Colombia está ante una decisión histórica que no puede sufrir ninguna reversa. El proyecto de ley que crea la carrera administrativa para el cuerpo de guardaparques de Parques Nacionales Naturales (PNN) no solo fortalecerá una institución pública: reconocerá que quienes custodian nuestros ecosistemas son actores estratégicos para la conservación de la biodiversidad y para la protección del patrimonio biocultural de todos los colombianos. Su oportuna aprobación por parte del Congreso de la República representa un compromiso con el mérito, la profesionalización y la dignidad laboral de los más de 1700 servidores públicos de PNN, además de la conservación efectiva de las áreas protegidas marinas, marinocosteras y terrestres del país. Espero que así sea.
Las áreas protegidas son mucho más que paisajes de extraordinaria belleza, o lugares para un escape a lo cotidiano. Allí nacen fuentes hídricas, se conserva la biodiversidad, se regula el clima y se garantiza la supervivencia de innumerables especies y comunidades humanas. Los guardaparques nunca la han tenido fácil: ellos cumplen esa misión en territorios de difícil acceso, enfrentan riesgos ambientales, geográficos y, en muchos casos, amenazas derivadas del conflicto armado y de las economías ilegales. Muchos han sido asesinados en las últimas décadas, y su defensa solo es un discurso hecho casi que a filigrana y un uniforme con camisa azul que, de por sí, es sinónimo de orgullo. Dicho proyecto de ley reconoce esa realidad y busca mejores condiciones laborales, formación especializada y mecanismos de protección acordes con la responsabilidad que esos héroes y heroínas asumen diariamente.
Por ello, el próximo gobierno del presidente electo De La Espriella (y todos los próximos gobiernos), cualquiera que sea su orientación política, debería respaldar no solo los acuerdos alcanzados por el Congreso, sino también impulsar con decisión la implementación de esta ley. La protección del patrimonio biocultural no puede depender de los cambios de gobierno ni de las diferencias ideológicas. La naturaleza no entiende de agendas políticas, pero sí resiente la ausencia de políticas de Estado y de acciones con celeridad y constancia. Fortalecer institucionalmente a los guardaparques significa fortalecer la presencia legítima del Estado en territorios donde, en muchos casos, ellos son la única autoridad pública permanente. También significa garantizar la continuidad de una política indispensable para el presente y el futuro ambiental de Colombia.
Me uno a quienes, desde distintos sectores del país, han insistido desde hace muchos años en una exigencia elemental: los guardaparques deben quedar definitivamente por fuera del conflicto armado, sin importar quiénes sean sus protagonistas ni los nombres que adopten las organizaciones ilegales. Así como la sociedad protege y respeta a los maestros, al personal de salud, a quienes atienden desastres y a otros servidores cuya labor resulta esencial para la vida colectiva, los guardaparques también merecen ese reconocimiento. Deben ser respetados por todos los actores, sin excepción. Ellos no representan intereses particulares; representan el derecho de las generaciones presentes y futuras a heredar un país que conserve su riqueza natural. Defender a los guardaparques es, en última instancia, defender a Colombia. Y sobre todo, ante una sociedad internacional y científica que reconoce su grata biodiversidad única para la humanidad.
Foto: PNN.
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Maestrante en Educación
Especialista en Educación Ambiental, y en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo
Psicólogo Social