De los escándalos del gobierno —del canibalismo entre altos funcionarios que se acusan y se atacan públicamente—, pasando por cuestionamientos sobre violaciones a derechos humanos y colectivos, el país asiste a una cadena de episodios que ya no sorprenden, pero sí preocupan.
Tras el hundimiento de la reforma a la salud en el Congreso de la República, el jefe de Estado, Gustavo Petro, ha optado por un camino alterno: imponer cambios a través de decretos y decisiones administrativas que, en la práctica, parecen desconocer el debate democrático. Lo que no se logró por la vía legislativa intenta abrirse paso por la vía ejecutiva.
Las intervenciones a las entidades promotoras de salud, que deberían ser mecanismos excepcionales, temporales y técnicamente justificados, han terminado pareciendo medidas de control permanente. En algunos casos, incluso, se perciben como formas de expropiación administrativa encubierta, generando incertidumbre tanto en el sistema como en los usuarios.
Pero la desfachatez alcanza otro nivel cuando se anuncian sanciones sin contexto completo. Los casos de Coosalud y Nueva EPS resultan especialmente delicados: se amenaza con la suspensión de sus licencias por deficiencias en el servicio y problemas financieros, olvidando que las entidades vienen intervenidas desde 2024. Durante ese período, la gestión de los agentes interventores ha sido objeto de cuestionamientos por parte de organismos de control, incluyendo decisiones que derivaron en la separación de algunos de ellos de sus cargos.
Surge entonces una pregunta inevitable: ¿dónde recae la responsabilidad real? ¿En la entidad intervenida o en quienes asumieron su manejo bajo la figura de intervención estatal? La respuesta no puede ser selectiva ni acomodada al discurso político.
Las decisiones adoptadas refuerzan la percepción de que el Gobierno Nacional busca imponer su modelo de salud sin la aprobación del Congreso ni de la ciudadanía. La institucionalidad, que debería ser el canal legítimo de las reformas estructurales, está siendo desplazada por decisiones unilaterales.
La arbitrariedad, el nepotismo y los constantes señalamientos de corrupción se han convertido en elementos recurrentes dentro del actual gobierno. La concentración de poder, sumada a la descalificación de quienes piensan distinto, configura un escenario peligroso para la democracia.
En un reciente fallo, el Consejo de Estado le ha hecho la advertencia al Presidente de la Republica de apegarse a la constitución, recordándole que sus funciones no le permiten sustituir al Congreso de la República en la toma de decisiones legislativas.
Gobernar no es imponer; es construir. No es ignorar las reglas del juego, sino respetarlas. Cuando el poder se ejerce desde la soberbia y no desde la responsabilidad, el riesgo no es solo político: es institucional.
Y en ese camino, quien termina pagando las consecuencias no es el gobierno, sino el país entero.