Imagine por un momento que Jay Gatsby organiza una de sus célebres fiestas en Colombia. Los invitados llegan guiados por una aplicación, piden el licor mediante otra, escogen la música con un algoritmo, transmiten el baile por una red social y pagan utilizando una llave digital. Antes del primer brindis ya se han producido cientos de operaciones, miles de datos y una cantidad considerable de información sobre los gustos, los ingresos y los hábitos de cada asistente.
Todos reciben algo. El restaurante realiza una venta; el domiciliario obtiene un ingreso; el invitado disfruta la comodidad; el Estado recauda algunos impuestos. Pero la plataforma obtiene mucho más: cobra una comisión, controla el acceso al consumidor y conserva la información que permitirá predecir la siguiente compra. Al terminar la noche, el empresario colombiano deberá atender el IVA, las retenciones, el ICA, la nómina y algún formulario cuyo instructivo, con suerte, seguirá vigente al amanecer. El algoritmo, por su parte, se habrá quedado con el activo más valioso de la fiesta: el conocimiento de los invitados.
Surge entonces la pregunta que atraviesa nuestra época: ¿quién paga la fiesta y quién se queda con la mansión?
El gran Gatsby, de F. Scott Fitzgerald, no es, en esencia, una novela sobre fiestas, champaña o automóviles deslumbrantes. Es una obra sobre el poder, las fronteras invisibles de la riqueza y la ingenua creencia de que el dinero puede comprar la pertenencia. Gatsby posee una fortuna, pero no controla las reglas del mundo al que desea ingresar. Desde su jardín observa una luz verde al otro lado de la bahía y confunde la posibilidad de verla con la capacidad de alcanzarla.
Casi un siglo después, Yanis Varoufakis plantea en Tecnofeudalismo que el capitalismo está siendo desplazado por una nueva estructura de poder. Los grandes propietarios de plataformas digitales ya no se limitan a vender productos o competir dentro de los mercados: en muchos casos, controlan el espacio donde el mercado existe. El señor feudal era dueño de la tierra; el nuevo señor digital es dueño del camino que conduce al cliente. El castillo ya no tiene murallas ni puente levadizo: tiene contraseñas, algoritmos y unas condiciones de uso que casi nadie lee, pero que todos aceptamos con admirable entusiasmo.
Desde Adam Smith, la economía distingue entre salarios, utilidades y rentas. El salario remunera el trabajo; la utilidad recompensa, al menos en teoría, el riesgo empresarial; la renta se obtiene por controlar un recurso escaso. Varoufakis advierte que esa renta ha ascendido a la nube. Allí, quien controla la plataforma puede cobrar por entrar, por vender, por ser visible y, en ocasiones, hasta por recuperar la atención de los clientes que el propio empresario ayudó a atraer.
Se puede discrepar de Varoufakis cuando declara la muerte del capitalismo. Lo que resulta difícil negar es que la arquitectura del poder económico ha cambiado. Hoy una plataforma puede ordenar los productos, modificar las condiciones de acceso, determinar quién aparece primero y decidir, mediante un ajuste del algoritmo, si un negocio gana visibilidad o desaparece silenciosamente del mapa comercial. El empresario conserva la mercancía, pero no necesariamente la relación con el cliente. Trabaja dentro de una plaza que parece pública, aunque tenga propietario privado.
Colombia enfrenta esta transformación desde una realidad macroeconómica llena de contrastes. Durante el primer trimestre de 2026, la economía creció 2,2 % y la tasa nacional de desempleo descendió al 8 % en mayo. Son señales favorables y sería intelectualmente deshonesto desconocerlas. Sin embargo, la inflación anual llegó al 6,14 % en junio, la tasa de interés del Banco de la República se encuentra en 12 %, más de la mitad de los trabajadores continúa en la informalidad y el déficit del Gobierno Nacional Central se proyecta en 5,3 % del PIB.
