LA PROCURADURÍA NO DEBE DESAPARECER: DEBE DEJAR DE SER ESPECTADORA DEL PODER

La propuesta de eliminar la Procuraduría General de la Nación parte de un diagnóstico equivocado. El problema de Colombia no es la existencia de los organismos de control; el verdadero problema es que muchos de ellos han perdido la independencia, la firmeza y la capacidad de ejercer el control que la Constitución les confirió.

En una democracia, los contrapesos institucionales no son un lujo: son una necesidad. Cuando los organismos de control dejan de ejercer vigilancia sobre el poder, el equilibrio democrático se debilita y los ciudadanos quedan sin una defensa efectiva frente a los abusos del Estado.

Por eso, no comparto la idea de acabar con la Procuraduría. Lo que el país necesita es una transformación profunda, sustancial y estructural. No basta con cambiar un logo, remodelar las instalaciones o modificar la imagen institucional. La Procuraduría no puede seguir siendo una institución pintada en la pared. Debe recuperar el liderazgo constitucional del Ministerio Público y convertirse nuevamente en un verdadero garante de la legalidad, la moralidad administrativa y los derechos de los ciudadanos.

El primer gran cambio debe ser el mecanismo de elección del Procurador General. Mientras su designación continúe dependiendo de acuerdos políticos, siempre existirá la percepción de falta de independencia. Colombia necesita un Procurador cuya única lealtad sea con la Constitución y la ley, no con quienes hicieron posible su elección.

El segundo cambio debe ser fortalecer de manera decidida la función preventiva. La Procuraduría debe dejar de actuar únicamente cuando el daño ya está consumado. Debe tener herramientas jurídicas más eficaces para intervenir oportunamente, suspender procesos de contratación cuando existan riesgos ciertos de corrupción, exigir correctivos inmediatos y proteger los recursos públicos antes de que sean afectados.

La verdadera lucha contra la corrupción no comienza con una sanción disciplinaria. Comienza cuando las instituciones son capaces de impedir que la corrupción ocurra. Cada funcionario sancionado representa, en cierta medida, el fracaso de la función preventiva. Investigar y sancionar seguirá siendo indispensable, pero una Procuraduría moderna debe medir su éxito por los actos de corrupción que logra evitar y no únicamente por los expedientes que logra cerrar.

Precisamente esa debilidad institucional quedó en evidencia durante el más reciente proceso electoral. En mi opinión, el Presidente de la República desbordó los límites que la Constitución impone al ejercicio de su cargo y terminó actuando como el principal jefe de campaña de la candidatura de Iván Cepeda. Paralelamente, numerosos ministerios y entidades del Gobierno asumieron, también en mi criterio, un papel activo en la promoción de ese proyecto político, como si cada ministro se hubiera convertido en jefe de debate de la campaña oficialista.

A ello se sumaron denuncias y cuestionamientos públicos sobre presiones ejercidas en distintos niveles de la administración para favorecer esa estrategia política. En un escenario de esa magnitud, el país esperaba una Procuraduría firme, independiente y decidida a ejercer el control que le corresponde.

Sin embargo, la respuesta institucional fue insuficiente. Las interpretaciones jurídicas adoptadas por la Procuraduría fueron percibidas por amplios sectores como una flexibilización de los límites constitucionales sobre la intervención en política de los servidores públicos. En lugar de enviar un mensaje claro de defensa de la imparcialidad del Estado, dejó la impresión de tolerar conductas que exigían un control mucho más riguroso.

Una Procuraduría no puede convertirse en espectadora cuando el poder desborda los límites constitucionales. Su deber es controlar, prevenir, advertir y actuar, sin importar quién gobierne ni cuál sea su orientación política. La independencia del Ministerio Público se demuestra cuando tiene la capacidad de decirle "no" al poder, incluso cuando ello resulte incómodo.

El país no necesita una Procuraduría más grande. Necesita una Procuraduría con verdadera independencia, con mayor capacidad preventiva, con herramientas eficaces para proteger el patrimonio público y con la autoridad moral e institucional para ejercer control sobre todos los poderes del Estado.

Eliminar la Procuraduría sería debilitar la democracia. Transformarla para que deje de ser espectadora del poder y vuelva a ser un auténtico contrapeso institucional es el verdadero desafío que Colombia debe asumir.