La reciente entrega del mirador en Loma Fresca–La Popa ha sido celebrada como un avance para el turismo y la inclusión comunitaria en Cartagena, impulsada por la administración Turbay. El espacio, junto con la nueva vía de acceso y obras complementarias, ha dinamizado la vida social y la presencia de visitantes en el sector, acompañado de un refuerzo en seguridad con cámaras, CAI móviles y patrullajes permanentes, según anunció el Distrito en diálogo con la comunidad.
No obstante, la ciudad enfrenta problemas estructurales que no pueden soslayarse. Las invasiones y ocupaciones ilegales de tierras siguen siendo una preocupación de larga data en Cartagena y el departamento de Bolívar, con investigaciones y seguimiento de la Procuraduría General de la Nación por múltiples procesos disciplinarios relacionados con titulación, registro y ocupación de predios en corregimientos y áreas rurales. Esta realidad torna compleja la gestión del espacio público y la planeación de infraestructura turística como los miradores, que deben convivir con la defensa eficaz del territorio. Sobre todo, en un cerro de La Popa que es una reserva ecológica según el vigente POT de 2001.
El problema de las invasiones no se limita a espacios lejanos: audiencias públicas recientes han señalado la participación de mafias dedicadas a la ocupación ilegal y la percepción de omisiones en la respuesta de autoridades locales, incluidos inspectores de policía y entidades distritales. A nivel técnico, los planes de ordenamiento territorial y las herramientas de gestión del suelo siguen siendo insuficientes frente a la presión de ocupaciones no reguladas, lo que amenaza tanto los derechos de propietarios legítimos como la sostenibilidad de proyectos públicos.
Por todo ello, la administración Turbay tiene ante sí una doble responsabilidad: consolidar los beneficios tangibles de obras como el mirador de Loma Fresca para la comunidad y el turismo, y al mismo tiempo enfrentar con decisión la problemática de invasiones. Esto exige fortalecer mecanismos de control territorial, articular con los entes de control como la Procuraduría y desplegar acciones técnicas distritales y nacionales que garanticen la legalidad del uso del suelo. Ignorar esta realidad sería postergar la solución de un problema que hace años pesa sobre Cartagena y que condiciona su futuro urbano y social.
Solo miremos la re-invasión del sector Las Lomas en el barrio San Francisco, en donde puede haber una nueva inestabilidad con anuencia de las lluvias y en cualquier momento: esa zona debe ser totalmente vigilada - como otras - y recuperada en términos ecológicos, y la gente que aún vive allí, pues reubicada sin opción para reincidir. Tampoco es para seguir restándole más hectáreas de cobertura arbórea al cerro de La Popa y abrir opciones de servicios públicos donde no está permitido, o construir infraestructura donde tampoco es posible.
En resumen y tal como decía el abogado y ambientalista don Rafael Vergara Navarro (QEPD) cuando señalaba una verdad incómoda: la ilegalidad del suelo en Cartagena no es solo producto de la pobreza, sino de una cadena donde confluyen intereses de varios estratos, y donde el Estado - o el Distrito de Cartagena - llega tarde, mal o dividido. Esa idea sigue siendo brutalmente vigente hoy.
Fotos: El Universal y Caracol Radio.
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Maestrante en Educación
Especialista en Educación Ambiental, y en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo
Psicólogo Social