No estamos ante el apocalipsis que algunos anuncian ni frente a la bonanza que otros celebran. El motor sigue encendido, pero varias luces del tablero exigen atención. El crecimiento sin suficiente productividad puede resultar efímero; el empleo sin formalidad es vulnerable; el consumo financiado con crédito costoso tiene límites; y una política social sin respaldo fiscal termina convirtiéndose en una promesa pagada por las generaciones siguientes.
En materia tributaria, la paradoja es todavía más evidente. De acuerdo con la medición internacional más reciente, los ingresos tributarios de Colombia representaron el 19,9 % del PIB en 2024, por debajo del promedio latinoamericano y muy lejos del promedio de los países de la OCDE. Pero, al mismo tiempo, las empresas y personas que operan formalmente soportan cargas elevadas, trámites repetitivos y reglas que cambian con excesiva frecuencia.
Las dos afirmaciones pueden ser ciertas: Colombia recauda poco y cobra demasiado a quienes ya tiene identificados. No es una contradicción; es el resultado de una economía con alta informalidad, una base tributaria estrecha, numerosos tratamientos especiales y una arraigada costumbre de resolver cada dificultad fiscal mediante una nueva reforma. Nuestro Estatuto Tributario se parece cada vez más a una serie de larga duración: cada temporada promete el desenlace definitivo, incorpora nuevos personajes y deja suficientes asuntos pendientes para garantizar la siguiente.
El Marco Fiscal de Mediano Plazo estimó que, en 2024, el costo de los beneficios y tratamientos especiales en renta e IVA ascendió a $153,2 billones, equivalentes al 8,9 % del PIB. Conviene precisar que no todo ese valor puede ni debe convertirse automáticamente en recaudo. Algunas exclusiones protegen productos esenciales, desarrollan derechos sociales o cumplen objetivos económicos razonables.
Sin perjuicio de ello, todo beneficio tributario debería responder cuatro preguntas elementales: ¿a quién beneficia?, ¿qué resultado produce?, ¿cuánto le cuesta al país? y ¿hasta cuándo debe existir? Una excepción que no puede responderlas deja de ser un instrumento de política pública y comienza a parecerse demasiado a un privilegio con membrete oficial.
En la economía digital, Colombia ha dado pasos importantes. El IVA sobre ciertos servicios prestados desde el exterior y la tributación por presencia económica significativa reconocen que una compañía puede participar activamente en nuestro mercado sin instalar una oficina en el país. Es un avance necesario: la economía pasó del ladrillo al clic y la legislación tributaria tenía que seguirla.
Pero cobrar IVA sobre una suscripción digital —impuesto que normalmente termina pagando el consumidor— no equivale a gravar adecuadamente la renta de quien controla la plataforma. El verdadero desafío consiste en identificar dónde se crea el valor. Una parte nace del algoritmo, pero otra proviene de los datos aportados por los usuarios, de los productos ofrecidos por los comerciantes, del trabajo de los repartidores y de la confianza del mercado colombiano. Si todos contribuyen a construir el negocio, no resulta razonable que la obligación tributaria recaiga principalmente sobre los actores locales que pueden ser vistos, registrados y fiscalizados con mayor facilidad.
Esta no es una discusión contra la tecnología ni contra la empresa. Una sociedad que castiga la innovación termina administrando su propia decadencia. Pero una sociedad que confunde innovación con poder ilimitado termina entregando su mercado a nuevos monopolios. La política pública debe distinguir entre la utilidad legítima de quien invierte, crea empleo y asume riesgos, y la renta extraordinaria de quien controla una infraestructura digital de la cual los demás dependen.
A quienes diseñan la política pública les corresponde abandonar la costumbre de legislar mirando únicamente el retrovisor. Colombia necesita un pacto fiscal de largo plazo, no una reforma tributaria por temporada. Ese acuerdo debe ampliar la base, simplificar las reglas, fortalecer la lucha contra la evasión y hacer efectiva la tributación de las actividades digitales, pero también reducir gradualmente las cargas que castigan la producción, la contratación formal y la inversión.
