La imagen es elocuente: el alcalde Dumek Turbay y su comitiva caminan con casco, chaleco, lentes oscuros y sonrisas por una vía en construcción desde Loma Fresca hasta la intersección con el acceso al convento del Cerro de La Popa. Podría ser la postal de una obra pública más, si no fuera porque ese asfalto atraviesa una zona clasificada como de reserva en el POT vigente (2001) y porque su construcción se hizo sin criterios ambientales claros, sin responsabilidad frente a los impactos previsibles y sin una explicación pública seria sobre cómo se mitigarán las consecuencias. A no ser que, en estos tiempos de discusión de un nuevo POT, los encargados quieran partir sobre la base de lo que actualmente sea encontrado y evidenciado, contrario a la defensa y cuidado del patrimonio natural.
No se trata de una discusión estética ni mucho menos ideológica. Se trata de legalidad urbana, planificación territorial y responsabilidad ambiental. Construir una vía en una zona de reserva —y además de alta fragilidad ecológica y riesgo— no es un asunto menor que pueda resolverse con una inauguración y un par de fotografías oficiales. Menos aún cuando Cartagena arrastra un largo historial de urbanización informal alentada, primero, por la tolerancia institucional y, después, por la llegada selectiva de servicios públicos que terminan legitimando el loteo irregular.
Cabe suponer —al menos como acto de buena fe— que en los términos de referencia de esta obra existió un análisis de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Que hubo mapas de riesgo, estudios de impacto ambiental, escenarios de expansión urbana inducida. Pero si ese ejercicio existió, no se ha socializado, ni se reflejó en decisiones prudentes. Porque todo indica que se repite el mismo patrón: primero la vía, luego la ocupación; primero el asfalto, luego la “valorización”; primero la obra, después el problema.
La fotografía que hoy circula muestra precisamente eso: autoridades caminando por un territorio que ya ha sido advertido como crítico. No solo por columnas como “Isla Draga y La Popa: advertencias ignoradas”, publicada para El Universal, sino por académicos, líderes comunitarios y ambientalistas que, en espacios públicos y privados, han señalado los riesgos de seguir abriendo accesos en ecosistemas estratégicos del cerro de La Popa y su área de influencia.
Los problemas derivados del asfaltado de esta vía no son hipotéticos. Son previsibles y, en muchos casos, inevitables:
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Aceleración de la urbanización ilegal, al facilitar el acceso vehicular y aumentar el valor especulativo del suelo en una zona de reserva que no puede ser objeto de ninguna transacción.
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Incremento del riesgo por deslizamientos e inundaciones, al impermeabilizar el suelo y alterar los drenajes naturales.
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Pérdida de cobertura vegetal y biodiversidad, especialmente en un ecosistema ya fragmentado y presionado desde hace muchos años.
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Mayor presión sobre los servicios públicos, usados como argumento posterior para “regularizar” asentamientos en zonas no aptas.
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Precedente institucional peligroso, que debilita el POT y envía el mensaje de que la planificación puede ignorarse cuando hay rédito político o urgencia electoral. De hecho, este es el motivo de opinión pública que más gira en torno a la figura del Alcalde Mayor.
Frente a este escenario, la pregunta es inevitable: ¿qué hará ahora el Alcalde? ¿Qué hará su asesora de Asuntos Ambientales? ¿Qué medidas concretas adoptarán los directores de las entidades ambientales de la ciudad para contener la ocupación que vendrá, controlar el loteo, sancionar nuevas invasiones y restaurar los impactos ya causados?
Porque no basta con decir que la vía mejora la movilidad o la “calidad de vida”. En zonas de reserva, cada metro de asfalto es una decisión política de alto impacto ambiental. Y cuando las advertencias existen, ignorarlas no es ingenuidad: es responsabilidad.
Cartagena no necesita más obras que corran detrás del problema. Necesita gobernantes capaces de decir “no” donde el territorio lo exige, y de defender el ordenamiento ambiental incluso cuando eso no se traduce en aplausos inmediatos o comentarios positivos en redes sociales. La Popa, Isla Draga y otros ecosistemas de la ciudad ya han hablado: hasta el manglar deforestado en el caño Juan Angola, el Parque Espíritu del Manglar - contiguo a la Plaza de Variedades -, el que cubría la orilla del baluarte de Chambacú. La pregunta es si esta administración está dispuesta, por fin, a escuchar de verdad.
Adenda: pilas con el manglar ubicado en Manga sobre la ciénaga de Las Quintas y el caño Bazurto. Que no se cometa el error de destruir ese ecosistema, por el afán de cumplir concretamente con terceros.