No se sabe quién tiene la razón o al menos no se ponen de acuerdo la Contraloría General de la República ni el gobierno nacional, esta vez representado por el ministro del Interior, Fernando Carrillo Flórez, respecto de la suspensión que procede contra el alcalde Campo Elías Terán pedida por la Contraloría el 30 de octubre del año pasado en la resolución 0057.
La suspensión obedece a la investigación que adelanta el ente de control por la contratación con Chemical y afecta a tres funcionarios más del Distrito, entre ellos a la secretaria de Educación, Rosario Ricardo Bray.
El pasado 28 de enero de 2013, la contralora Sandra Morelli Rico aclaró que la suspensión se haría efectiva una vez termine la incapacidad médica de Terán Dix; así también lo señala el decreto 2248 del 31 de octubre de 2012 que también encarga a Bruce Mac Master en la Alcaldía de Cartagena.
El decreto en mención suspende a Campo Elías Terán. Más adelante, el decreto 2327 del 13 de noviembre de 2013 designaría a Carlos Otero Gerdts “mientas dura la suspensión” de Campo Elías Terán. Varios sectores han criticado la designación de Otero en el sentido en que no hay claridad sobre si la suspensión se podía hacer efectiva estando Terán Dix incapacitado, ya que en ese tiempo la oficina de Talento Humano remitió al Concejo Distrital otra incapacidad dada por Nueva EPS con vigencia desde el 1 de noviembre hasta el 15 de enero, prorrogable por 46 días más.
Consultado por esas dudas, el ministro del Interior, Fernando Carrillo, respondió el 28 de diciembre de 2012 que esas confusiones resultan de “un problema de sucesión de hechos en el tiempo” y que el punto de partida de todo es la decisión de la Contraloría. Sin restar mérito a la sinceridad de Carrillo Flórez al admitir que no había claridad en la sucesión de los hechos, cabe cuestionar por qué se tomó una decisión tan importante, como la designación de un alcalde en Cartagena, sin tener esa certeza.
El Mininterior ha sostenido que la suspensión sí se hizo efectiva el 1 de noviembre, y lo hace un par de días después de que un vocero de la Contraloría dijera a El Universal que el mandatario no estaba suspendido actualmente. Según una publicación de Caracol Radio, el ministro explicó que la actuación del gobierno al ejecutar la sanción de la Contraloría buscaba “evitar un vacío de poder”.
Pero, ¿quién tiene la razón? ¿La contralora general, que es quien ordena al gobierno suspender a Terán Dix, o el ministro del Interior, que en este caso recibe esa orden del ente de control? En todo caso, es la hora de la defensa de Terán Dix y su abogado, Abelardo de la Espriella, ha interpuesto una tutela que busca dejar sin efecto la resolución de suspensión de la Contraloría por “violación al debido proceso, al derecho de elegir y ser elegido, entre otros”.
