Estos fondos fueron creados originalmente por el gobierno nacional a través del Estatuto Orgánico de Bogotá, decreto ley 1421 de 1993, exactamente en el gobierno de Cesar Gaviria, y dos años después de haber sido promulgada la constitución de 1991. Posteriormente, el Consejo de Estado consideró que iba en dirección de la descentralización y le dieron la potestad a los concejos distritales para que pudieran crearlos en sus regiones, Bogotá fue quien creo los primeros fondos de desarrollo local, FDL. En resumen, de aquí se fue configurando la ley 1617 de 2013 o ley de distritos, actualmente vigente.
En Cartagena crearon aparentemente los Fondos de Desarrollo Local, mejor, nunca ha sido creados por el Concejo distrital a iniciativa del alcalde, sólo aparecen en el presupuesto como una cuenta normal de inversiones en las tres localidades. Pero, sin autonomía patrimonial y personería jurídica para que fueran autónomos y administrados por los alcaldes menores, como ente descentralizado. Y coadministrados por los ediles. Sin embargo, los alcaldes de turno definían y apropiaban los recursos de acuerdo a sus intereses y, se perdía la esencia para lo que fueron creados. Y algo peor, no han cumplido con lo que dicta la ley 1617 de 2013 en sus artículos 61, 64 y el decreto reglamentario 2388 de 2015, sobre el porcentaje correspondiente del 10% como mínimo del presupuesto de ingresos corrientes del distrito para los fondos.
Ya se volvió costumbre en Cortegana que, repetimos las cosas que hacen en Bogotá, pero siempre con la intención de hacerle esguince a las normas o leyes. Desde el año 2013 que fueron creados los FDL, sigla de los fondos, hasta este año, septiembre 2026, que un fallo del Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó al alcalde cumplir con la ley 1617 de 2013, gracias a una acción de cumplimiento instaurada por un edil de la localidad dos de nombre Juan Carlos Molina Ramos, además como presidente de ASOJAL. Y el Tribunal le estableció plazos perentorios al distrito, 30 días para presentar la estructura administrativa, económica y jurídica de los Fondos de Desarrollo Local y, también, que el inicio del ente descentralizado comience a funcionar a partir del 1 de enero del 2027.
En Cartagena las alcaldías menores se conocen más por los escándalos de corrupción que por su función social y comunitaria para lo que fueron creadas. Las voces que se escuchan es que presentan un desorden institucional, desgreño administrativo, con el beneplácito del alcalde distrital, en algunas ocasiones y, de los ediles. Y también, que la dirigencia política tiene incidencia en la elección de las JAL, por lo tanto, hacen parte de la repartija del ponqué de las inversiones. Quizás por eso, los alcaldes tomaron la discrecionalidad de manejarlos ellos mimos, los fondos, y no los alcaldes menores.
Y, por último, en la ejecución presupuestal de las tres localidades aparecen millones y millones de pesos invertidos en capacitación a las comunidades. Si aplicamos indicadores de gestión, no concuerdan con los resultados. Se convirtieron las alcaldías menores en otro EDURBE, que su referente es no entregar las obras terminadas. Los planes de capacitación son esenciales para potencializar y direccionar a las comunidades en la toma de decisiones para priorizar las NBI que más les afectaban. Los pasos siguientes es realizar inversiones en los territorios y no capacitar, capacitar y seguir capacitando y las comunidades esperando soluciones.