EL LIBRO BLANCO QUE HA PUESTO EN JAQUE A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
El Libro Blanco presentado por el presidente Abelardo de la Espriella no solo reúne 82 casos y hallazgos sobre presuntas irregularidades durante el Gobierno de Gustavo Petro. También devela algo igualmente grave: la inoperancia de la función preventiva de la Procuraduría General de la Nación.
Buena parte de los hechos denunciados no estaba escondida en archivos secretos. El periodismo los publicaba, los ciudadanos reclamaban, los congresistas denunciaban y los organismos de control conocían las alertas.
Se hablaba de los recursos de la UNGRD, la intervención de Air-e, el Fondo para la Igualdad y la Equidad, la contratación masiva por prestación de servicios, los contratos preelectorales y las decisiones adoptadas al final del gobierno.
¿Dónde estaba la Procuraduría?
Estaba allí: solicitando informes, visitando entidades, convocando mesas, expidiendo comunicados y lanzando advertencias.
“Hay riesgo de que se pierdan los recursos”.
Y los recursos se perdían.
“No están llegando las ayudas”.
Y las ayudas no llegaban.
“La intervención no tiene un plan estructurado”.
Y las pérdidas continuaban.
La Procuraduría veía, advertía y dejaba constancia. Pero no pasaba nada.
La notaría de la corrupción
La Procuraduría terminó desempeñando, en varios casos, el papel de notaría de la corrupción: daba fe de que el riesgo existía, certificaba que las cosas se estaban haciendo mal y archivaba sus advertencias mientras el daño continuaba.
No se trata de afirmar que participó en la corrupción. Se trata de algo institucionalmente diferente, pero profundamente grave: su función preventiva no demostró capacidad para impedir el daño.
Prevenir no es publicar un boletín para decir después: “Nosotros habíamos advertido”.
Prevenir es conseguir que se corrija la actuación, se suspenda el pago cuestionado, se modifique el proceso contractual, se protejan las pruebas y se activen oportunamente las acciones disciplinarias, fiscales y penales.
Si una advertencia es ignorada, la Procuraduría debe escalar su intervención. Cuando se limita a producir una segunda advertencia, no está evitando el daño: está narrándolo.
El Libro Blanco también examina a la Procuraduría
Gregorio Eljach recibió solemnemente el Libro Blanco y anunció que se abrirán los procesos necesarios. Pero varios de esos hechos ya eran conocidos por su entidad.
Por eso, el documento no puede considerarse únicamente una denuncia contra el Gobierno Petro. También constituye un examen a la Procuraduría.
Eljach debe decir cuántos de los 82 casos conocía, desde cuándo, qué recomendaciones impartió, cuáles fueron desatendidas, qué hizo cuando las ignoraron y cuánto dinero protegió efectivamente.
Tampoco basta afirmar que la Procuraduría evitó contratos por aproximadamente $5 billones al final del gobierno. Deben conocerse las entidades, los procesos, los valores, los riesgos detectados y los contratos suspendidos, cancelados o modificados.
Sin esa trazabilidad, la cifra es apenas otra declaración institucional.
La súbita narrativa de la Paz Electoral
Ante estos cuestionamientos, el procurador presenta la Paz Electoral como una de las grandes conquistas de su administración. Incluso afirmó que “no iban a haber elecciones” y que la actuación de la Procuraduría permitió cumplir el calendario.
La afirmación es demasiado grave para dejarla sin explicación.
¿Quién decidió que no habría elecciones? ¿Qué plan existía? ¿Qué pruebas recibió la Procuraduría? ¿Cuándo las conoció? ¿Por qué no denunció oportunamente semejante amenaza?
Colombia enfrentó polarización, desinformación, riesgos de seguridad, intervención política de servidores públicos y posteriores cuestionamientos de Gustavo Petro contra los resultados. Todo ello justificaba una vigilancia especial.
Pero también existía una democracia fuerte, con Registraduría, autoridades electorales, jueces, partidos políticos, Fuerza Pública, medios de comunicación y millones de ciudadanos dispuestos a votar.
Si hubo una conspiración real para cancelar las elecciones, Eljach debe presentar las pruebas. Si no las presenta, su afirmación parecerá un sofisma de distracción: una narrativa heroica construida después para desviar la atención del fracaso preventivo que revela el Libro Blanco.
La democracia también se defiende cuidando la plata
La Paz Electoral era importante, pero no era la única responsabilidad de la Procuraduría.
La democracia no se protege solamente instalando urnas. También se defiende evitando que la corrupción se lleve los recursos destinados al agua, la energía, las emergencias, la salud, la educación y las poblaciones vulnerables.
Cada peso perdido deteriora la confianza ciudadana. Cada contrato direccionado debilita las instituciones. Cada advertencia ignorada alimenta la impunidad. Cada recurso que no llega a su beneficiario constituye también una agresión contra la democracia.
La Procuraduría es una institución integral. No puede exhibir un resultado electoral para compensar su falta de resultados preventivos.
Acompañar las elecciones no explica qué ocurrió con la UNGRD.
Defender las urnas no responde por los contratos cuestionados.
Vigilar la participación política de los funcionarios no exonera a la Procuraduría de proteger el patrimonio público.
El procurador no puede esconder 82 casos detrás de una urna.
Razón tienen quienes exigen respuestas
Daniel Briceño cuestionó que Eljach hubiera guardado silencio y solo después afirmara que las elecciones no iban a realizarse. La pregunta es válida: si conocía una amenaza de semejante magnitud, debía denunciarla cuando estaba ocurriendo, no revelarla después de que el supuesto peligro hubiera desaparecido.
También debe abrirse el debate planteado por Rafael Nieto Loaiza sobre el futuro de la Procuraduría. Colombia debe decidir si conserva una institución con verdaderas capacidades preventivas y disciplinarias o mantiene una estructura enorme que advierte, comunica y documenta, pero no consigue impedir el daño.
No se trata de acabarla por impulso ni de otorgarle poderes ilimitados. Se requiere una reforma profunda que revise sus competencias, elimine duplicidades, mida resultados y garantice independencia.
También debe revisarse la forma de elegir al procurador.
Actualmente, el Senado lo escoge de una terna integrada por candidatos del presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. El sistema convierte la elección en una negociación política y deja al elegido dependiendo de los mismos poderes y partidos que deberá vigilar.
Una Procuraduría independiente no puede nacer de acuerdos burocráticos o mayorías políticas circunstanciales.
El otro libro blanco
Gregorio Eljach dirigió la Procuraduría durante aproximadamente 19 meses del Gobierno Petro. No puede atribuírsele todo lo ocurrido durante cuatro años, pero sí debe responder por los riesgos que conoció desde enero de 2025 y que continuaron hasta el cambio de gobierno.
Ahora que recibió el Libro Blanco, debe presentar el suyo: el de las advertencias atendidas y desatendidas, los contratos corregidos, los pagos suspendidos, las investigaciones iniciadas y los recursos realmente protegidos.
El país no necesita una Procuraduría que llegue después a recoger la leche derramada, fotografiar el vaso roto y certificar que había advertido que podía caerse.
Necesita una institución que evite que el vaso caiga.
Porque si la Procuraduría solamente ve, advierte y deja constancia mientras la corrupción continúa rampante, entonces no está previniendo.
Está autenticando el desastre.