Cartagena no necesita más discursos sobre desarrollo: necesita decidir qué está dispuesta a sacrificar para sostenerlo. Durante años, la ciudad ha crecido dándole la espalda a sus propios límites ecológicos, como si el agua, los manglares y los arrecifes fueran infinitos o reemplazables. Pero no lo son, y así lo defienden quienes saben realmente de esos temas. Incluso así, hoy hablar de justicia ambiental en los términos del Acuerdo de Escazú no es una consigna ideológica, sino una urgencia práctica: sin ecosistemas funcionales, no hay turismo, no hay puerto, y tampoco no hay ciudad. Mejor dicho: Cartagena se quedará sin nada de lo que tanto promociona en el país y en el exterior. La pregunta ya no es cómo crecer más, sino cómo evitar colapsar en ese sentido.
La contaminación del agua es la expresión más evidente de ese fracaso. La bahía de Cartagena, su sistema de caños y lagos internos y la ciénaga de La Virgen han históricamente recibido vertimientos y contaminantes variados que, en la práctica, trasladan el costo del desarrollo a las comunidades más vulnerables. Como esto es un problema técnico sino una decisión política, permitir que algunos sectores operen sin asumir el costo real de su impacto es lo más grave del asunto. La justicia ambiental empieza por algo básico pero incómodo: nadie debería vivir rodeado de agua contaminada para que otros generen riqueza. Si el crecimiento depende de contaminar, entonces no es desarrollo: es deterioro administrado.
El manglar, por su parte, ha sido tratado como un estorbo urbanístico cuando en realidad es la infraestructura natural más importante de la ciudad. Protege de inundaciones, sostiene la pesca y regula el clima costero, pero se sigue talando o fragmentando para abrir espacio a proyectos de corto plazo. Algo similar ocurre con los Corales de Varadero, un ecosistema único que algunos aún ven como obstáculo, a pesar de después de 13 años de redescubrimiento y un primer artículo científico mundial publicado, y no como un activo estratégico. Destruirlo no es progreso: es hipotecar el futuro por rentas inmediatas. Hay límites que no se negocian sin consecuencias irreversibles. Además: van ocho años de dos solicitudes comunitarias para que sea declarado como área protegida, en mayo próximo se cumplirá un año de la procedencia de la consulta previa, y desde enero no se han conocido públicamente avances en la definición de la ruta metodológica. El problema de la falta de normatividad para los términos.
Si Cartagena quiere hablar en serio de desarrollo, debe invertir el orden de sus decisiones: primero el ambiente, luego el crecimiento. ¿Por qué es tan difícil de comprender? Eso implica definir zonas donde no se construye, detener intervenciones en manglares críticos y blindar ecosistemas como Varadero sin ningún tipo de ambigüedad. También exige algo más difícil: que la ciudadanía tenga poder real para incidir, no solo para opinar. La justicia ambiental no es frenar la ciudad, es evitar que se destruya a sí misma. Y esa decisión, más que técnica, es profundamente política.
Corolario: En días pasados, la Alcaldía de Cartagena anunció la construcción de un nuevo puente entre Manga y el Pie de La Popa, y no es para menos, en términos de conexión; pero esto me obliga a pensar que todas estas construcciones nuevas (Plaza de Variedades, el proyecto del Puente de Las Palmas y ahora el nuevo puente) se están planeando debido a que el "nuevo POT" aún está en discusión y sin aprobar. Por lo tanto, cualquier infraestructura que la ciudad necesita y que sacrifique sus ecosistemas, debe hacerse antes de que el POT 202X se apruebe. X, porque el lío no es ahora si contaremos con un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial o en qué año, sino que todo lo que está pasando es un claro antecedente de un ordenamiento territorial al revés.
Lo que está en juego no es solo la coherencia institucional, sino la credibilidad del modelo de ciudad. Si el POT llega después de que los manglares ya fueron intervenidos, se convierte en un documento declarativo sin capacidad real de proteger. Y en ese escenario, la justicia ambiental deja de ser una meta y pasa a ser una deuda más. No más el ejemplo de que, en el año 2024, la Alcaldía Mayor anunció que, junto con el EPA, se encargará de declarar los manglares urbanos con una figura OMEC (Otras Medidas Efectivas de Conservación). Estamos en 2026: ¿qué tanto es lo que se va a proteger, después de tantas evidencias contrarias a lo que necesitamos en realidad?
---
Maestrante en Educación
Especialista en Educación Ambiental, y en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo
Psicólogo Social
Imágenes de referencia.