A los empresarios les corresponde comprender que la estabilidad fiscal no es un problema exclusivo del Gobierno. Sin unas finanzas públicas sostenibles no hay crédito barato, infraestructura suficiente, seguridad jurídica ni mercado interno vigoroso. No obstante, su contribución debe producirse dentro de un sistema estable y razonable. La formalidad no puede seguir siendo una carrera de obstáculos en la que el premio por cumplir consiste en recibir una nueva obligación.
A la academia le corresponde algo más que describir el problema mediante documentos que únicamente leen otros académicos. Debe evaluar los beneficios tributarios, medir sus resultados, estudiar las nuevas formas de concentración económica y traducir la complejidad fiscal a un lenguaje que pueda ser comprendido por la ciudadanía. El conocimiento que no logra entrar en la conversación pública corre el riesgo de convertirse en una elegante forma de aislamiento.
Y a los ciudadanos nos corresponde reconocer que muchas aplicaciones aparentemente gratuitas se pagan con atención, información y capacidad de elección. Cada búsqueda, compra o desplazamiento alimenta sistemas que aprenden de nosotros. Los datos no son un residuo sin valor de la vida digital; son uno de los recursos económicos más importantes de nuestro tiempo. Por eso, hablar de competencia, protección de datos e interoperabilidad también es hablar de democracia y soberanía.
El nuevo pacto fiscal debe comenzar por una idea sencilla: más personas y empresas pagando contribuciones razonables es mejor que los mismos contribuyentes pagando cantidades heroicas. Formalizar no significa perseguir al pequeño comerciante, sino ofrecerle reglas comprensibles, costos proporcionales, acceso gradual a la seguridad social, crédito y beneficios públicos visibles. Nadie abandona voluntariamente la informalidad para ingresar en un laberinto.
Ese pacto también exige disciplina en el gasto. Un déficit del 5,3 % del PIB no puede enfrentarse únicamente buscando un impuesto nuevo, del mismo modo que una familia no resuelve sus finanzas cambiando de tarjeta de crédito. La evasión y el despilfarro son parientes cercanos: el primero impide que el dinero entre y el segundo consigue que desaparezca después de haber entrado. Combatir uno mientras se tolera el otro no es responsabilidad fiscal, sino contabilidad creativa con consecuencias reales.
El Estado que exige factura debe estar dispuesto a entregar resultados. La legitimidad de los impuestos no depende solamente de su legalidad, sino de que se conviertan en seguridad, educación, infraestructura, justicia y oportunidades. Cuando el ciudadano no encuentra esas respuestas, el tributo deja de percibirse como una contribución a la vida colectiva y comienza a sentirse como el valor de la entrada a una fiesta a la que nunca fue invitado.
Volvamos, entonces, a la mansión de Gatsby. Al amanecer, las luces se apagan, los músicos se marchan y alguien debe pagar la cuenta. Colombia tiene que decidir si continuará siendo solamente quien financia la celebración o si será capaz de participar en la construcción y propiedad de su futuro económico.
La DIAN no puede limitarse a ser el Nick Carraway de nuestra historia: un observador responsable que, cuando termina la fiesta, registra cuidadosamente lo ocurrido mientras sus verdaderos beneficiarios ya se han marchado. Tampoco los hacedores de política pública pueden seguir discutiendo únicamente cuánto subir una tarifa, sin preguntarse qué tipo de economía están ayudando a crear.
El liderazgo que Colombia necesita debe premiar a quien produce, facilitar la formalidad, cobrar justamente a quien extrae valor del mercado y gastar con la prudencia de quien administra recursos que pertenecen a todos. Debe ser favorable a la empresa y a la tecnología, pero contrario al privilegio y a la extracción improductiva de rentas; ambicioso en sus objetivos sociales, pero riguroso en sus cuentas.
Nuestra luz verde no está al otro lado de la bahía. Está en una economía productiva, formal, innovadora y socialmente legítima. Alcanzarla dependerá de que dejemos de cobrar siempre a los mismos invitados y comencemos a preguntarnos, con serenidad pero también con firmeza, quién paga la fiesta y quién se está quedando con la mansión.
Felipe Lozano Rodríguez
Contador público, magíster en Asuntos Internacionales y profesor universitario