Antes, llegar a ser alcalde nombrado por el gobernador o el presidente era un privilegio, para él y su entorno familiar, es la distinción pública de una persona. Esto fue eliminado con la elección popular de alcaldes y gobernadores, a través del acto legislativo 01 de 1986, aunque sigue la misma conducta en las élites del poder local. Habrá pocas excepciones en algunas regiones, pero, lo normal es que siempre vemos los mismos con las mismas, con indumentarias nuevas y únicas, que al descubrirse muy pronto en cuerpo ajeno, conocemos los verdaderos gobernantes. Esto en Colombia y, me atrevería afirmar a nivel global, es la tendencia en la política moderna, contemporánea, entre comillas, sobre todo en los países subdesarrollados -Los que gobiernan no son los que mandan-
A qué juegan los alcaldes cuando afirman que sus políticas públicas van dirigidas al desarrollo de las comunidades, al bienestar de la gente y, hacen todo lo contrario cuando han llegado al poder. Las deficiencias de infraestructura de todo tipo en los barrios son notorias, ejemplos: calles, escuelas, centro de salud, iluminación, seguridad, movilidad, etc. y, si las comunidades ven que invierten, lo miran como un buen alcalde, que, gracias a él, mejora su bienestar, perdiendo de vista que esa son sus funciones principales y, los alcaldes lo saben, solucionar las necesidades de las comunidades. Es constitucional, es el mandato de la ley.
Así las cosas, es de una alta responsabilidad moral, ética, política y social ser alcalde. Mejor dicho, más claramente, deben ser ejemplo en la sociedad. Es lo más cercano del pueblo. Pero, lo convirtieron en un juego disfrazado de democracia, de participación social y comunitaria, de descentralización y, show mediático con paños de agua tibia, ante los problemas estructurales que arrastran los municipios. Este juego no puede seguir siendo mostrado como logros de gestión, sino que hacen parte de la hoja de ruta de los gobiernos locales. Son obligaciones constitucionales, sin embargo, amplifican el poder, el mandato, con otras connotaciones que confunden y conquistan a la ciudadanía.
Ahora las estrategias son variadas y diversas, comparadas cuando los alcaldes y gobernadores eran nombrados. Acentuar la pobreza y desigualdades sociales como caldo de cultivo para seguir con el poder. Acumular riquezas que permita doblegar cualquier investigación. Apoderarse, sin escrúpulos, de los medios de comunicación, hablado, escrito y televisivo. Acercarse siempre a los poderes económicos. Acallar los líderes sociales y, que se conviertan en multiplicadores de la buena imagen del alcalde. Atragantar de contratos y nombramientos a los que por ley deben hacer control político. Así opera el poder. Nadie se escapa de los tentáculos o pinzas de ser enganchado en ese círculo virtuoso de mandar, de gobernar; sin importar las cualidades y calidades personales del gobernante.
Al parecer, los alcaldes perdieron el rumbo para lo que fueron elegidos. Aparentemente tienen su propio norte, esquilmar lo que más se pueda, los recursos del erario. Su principal función es prestar y garantizar los servicios públicos básicos a sus ciudadanos. Y, precisamente, es lo que menos hacen. Se les ha olvidado que ser alcalde es lo más cercano del desarrollo local, es él el que invierte los recursos públicos en el territorio. Y los manuales de gobernanza están diciendo que, existen tres ámbitos, el gobierno local, el sector privado y la sociedad civil, por lo tanto, no puede existir favorecimiento hacia ninguno, craso error de gobernabilidad y perdida de confianza. Los tres deben estar en completa armonía para que pueda existir un verdadero desarrollo, lo demás, es seguir meándose fuera del tiesto como cuando eran nombrados por el gobernador o el presidente, donde los alcaldes hacían los que le diera la gana, se creían reyezuelos, que hasta ellos mismos manejaban las chequeras del municipio y, peor aún, le pagaban al que le convenía, y el que no aceptaba las condiciones tenía que esperar el próximo gobierno.
P.D: La revocatoria del mandato a alcaldes y gobernadores en Colombia fue establecida en la constitución de 1991 y reglamentada en 1994 a través de las leyes 131 y 134. En 2018, 27 años después se presentó la primera revocatoria de un alcalde en Tasco, Boyacá.