La esencia de un Estado social de derecho radica en el respeto por la Constitución, la separación de poderes, el cumplimiento de la ley y la garantía de las libertades democráticas. Sin embargo, el gobierno del presidente Gustavo Petro, lejos de representar esos principios, ha protagonizado constantes enfrentamientos con las instituciones, cuestionamientos a las decisiones judiciales y actuaciones que generan preocupación sobre el futuro de la democracia colombiana.
El voto es libre y secreto. Ese principio constituye una de las garantías fundamentales del sistema democrático. Por ello, resulta cuestionable que el presidente de la República haga pública su preferencia electoral y exhiba su voto como una forma de influencia política. Aunque cualquier ciudadano tiene derecho a expresar sus opiniones, el jefe de Estado no es un ciudadano cualquiera. Su investidura le exige prudencia, imparcialidad y respeto por el proceso electoral.
Más preocupante aún resulta el hecho de que este mismo presidente, pretenda desconocer o sembrar dudas sobre los resultados preliminares de una elección. El derecho a impugnar, controvertir o cuestionar los resultados corresponde a los candidatos y a sus organizaciones políticas dentro de los mecanismos establecidos por la ley. El presidente de la República no participa como candidato en la contienda y, por tanto, su papel debería estar orientado a garantizar la transparencia del proceso y no a alimentar sospechas o incertidumbres.
A veintiún días de las elecciones presidenciales, el ambiente político se torna cada vez más tenso. Colombia enfrenta una profunda polarización, mientras los ciudadanos observan con preocupación los mensajes provenientes del poder. Un presidente que en múltiples ocasiones ha desconocido decisiones judiciales, ha confrontado a otras ramas del poder público y ha cuestionado el funcionamiento de las instituciones genera inquietudes legítimas sobre su compromiso con las reglas democráticas.
La democracia no consiste únicamente en ganar elecciones; también implica respetar los resultados cuando estos no favorecen los intereses propios. La alternancia en el poder es uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema democrático. Ningún gobernante puede considerarse indispensable ni pretender que el destino de una nación dependa exclusivamente de su permanencia en el poder.
Por ello, resulta inevitable que surjan temores frente a una posible crisis institucional. Las declaraciones, los mensajes y las actuaciones del gobierno han dado lugar a especulaciones sobre eventuales intentos de desconocer la voluntad popular si los resultados electorales no son favorables para el proyecto político oficialista.
Colombia necesita tranquilidad, garantías y respeto por las instituciones. Los ciudadanos merecen acudir a las urnas con la certeza de que su decisión será respetada y de que quien resulte elegido asumirá el poder de manera legítima el próximo 7 de agosto.
La democracia colombiana ha sobrevivido a la violencia, al narcotráfico, al terrorismo y a profundas crisis políticas. También debe sobrevivir a la tentación de quienes consideran que el poder les pertenece. La soberanía reside en el pueblo, y ningún proyecto político, puede estar por encima de la Constitución, la ley y la voluntad de los colombianos.