La Política Nacional de Educación Ambiental llevaba más de veinte años sin actualizarse; sin embargo, su nueva versión deja sensaciones encontradas. Que más de 12.000 personas hayan participado en su construcción y que incorpore asuntos históricamente relegados, como el cambio climático y la justicia ambiental, constituye un avance necesario para ampliar el alcance del Acuerdo de Escazú en Colombia. Eso estuvo bien. No obstante, fortalecer una política pública no debería significar eliminar herramientas previamente reconocidas desde su versión original de 2002. Se esperaba una ampliación de las oportunidades formativas, no una reducción del abanico de estrategias disponibles para los territorios y la gente. Nuevamente, los PRAE, los Proceda y los CIDEA aparecen como punta de lanza, mientras otras posibilidades quedan ausentes: reitero la necesidad de redaptar esta nueva versión a las realidades actuales.
Por otro lado, y a pocos días de las elecciones presidenciales, preocupa escuchar propuestas orientadas a reducir el tamaño del Estado sin una reflexión seria sobre sus consecuencias. ¿Alguien recuerda la experiencia del segundo gobierno de Uribe, cuando la creación del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial terminó diluyendo la capacidad de gestión ambiental en una estructura con responsabilidades excesivamente diversas? Era un ministerio donde convivían asuntos tan disímiles que la protección ambiental terminaba compitiendo con múltiples agendas ajenas a su naturaleza. Un sector históricamente débil en poder político y presupuestal, como lo ha sido el ambiental en Colombia, no puede seguir siendo objeto de experimentos administrativos cada vez que cambia el gobierno.
Por el contrario, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible debe ser fortalecido. No basta con sostener la narrativa de la protección de la vida: es indispensable aumentar su capacidad de incidencia en las decisiones estratégicas del país, dotarlo de mayores recursos y consolidar mecanismos efectivos de coordinación intersectorial. La reconstrucción de la confianza entre ciudadanía e instituciones pasa, en buena medida, por la posibilidad de participar activamente en la defensa de los bienes comunes y de los ecosistemas que sostienen nuestro futuro. Esa fortaleza institucional debe ser permanente y no depender de los ciclos políticos. Por ello, este columnista se declara abiertamente en contra de cualquier propuesta presidencial que implique debilitar al Ministerio, reducir su capacidad de acción o desnaturalizar su misión mediante la asignación de funciones ajenas a su propósito fundamental: liderar la gestión ambiental y garantizar la protección del patrimonio natural de la Nación.
También es momento de revisar las deudas pendientes, que ya superan el lustro, en materia de conservación y manejo ambiental. Particularmente, en ecosistemas marinocosteros como los Corales de Varadero, ubicados al sur de la bahía de Cartagena. Redescubiertos para la ciencia en 2013 y con una historia ecológica de varios siglos, los procesos que adelanta Cardique continúan generando incertidumbre sobre su futuro por su lentitud. Resulta urgente avanzar en los procedimientos de consulta y concertación asociados a la propuesta de declaratoria, cuya procedencia fue reconocida hace más de un año por el Ministerio del Interior en el marco de la consulta previa.
Las políticas, las instituciones y los discursos solo adquieren sentido cuando se traducen en acciones concretas para proteger aquello que decimos valorar. Y, por cierto, en medio de tantos anuncios, reformas y reuniones de siempre, sigue faltando una respuesta fundamental: ¿dónde está el presupuesto para hacer realidad todo esto?
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Maestrante en Educación
Especialista en Educación Ambiental, y en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo
Psicólogo Social