarmas, ahora bajo un estado de emergencia declarado por la Alcaldía Mayor de la ciudad. La medida reconoce una crisis que no es nueva, pero sí cada vez más compleja. Lo preocupante no es solo la magnitud del problema, sino el dinamismo intermitente —y no sostenido— de las entidades nacionales y locales responsables de su recuperación ecológica. La bahía no puede seguir siendo atendida por enésima vez solo cuando el daño ya es inocultable. Don Dique sigue haciendo de las suyas como un niño indomable, y Doña Naturaleza sufriendo permanentemente por la influencia negativa de terceros hacia su hijo.
Durante años, el manejo de la bahía se ha reducido casi de manera exclusiva a su función como corredor de transporte e hidrovía. Puertos, calado, dragados y competitividad logística han dominado la agenda pública. En contraste, la recuperación ambiental de los ecosistemas estratégicos —manglares y arrecifes coralinos— ha quedado relegada a un segundo plano, cuando no completamente ausente. Se administra la bahía como infraestructura, no como un sistema vivo.
Ambas visiones, la económica y la ambiental, tienen algo en común: el tiempo. La naturaleza exige urgencia y continuidad; la gestión pública responde con trámites lentos y decisiones fragmentadas. Los tiempos administrativos siguen jugando en contra de la recuperación ecológica. Como si no se hubiera aprendido de experiencias pasadas, cuando los recursos y la coordinación llegaron tarde, y el problema ya era más grande, más costoso y más difícil de revertir.
Los cien años del canal del Dique no deberían asumirse como una efeméride celebratoria. Su historia está profundamente ligada a la degradación de las condiciones naturales originales de la bahía de Cartagena. Si alguien mereciera celebrar, sería la cobertura de manglar que logró sobrevivir, las islas que alguna vez fueron bosque salobre, los corales que aún resisten la sedimentación y los ecosistemas interiores que perdimos por falta de visión de largo plazo. Y de los cuales, la sociedad del común aún posee poca información, cuando esta sigue resistiéndose a ser conocida únicamente en espacios especializados.
Hoy, cuando se supone que contamos con mejores instrumentos técnicos, científicos y normativos para decidir bien, seguimos actuando sobre la consecuencia y no sobre la causa. La promoción y la prevención continúan siendo discursos, no políticas estructurales. Sé que esta opinión es "una más" de las tantas —¿o pocas?— sobre el Dique, a la que quizás y seguramente no se le preste atención. La bahía no necesita más diagnósticos tardíos, sino una acción sostenida, coordinada y valiente, que entienda que sin naturaleza sana no hay puerto, ni ciudad, ni futuro posible. Aunque mejor que todo sea decidido y planeado alrededor del funcionamiento de la naturaleza, indistintamente de la visión de gobierno que esté actualmente en el poder.
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Nota final: el pasado 12 de diciembre de 2025, la Procuraduría General de la Nación ofició a la Alcaldía Mayor de Cartagena, a la Gobernación de Bolívar, a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique y a la Dirección General Marítima solicitándoles información administrativa y técnica en alusión a este nuevo problema de la bahía. Tienen tres hábiles para responder: cinco en total, contando este fin de semana. El viejo Don Dique no puede seguir esperando más.